Martínez Aguayo comparecerá ante el Alto Tribunal andaluz después de que, en la jornada de este martes, haya hecho lo propio el exconsejero de Economía Antonio Ávila, mientras que la ronda de declaraciones la continuará el próximo miércoles día 15 de abril --estaba prevista inicialmente para el día 14 pero se ha retrasado un día-- el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.

   Ávila, de su lado, ha defendido su "honestidad" y ha confiado en el archivo de la causa contra él, todo ello durante una comparecencia que se ha prolongado por espacio de poco más de dos horas y en la que el magistrado instructor Miguel Pasquau le ha expuesto los hechos que indiciariamente se le imputan y le ha dado la oportunidad de pronunciarse sobre los mismos, no acordándose medidas cautelares contra él.

   En declaraciones a los periodistas a la salida de la sede judicial, Ávila ha señalado que ha tenido "la oportunidad" de trasladar la información que se le ha solicitado y la que él mismo ha creído "oportuna" y se ha mostrado satisfecho de haber comparecido de forma voluntaria. Según Ávila, lo ha hecho con el fin de "seguir siendo" lo que ha sido "toda" su vida, que es "un trabajador, un funcionario público".

   "He tenido la oportunidad de expresarme y de hacer referencia a todo lo que considero que se está planteando que no es correcto desde mi punto de vista y que no se atiene a la verdad", ha señalado el exconsejero, que ha dicho estar "tranquilo" con su declaración.

   Preguntado por si confía en el archivo, ha indicado: "Uno siempre tiene la confianza cuando tiene la certeza de que ha sido honesto, honrado y que no ha participado en ningún tipo de irregularidad, yo tengo la confianza de que todo se verá, aflorará, y será así. Esa es la confianza que tengo. ¿Cuándo? Cuando lo determine quien lo tiene que determinar, que es la justicia".

   El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, citó a estos tres aforados --todos los imputados a excepción de Manuel Recio-- "sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente", todo ello en relación al hecho de que, una vez se constituya el nuevo Parlamento andaluz este mes, dejarán de pertenecer a la Diputación Permanente y, por tanto, abandonarán su condición de aforados, por lo que podrían ya comparecer ante Alaya.

   El TSJA argumenta que, "sin perjuicio de lo que depare un análisis exhaustivo de las actuaciones cuyo testimonio se ha remitido y, en su caso, nuevas diligencias a practicar en esta sede, en vista por ahora de lo desarrollado por la magistrada en sus exposiciones razonadas --tanto la elevada al Tribunal Supremo como la elevada a esta Sala--, no puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal, en concreto, por delitos de prevaricación y malversación, a los cuatro aforados".

   Todo ello "habida cuenta de que en el ámbito de sus funciones como cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas, y excesivas comisiones a intermediarios que, por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas", sostiene el TSJA.