El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Baleares en el que solicita que el juez José Castro dicte un auto complementario al que notificó, el pasado 25 de junio, para poner fin a la instrucción del caso Nóos, y en él especifique qué hechos y delitos se le imputan "del amplio abanico de nuestro Código Penal".

   En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Grau "no niega la asunción de la condición de imputado" por parte de su patrocinado, sino que "es claro" que pasó a estar encausado desde que así lo acordó la Audiencia tras estimar la petición de los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.

   No obstante, el abogado de Grau reclama "las mismas condiciones" que al resto de imputados de la causa, dos de ellas "absolutamente fundamentales": la narración fáctica de los hechos que se le imputan en relación a la organización de los eventos Valencia Summit por parte del Instituto Nóos, y la tipicidad penal en la que se incardinan estas conductas.

   Tal y como recrimina, la Audiencia únicamente resolvió incluir a Grau en el auto de transformación a procedimiento abreviado -con el que Castro cerró la instrucción del caso-, "pero nada, absolutamente nada más". "Ni se ha dictado para mi patrocinado la finalización del proceso instructor ni se le ha establecido la relación de hechos concretos que se le imputan", lamenta al respecto, aseverando que esta situación le provoca "una gravísima e insuperable indefensión".

   "Sólo nos resta decir que, en nuestra opinión, tiene que hacerse lo que se tiene que hacer", subraya la defensa, incidiendo en que "nada se pierde, nada se infringe, ningún perjuicio se comete y ninguna indefensión se causa" por el hecho de que Castro dicte una resolución ampliatoria del auto de transformación. De hecho, aporta una resolución de la Audiencia Provincial de Castellón, de diciembre de 2012, que validó el dictado de un auto como el que solicita el vicealcalde valenciano.

   Al respecto ya se pronunció Castro en primera instancia, calificando de "desacertada" esta consideración al aseverar que, si la Audiencia estimó íntegramente el recurso presentado por los socialistas valencianos contra el auto de archivo para Grau, esta resolución "pasa automáticamente a ser sustituida" por la dictada por el órgano superior.

   "La Sección Segunda de la Audiencia, en ningún pasaje de su resolución, ni en el argumental ni en el dispositivo, ordena a este instructor que dicte un nuevo o complementario auto (...) en el que se incluta como imputado a don Alfonso Grau, sino que por sí misma y sin necesidad de trámites ulteriores, expresamente lo inserta", argumentaba el magistrado.

NÓOS COBRÓ 3,6 MILLONES POR LOS VALENCIA SUMMIT

   El tribunal de la Sección Segunda aceptó los argumentos expuestos por los regidores socialistas al incidir en el papel que Grau habría desplegado en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

   Se trata de unas contrataciones en el marco de las cuales, según la Audiencia, se orilló el interés general, se prescindió de los cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos.

   Unas pautas que eran obligadas, añadía la Audiencia, al recalcar que los fondos que manejaba la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), entidad que junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y Nóos plasmó su firma en el convenio de 2004 y en las dos addendas posteriores, y de cuyo Consejo Rector era presidente Grau, eran de naturaleza pública.

   En contra de estas consideraciones, el vicealcalde defiende el carácter privado de la FTVCB y niega por tanto que desde el Consistorio valenciano hubiera podido producirse un desvío de fondos públicos con motivo de la organización de los eventos.