"No es legítimo poner en duda los instrumentos de funcionamiento de la administración, a sus funcionarios y sus servicios jurídicos", ha dicho.

   El consejero ha señalado que "ni existe vertido ni existe ninguna denuncia presentada ante el organismo encargado de velar por los vertidos contaminantes: la Consejería de Medio Ambiente". "Tampoco existe en estos momentos denuncia alguna efectuada por el organismo de control, que es el Seprona, que estuvo en la mina y no ha alertado hasta la fecha de vertido contaminante alguno sobre el río Agrio", ha recalcado.

   Respecto a la cota de la corta minera, Sánchez Maldonado ha negado que se haya elevado hasta niveles que pongan en riesgo la seguridad ambiental. En este sentido, ha indicado que la cota fue fijada en origen en el punto 0 en 1999 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) con el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Con posterioridad, fue la propia CHG, con un nuevo informe del IGME, la que la elevó hasta el nivel +20, siendo actualmente de sólo +4. "Muy lejos del margen que se ha establecido y que preserva con garantías más que fundadas la seguridad de la mina", ha remarcado.

   Sánchez Maldonado ha defendido "el criterio y la competencia" de los técnicos de la Junta que llevaron a cabo la convocatoria del concurso público internacional para adjudicar la mina.

   Ha confiado "plenamente" en estos profesionales, "avalados por su competencia acreditada, su experiencia y su condición de empleados públicos, independientes y neutrales por Ley".

   Al hilo de ello, el consejero ha afirmado que la convocatoria del concurso se realizó con absoluta y total "escrupulosidad y rigor" en cada una de sus fases y además ha supuesto un hito tanto por su resultado en térmicos económicos como los futuros impactos sociales que atraerá a la comarca.

   Sánchez Maldonado ha destacado, de un lado, la reapertura del yacimiento, que requerirá una inversión superior a los 300 millones de euros, además de la creación de al menos 200 puestos de trabajo en una primera fase de investigación, y de en torno a 1.000 contratos directos en la inmediatamente posterior; y, de otro lado, también ha subrayado la llegada a Andalucía de otra gran multinacional minera, Grupo México.

   Por otra parte, el consejero ha asegurado que la Junta de Andalucía no "ha escatimado esfuerzos" para habilitar un procedimiento que permita la concurrencia, no contemplada en la legislación minera, al tiempo que ha deseado que el proyecto ejecutado sea "el mejor posible, con independencia de qué empresa lo lleve a efecto o en qué lugar del mundo tenga su sede".

   Por lo que respecta al ámbito judicial, el consejero ha mostrado su absoluta disposición a colaborar activamente con la administración de Justicia, no sólo entregando, con la diligencia debida, toda la documentación que obraba en nuestro poder, sino también poniendo en conocimiento de la titular del Juzgado número 3 de Sevilla la realidad de los hechos.

   Sánchez Maldonado ha defendido, tras el auto judicial del pasado mes de mayo, la rápida actuación del Gobierno andaluz, que acordó suspender cautelarmente los efectos de la adjudicación para garantizar la estabilidad de posición de todos los interesados y "a pesar de ser una decisión que no nos satisfizo, pues iba a ralentizar el desarrollo de la inversión prevista y la creación de puestos de trabajo que lleva aparejada, aunque entendíamos que era la más responsable y garantista".

"INTERÉS ELECTORAL"

   El diputado de del PP-A Jaime Raynaud ha defendido que un proceso que el consejero tilda de "singular y único" merecía "haber sido objeto de debate y de una comisión de seguimiento de todo el proceso para que presidiera la transparencia, el rigor y un control exhaustivo, antes de que saltase el escándalo", por eso ha reprochado que no se tuvieran en cuenta las iniciativas que en este sentido registró en la pasada legislatura el PP-A.

   Ha criticado la "celeridad" de la Junta en la adjudicación por "interés electoral", así como ha afirmado que la gestión de Maldonado ha sido "nefasta" y que los andaluces "necesitan, con luz y taquígrafo, llegar al fondo de este asunto". Por eso, ha preguntado que "si Díaz dice que se trata de una pelea entre dos empresas, si el consejero pone mano en el fuego por la limpieza del proceso, por qué paralizó la Junta el proceso", para reprochar al Gobierno andaluz que haya permitido que el nombre de Andalucía, del sector minero y los funcionarios "se manchen a nivel nacional e internacional".

   Por su parte, el parlamentario de Podemos José Luis Serrano ha resumido algunos de los aspectos que "más preocupan" a su grupo en relación a este caso, como que se piense que "todo desarrollo económico genera un cierto impacto ambiental", así como la "corrupción" que podría afectar a esta actuación, al hilo de lo cual ha recordado que el informe de la UDEF al respecto "se dicen cosas muy serias". De igual modo, ha mostrado su preocupación por "la confusión entre lo público y lo estatal", y ha mostrado la "mano tendida" de Podemos si desde la Junta se busca "garantizar el patrimonio de las generaciones futuras de los andaluces", en referencia al material mineral de la explotación de Aznalcóllar.

   Por parte de C's, el diputado Sergio Romero ha reprochado a la Junta las "contradicciones" que ha manifestado al afirmar que este asunto es el resultado de "una pelea entre empresas" y que se ha hecho "en base a la legalidad", pero, por el contrario, el 24 de febrero "decidieron paralizar la concesión sin justificación". "La confianza la trae de la mano la congruencia", ha afirmado el diputado para añadir que el caso "va más allá que una simple pelea de empresas", por lo que ha pedido al consejero "transparencia" para que Andalucía deje de tener "la sospecha de la corrupción a sus espaldas".

   Por su parte, el diputado de IULV-CA Antonio Maíllo ha incidido en la "falta de transparencia" que se ha producido con la adjudicación de un proyecto de "enorme impacto económico" para la comarca de Aznalcóllar, que "se adelantó en un mes por criterios puramente electorales" derivados de la decisión de convocar anticipadamente las elecciones, cuando ese periodo de tiempo que se recortó era "determinante para que los técnicos pudieran garantizar que no había habido ningún error en el procedimiento".

   Por último, el parlamentario del PSOE-A Antonio Sánchez ha valorado la actuación del consejero, que "se comprometió a comparecer y así lo ha hecho", y que ha ofrecido "diálogo social, consenso, agilidad en las decisiones, claridad y transparencia". En esa línea, ha agradecido de Sánchez Maldonado su "valentía, honestidad, trabajo, dedicación y compromiso", y al respecto del procedimiento seguido con la adjudicación de la mina ha aseverado que "todo se resume en dos palabras: todo legal".