El exconsejero de Economía y Hacienda y expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, considera que lo sucedido con el asunto de los ERE es "una barbaridad" y que todas las ayudas concedidas de forma "aleatoria y sin control" merecen una responsabilidad política e incluso penal pero ha añadido que, sobre este asunto, la actuación de su Consejería fue "irreprochable".

   En su declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro por el caso de los ERE fraudulentos, Griñán ha ensalzado la labor de la Consejería que dirigió entre 2004 y 2009 subrayando que se han personado como acusación y han solicitado imputaciones, incluso de militantes del Partido Socialista, han denunciado las situaciones en la Sierra Norte y han hecho las modificaciones legislativas necesarias, todo ello cuando han tenido conocimiento de que las cosas no se habían hecho correctamente.

   Según consta en un resumen de su declaración, al que ha tenido acceso Europa Press, cuando la Junta y el Gobierno Andaluz conocieron las irregularidades que se pudieron producir en la forma de la concesión de ayudas, él asumió su responsabilidad política y renunció a su cargo.

   En línea con ello, a preguntas de los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar, Griñán ha mantenido que quienes tuvieron la responsabilidad de conceder las ayudas y lo hicieron sin control, merecen reproche político y también penal. El expresidente ha añadido que cuando se produce una irregularidad en un procedimiento es que falla algo.

   Según su declaración, en este caso lo que falló fue el control del gasto que, como ya dijo el propio Griñán a los periodistas a su salida del Supremo, no es algo que correspondiera a la Consejería de Hacienda, cuya labor es de "presupuestación y recaudación" pero "nunca de fiscalización".

   Esa ejecución y control del gasto es responsabilidad del departamento que tiene asignado el crédito que, en este caso, sería la Consejería de Empleo, ha dicho el actual senador socialista, para quien está claro que el director general de presupuestos "hizo todo de manera correcta".

EL MEJORÓ EL CONTROL

   A lo largo de su declaración, Griñán ha llegado a asegurar que durante su mandato en la Consejería de Economía y Hacienda el control financiero se vio "incrementado", tal y como consta en la memoria de la Intervención General. Ha añadido que trató de mejorarlo año tras año incluyendo medidas concretas.

   Además, ha puntualizado a preguntas del instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro que la Intervención nunca dijo que el método de las transferencias fuera ilegal, y que en 2004 se refirió a la analizada apartida 31L como ajustada a derecho sin perjuicio de la utilización de los fondos que luego se estuviera haciendo.

   En relación sobre si llegó a conocer o no los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, Griñán ha precisado durante su declaración que el referido a 2004, que se emitió dos años después, llegó a su viceconsejero pero no a él, y que el propio interventor ha declarado que no se trasladaron para que su Consejería tomara medidas, pues es el interventor el que tiene que promover este tipo de actuaciones. Los informes de 2006 y 2007 no llegaron a su departamento porque tampoco se promovía en estos documentos ningún tipo de actuación.

   Respecto a las Leyes de presupuestos, fueron informadas por el interventor y en ninguna de ellas se hizo observación alguna con respecto a las transferencias al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) --a través del cual se tramitaron las ayudas socio-laborales--. Ha indicado que en su etapa en la Consejería, entre 2004 y 2009, este departamento tuvo superávit y reducción del endeudamiento.