La acusada ha asegurado en numerosas ocasiones que los ex directores generales Carlos Madera y Alberto Pérez Cueto estaban al tanto de estas cuestiones y sabían que se estaban haciendo facturas falsas. Así, al preguntarle su abogado, José Carlos Díaz, si ella era "el fontanero administrativo de Pérez Cueto y la ex consejera de Cultura, Ana Rosa Migoya, Renedo ha indicado que "se intentaba dar apariencia de legalidad a procedimientos que no lo eran", como pagos fuera de ejercicio, reclamaciones de pagos de proveedores y demás.

   Renedo ha explicado que esas facturas falsas a través de contratos menores para obras no realizadas son facturas que no se comprueban y ha manifestado que ella seguía instrucciones de Carlos Madera y de Alberto Pérez Cueto para ponerse en contacto con proveedores para poder facturar cantidades "exentas de fiscalización". Sobre si los consejeros sabían de estas instrucciones de los directores generales ha indicado que "eso no lo puede saber".

   Ha explicado también como se adelantaba dinero por parte de las empresas llegada época de elecciones. "Se comprometían obras con las empresas y luego se vería como se abonaba con cargo al ejercicio siguiente o a finales de ejercicio", ha dicho Renedo.

   La acusada ha insistido además en que en las consejerías ningún jefe de servicio tiene capacidad para determinar que tipo de obras con ayuntamientos se deben hacer, sino que esa cuestión depende de los consejeros o directores generales.

   También ha acusado al Principado, que se persona como acusación particular, de hacer desaparecer documentación y de presentar otra falsificada, como los documentos presentados por el ex director de Modernización, Alberto Pérez Cueto. También ha manifestado que sus problemas comenzaron cuando se negó a facturar a la su empresa obras no realizadas.

   La funcionaria se enfrenta a 10 años de cárcel por delitos continuados de falsificación documental, malversación y cohecho. A Renedo se le acusa de apropiarse de 1,4 millones de euros adjudicándose contratos, con regalos y sobornos de las empresas de los también acusados Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez. La fiscalía recoge que sus delitos arrancaron en 2001 y destacan como sus métodos fueron evolucionando. Así en 2008 la acusada creó su propia sociedad, Implans Mounts, para adjudicarse a si misma hasta 38 contratos.

   Marta Renedo ha respondido únicamente a las preguntas de su letrado, José Carlos Díaz. La fiscal, Carmen Rodríguez, ha formulado las preguntas previstas a pesar de no contar con la respuesta de la acusada. Así, Rodríguez ha planteado numerosas cuestiones relacionadas con las supuestas cuentas bancarias abiertas por Renedo a nombre de terceros; la supuesta falsificación de firmas entre ellas las de ex consejeras; su participación en la adjudicación de contratos o las supuestas empresas ficticias constituidas supuestamente por la acusada y en las que, según el relato del fiscal figuran numerosos ingresos por parte de los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, también en el banquillo de los acusados.

   Fiscalía también se ha referido a una pericial aportada por la defensa de Renedo en la que, a través de un informe, "vienen a reconocer que han perjudicado indebidamente al Principado en algo más de 132.500 euros". Todas estas acusaciones han sido seguidas por la acusada que, sentada con las manos cruzadas, no ha hecho gesto alguno.

   En esa misma posición Renedo ha escuchado las preguntas formuladas por la abogada del Principado, Isabel González entre las que, al igual que la fiscal, se preguntaba por los supuestos fraudes cometidos por la acusada, entre otros por ejemplo la construcción de una piscina en su casa de Cadavedo por valor de 24.000 euros pagada por uno de los empresarios acusados. También han planteado sus preguntas los letrados del resto de las acusaciones populares, que se han quedado sin respuesta alguna.

   Por su parte, los abogados de la defensa del resto de acusados han renunciado a formular preguntas.