El ministro del Interior, Jorge Fernádnez Díaz, ha acusado este jueves a quienes dicen que el Gobierno ha cedido al chantaje de ETA en el "caso Bolinaga" de actuar "sirviendo a la estrategia" de la banda terrorista y ha calificado de "ofensivas" esas opiniones al tiempo que ha defendido la decisión de otorgarle el tercer grado al secuestrador de Ortega Lara porque otra cosa habría sido incurrir en "prevaricación". "No nos arrepentimos", ha llegado a decir.  

 "El Gobierno no actua en función de la estrategia de ETA sino en función de la Ley independientemente de lo que haga la izquierda abertzale y ETA, que hagan lo que les dé la gana y decir que hemos cedido es ofensivo y servir a la estrategia de ETA de manera consciente o inconsciente", ha aseverado el ministro durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del Ministerio.  

  Al ser preguntado por la críticas vertidas en ese sentido por las víctimas del terrorismo, Fernández ha matizado que ellas quedan "excluídas de esta consideración general" y ha dicho que este colectivo siempre va a tener su "respeto" y "entendimiento". Con estas palabras se ha referido también al ser cuestionado acerca del anuncio de varias víctimas de ETA -una de ellas del propio Bolinaga- de llevar a cabo una huelga de hambre a las puertas del Ministerio.

"LA AVT ESTABA INFORMADA"

  De hecho, ha asegurado que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) había sido informada hasta dos días antes de adoptarse la decisión de conceder el tercer grado al terrorista. Fernández Díaz se comprometió al inicio de su mandato a informar a las víctimas de las decisiones del Gobierno en materia penitenciaria cuando hiciesen referencia a presos de ETA.  

  Según ha dicho, haber tomado esta decisión les ha "dolido" y "entienden las críticas". "Pero no gobernamos con los sentimientos, gobernamos con la Ley", ha zanjado en la última intervención de una comparecencia que se ha extendido durante más de una hora y media en la que también ha sido cuestionado acerca de las críticas vertidas por su compañero de partido y antecesor en el cargo Jaime Mayo Oreja, quien acusó al Ejecutivo de fortalecer a ETA con sus decisiones.

  "No voy a polemizar con compañeros de partido pero con este procedimieto se han puesto en libertad a 23 etarras, 18 de ellos en la primera legislatura del Gobierno del PP y la circular interpretativa de Prisiones para estos casos es del año 2000, dictada por el actual secretario general de Prisiones (Ángel Yuste), que lo fue durante ocho años con el Gobierno del PP y por tanto cinco años del ministro Jaime Mayor Oreja y luego con Rajoy y luego con Acebes", ha respondido.    En ese sentido, ha defendido que en los ochos meses de su mandato han sido acercados tan sólo dos presos etarras enfermos, mientras que otros cinco en la misma situación han sido alejados así como otros 37 por razones de conducta en prisión. "Esta es la prueba del nueve", ha dicho.

 "EL TRATAMIENTO EXIGE ESTAR EN EL HOSPITAL"

  Ha defendido la legalidad de todo el procedimiento y ha explicado que el origen es un escrito emitido el pasado mes de julio por el juez de vigilancia penitenciaria pidiendo evaluar la situación de este preso que ya en el año 2005 había sido tratado de cáncer en el Hospital Donostia de San Sebastián.

   Es por ello que a pesar de que, desde 2009 cumplía condena en León, se le trasladó al mismo hospital vasco en el había sido tratado con anterioridad la descubrir en agosto que sufría metástasis. "Ahora la decisión está en manos del juez", ha querido recordar el ministro en referencia a que es el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria quien tiene que decidir sobre la libertad condicional que supondria el traslado a casa del preso.

   Sobre el papel de la Fiscalía, se ha amparado en la separación de poderes y en otro momento de su comparecencia ha dicho que el tratamiento que necesita el preso no es posible en una cárcel "porque en las prisiones hay enfermerías que son como centros de atención primaria" y ha añadido que "ese tratamiento exige estar ingresado en un hospital".