Martes, 22 de julio de 2025
Susana Díaz cierra este martes la primera ronda de comparecencias en la comisión de investigación sobre formación
Griñán dice que se actuó "de acuerdo a la legalidad" y que si hubo "deficiencias" fueron "contra" la administración
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación en el Parlamento andaluz, que ha tenido una duración de dos horas y media y que se ha celebrado con posterioridad a la del expresidente de la Junta Manuel Chaves, Griñán ha defendido que esas ayudas se gestionaron mediante un "proceso reglado y garantista".
Griñán ha comenzado su intervención asegurando que para él supone "un honor" comparecer ante la comisión de investigación al considerar que está "cumpliendo un deber" por sus muchos años como miembro del Gobierno andaluz. "Es la contrapartida del derecho que tienen los ciudadanos a controlar al poder ejecutivo", ha dicho el socialista, que ha recordado que, tras 45 años de "servicio público", es pensionista desde hace más de uno.
Ha explicado que la "primera alerta" que se tuvo sobre posibles irregularidades en los fondos de formación fue en relación a las ayudas concedidas al sindicato UGT. "Previamente a ésta no hay alertas suficientes para inducir un procedimiento de actuación por parte de la Junta", ha explicado el expresidente, antes de mantener un tenso debate con la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero.
La 'popular' dedicado buena parte de su intervención a realizarle preguntas sobre los que ha calificado como "los dos delfines y puntos débiles" de Griñán, la hoy presidenta de la Junta, Susana Díaz, y quien fuera diputado y vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, que abandonó ambos cargos tras publicarse informaciones sobre ayudas a la formación recibidas por la empresa de su mujer, investigadas actualmente por la Justicia.
Griñán, que ha asegurado que Díaz y Velasco no son sus puntos débiles sino "fuertes", rehusaba en principio la petición de la diputada del PP-A de valorar las palabras "textuales" de la presidenta de la Junta en octubre de 2015 cuando decidió paralizar las ayudas a la formación. Ruiz-Sillero se las leía y aseguraba que, en su opinión, Díaz planteaba "dudas" sobre su gestión y la de Chaves, poniéndolas "en entredicho".
A este respecto, Griñán pedía a la 'popular' que no interpretara las palabras de la presidenta y que aprovechara que mañana comparecerá ante esta comisión para preguntarle. Seguidamente y ante la insistencia de la diputada del PP-A, ha afirmado que no interpreta que Díaz ponga en cuestión su gestión y que la presidenta ha actuado en esta materia de manera "responsable".
Sobre la dimisión de Velasco, ha dicho que se debió a una decisión personal cuyos motivos no va a desvelar porque corresponden al ámbito familiar y que las ayudas que recibió la empresa de su mujer fueron "correctas, fiscalizadas y legales". Si bien, la diputada del PP-A le ha mostrado distintos documentos del expediente de las subvenciones a le empresa Aulacen Cinco y ha indicado que la mujer de Velasco cargó la luz del domicilio familiar a un curso de formación que la Junta le concedió a su academia.
Ruiz-Sillero se ha referido a las nóminas de la mujer, el hermano y la cuñada de Velasco, --entre los 4.500 y los 9.500 euros-- y ha asegurado que quien fuera "mano derecha" de Griñán se ha dedicado a "ganar dinero" con la formación. "¿No cree que deberían revisarse todas las ayudas a Aulacen Cinco?", ha preguntado la 'popular' a Griñán, que ha respondido que eso deberá determinarlo la comisión.
En su opinión, dichas acusaciones no están "contrastadas", pero si lo estuvieran "sí que habría que revisar todas esas ayudas". "Y así se hará, nosotros no rompemos ordenadores a martillazos", ha señalado Griñán, quien ha insistido en que no ha tenido conocimiento de los hechos que relata la 'popular', ha defendido la presunción de inocencia y ha acusado al PP-A de venir a esta comisión a "prejuzgar", con unas conclusiones ya escritas.
Sobre la incomparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, a esta comisión, --cuestión sobre la que le ha preguntado la diputada del PSOE-A María Luisa Bustinduy--, Griñán ha considerado que habría sido "muy oportuna y muy útil" y que la ministra se podría "haber lucido" explicando como se elaboró en 2015 la norma que regló la formación ocupacional para el empleo en el marco laboral y que ha calificado como una "buena ley".
Ha criticado que Báñez se "escudara" en un informe "no vinculante" del Consejo de Estado y ha asegurado que ésta no es una comisión "acusatoria" sino de investigación, "para mejorar los mecanismos de formación". En su opinión, la presencia de la ministra habría sido "fundamental" para aclarar muchas cuestiones del decreto-ley que se aprobó y que posteriormente se transformó en ley, cuyo objetivo era acabar con las deficiencias detectadas en el sistema.
Griñán también ha sido preguntado, en este caso por el diputado de IULV-CA José Antonio Castro, sobre el nombramiento como directora general de Teresa Florido, cuñada del exconsejero Ángel Ojeda. Ha dicho que del 80 por ciento de los nombramientos de los directores generales solo tenía conocimiento cuando llegaban al Consejo de Gobierno y que Florido tenía un "currículum admirable".
También ha destacado que Ojeda dejó de ser consejero hace 27 años, "incluso antes de que Chaves fuera presidente" y ha negado que haya mantenido con él ninguna conversación sobre fondos de formación, en relación a las subvenciones que han recibido sus empresas.
Otro de los asuntos que ha ocupado buena parte de las intervenciones de los grupos, especialmente la del diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha sido el relativo a las exceptuaciones. Griñán ha defendido que se trata de un procedimiento "garantista" y que no eximía en ningún caso de la obligación de cumplimiento por parte de los beneficiarios de las ayudas.
"No sé si es positivo o negativo, pero es conforme a la legalidad", ha afirmado el expresidente de la Junta, quien ha indicado que pudo seguir la comparecencia en esta comisión del interventor general de la Junta y que éste dijo que todas las actuaciones se han hecho de acuerdo con la ley y que no ha habido menoscabo de fondos. "Eso lo dijo taxativamente", ha subrayado.
De otro lado, preguntado por la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet si no consideraba que debía hacer "autocrítica" a tenor de la causa abierta en distintos juzgados sobre la formación, Griñán ha respondido que ésta es una comisión de investigación "y no de autocrítica", aunque añadía que él tiene "muchos aspectos criticables" en su gestión y de los que puede hacer autocrítica.
"El gran problema es que en un momento determinado no hubo suficientes recursos humanos para desarrollar todas las funciones en esta materia", ha reconocido el expresidente, quien ha destacado que con la crisis y el límite de déficit se impidió por parte de la Ley de Presupuestos del Estado realizar contrataciones y sacar concursos públicos. "Cuando más necesidad había de formación, tras explotar la burbuja inmobiliaria, no se podía contratar", ha lamentado.
Sobre el cambio de departamento de las competencias de la formación que tuvo lugar siendo él presidente y si esto pudo provocar "un incendio" en la administración, en palabras de José Antonio Castro, Griñán ha negado esta posibilidad y ha afirmado que ha visto hacer "miles" de traspasos "sin que hubiera problemas en ninguno de ellos". A su juicio, los movimientos no deben producir ningún tipo de "entorpecimiento" en la gestión administrativa.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cerrará este martes la primera ronda de comparecencias en la comisión de investigación parlamentaria sobre las subvenciones otorgadas por la administración autonómica en materia de formación profesional para el empleo un día después de que acudieran a este órgano sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Díaz está citada ante la comisión a partir de las 18,00 horas, lo que ha causado malestar en las filas del PP-A y de Podemos, formaciones que han criticado que la presidenta no comparezca en sesión de mañana, como tampoco han hecho los expresidentes.
Antes de la presidenta de la Junta comparecerán este martes ante la comisión el exconsejero de Educación, Cultura y Deporte Luciano Alonso, citado a las 10,00 horas, y el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, a las 15,00 horas.
Los grupos parlamentarios acordaron el pasado mes de enero un listado con 69 comparecientes para una primera ronda de declaraciones ante la comisión de investigación. En el mismo también se incluía a la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, quien decidió no acudir, basándose en un informe del Consejo de Estado que rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación autonómicas.
Tampoco han asistido a la comisión la consejera del Tribunal de Cuentas María Dolores Genero, aludiendo a que no tenía competencias sobre la materia, y el representante de la fundación Forja XXI, por enfermedad. El resto han comparecido, aunque una parte importante, --fundamentalmente los imputados en la causa--, se ha acogido a su derecho a no declarar.
La comisión comenzó en marzo con la comparecencia de los interventores provinciales de la Junta y del interventor general. Les han seguido jefes de servicio, delegados provinciales de Empleo, representantes de los consorcios, de la Faffe, de las empresas y de los alumnos.
También han comparecido, entre otros, directores generales, secretarios generales, los exconsejeros Ángel Ojeda, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila, y el testigo protegido de la juez Alaya en la causa de la formación, Teodoro Montes.
Una vez que finalice este martes primera ronda los grupos decidirán en una reunión de la comisión si convocan una segunda. Hasta el momento, ninguna de las formaciones se ha pronunciado sobre si considera o necesaria la citación de nuevos comparecientes.
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