El pasado 3 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 9/2018 que, entre otras medidas, ampliaba los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género ya que los informes de los servicios sociales también serán válidos para ello. También modificaba el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales.

Para Foro de la Familia, el Gobierno con esta iniciativa intenta "pasar por encima de la Constitución en forma y fondo" y provoca que las medidas para agilizar la lucha contra la violencia contra la mujer "se paralicen por la multitud de juicios que van a traer".

A juicio del presidente de esta entidad, las medidas "debilitan la patria potestad" y "convertirán la vida familiar en un juicio continuo, además de vulnerar de forma y fondo la Constitución y derechos fundamentales".

"Lamentamos que la Ideología y el postureo, las prisas por posicionarse como referente de la izquierda de cara a las elecciones con el poco tiempo de que dispone este Gobierno les cieguen hasta el punto de desaprovechar el consenso logrado en cuanto a Violencia contra la mujer con un decretazo que pasará inmediatamente a los tribunales al vulnerar la Constitución, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el derecho al honor, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", sostiene García-Juliá.

Según considera, en la lucha contra este tipo de violencia "la familia es fundamental, no el enemigo a batir". "Es necesario buscar medidas que refuercen a las familias, a que los padres pasen tiempo con sus hijos y puedan ejercer su patria potestad, no arrebatársela y fomentar educación en diálogo y respeto como solución de conflictos", ha recalcado.

"Seguimos intentando paliar las consecuencias sin poner el foco en el origen, que es donde se pueden y deben solucionar las cosas. El relativismo y las ocurrencias no son una base sobre la que sustentar ninguna política eficaz, ni sirven como base para la educación de los hijos. Si todo vale porque todo es relativo, las líneas entre el bien y el mal se vuelven difusas", ha concluido.

Por otro lado, VOX ha manifestado su "total oposición" a este Real Decreto que, en su opinión, "ocasiona en los ciudadanos una palmaria vulneración de sus derechos fundamentales, que es inconstitucional en fondo y forma y va a producir terribles consecuencias sobre los ciudadanos".

Este partido político considera que "no resulta admisible jurídicamente que pueda equipararse un informe de un servicio social de un Ayuntamiento a una sentencia judicial. Y respecto al cambio del Código Civil que contempla el Real Decreto, sostiene que "no resulta admisible en un Estado de Derecho que se prive a uno de los progenitores de la patria potestad sin que haya sentencia judicial para ello".

"La citada norma vulnera la presunción de inocencia, el derecho al honor, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, la seguridad jurídica, y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", recalca VOX, que apunta que se trata de "un nuevo abuso de poder" de un presidente "obsesionado por ofrecer sólo actos de mera propaganda".