Atenas ha logrado rebajar de 25.000 a 12.500 los funcionarios que tendrán que acogerse al plan de movilidad laboral, una condición "sine qua non" de los acreedores internacionales para mantener abierto el grifo de financiación del segundo rescate a Grecia, concedido en marzo del año pasado, de hasta 130.000 millones de euros.  

  "Está cerrado, no habrá más reuniones sobre el sector público. Todo lo que falta es que el Eurogrupo de su aprobación", ha señalado Kyriakos Mitsotakis, satisfecho con el resultado de las negociaciones.

    Este plan de ajuste contempla despidos temporales y una reubicación progresiva a otros puestos, según las bases difundidas por la prensa griega. Aunque las leyes griegas prohíben el despido de funcionarios, el Gobierno ya ha dejado entrever que es posible que trabajadores que sean incluidos en este plan se vean abocados al despido.

CONDICIONES DE LA "TROIKA"

    A cambio, el Gobierno del primer ministro conservador, Antonis Samaras, tendrá que acelerar el ajuste y concluirlo en ocho meses en lugar de los doce que exigía el ministro de Reforma Administrativa, que asumió el pasado 24 de junio la cartera tras la salida de Izquierda Democrática del Ejecutivo.   

Aunque todavía falta la aprobación del Eurogrupo del lunes, Mitsotakis ha celebrado este sábado acuerdo, fraguado a lo largo de dos días de reuniones con la "troika" y que emplaza al ministro a identificar a los afectados y definir sus destinos a finales de septiembre.   

 De los 12.500 funcionarios, 5.000 serán personal perteneciente a las corporaciones locales, como guardias y efectivos de limpieza, además de 3.500 policías municipales y 2.000 trabajadores del sector educativo, según fuentes citadas por el diario griego "Kathimerini". El resto pertenecerá a la reestructuración de los ministerios y departamentos.

AGUJERO DE 2.000 MILLONES

    No obstante, la "troika" ha alertado a Atenas sobre un agujero de financiación para este año y el próximo que ronda los 2.000 millones de euros, lo que podría complicar el desembolso de futuros tramos del segundo rescate y exigir al Gobierno más recortes y ajustes.

    El Ejecutivo ha propuesto "recuperar" gran parte de este desequilibrio en las cuentas públicas del sector sanitario. En concreto, aboga por reclamar a las clínicas privadas una quita en los pagos que el sistema nacional de salud, EOPYY, les adeuda.  

  Otra de las concesiones realizadas por la "troika" y largamente exigida por Atenas ha sido la reducción del IVA aplicado al sector hostelero. A falta de confirmación oficial, el tipo impositivo bajará del 23 al 13 por ciento, a condición de que aumente los impuestos a los productos de lujo.

    Sin embargo, el Gobierno podría emprender otros ajustes y recortes en el gasto público adicionales para prevenir que el desfase en las cuentas de 2.000 millones de euros se agrande y ponga en peligro futuros tramos de financiación.