La Agencia Tributaria pidió a la Fiscalía la detención del exministro de Economía y expresidente de Bankia Rodrigo Rato ante las sospechas de que estaba cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de presuntas operaciones de despatrimonialización entre 2014 y 2015 y reclamó el registro de su domicilio "incluso con la autorización de la fuerza".

   En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Por una parte, destaca el presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, importe previsto para el delito contra la Hacienda Pública. A esto se une un posible delito de blanqueo de capitales.

   Por otra parte, advierte de presuntas operaciones de despatrimonialización que se vienen realizando "con mucha intensidad" en 2014 y 2015 y que podrían derivarse de las posibles responsabilidades pecuniarias relacionadas con la imputación del exministro en el caso Bankia.

   Tras una extensa investigación, la Agencia Tributaria determina que Rato tiene "un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales", algo que choca con una actividad empresarial y profesional "básicamente nacional y escasamente internacional".

   También sospechaba que Rato utilizaba "territorios de riesgo" (paraísos fiscales) a efectos financieros y societarios y alertaba de que existía "una elevada facturación interna" en su entramado societario que "hace presumir la emisión y recepción de facturas de conveniencia al objeto de evitar la tributación en IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.

   Así, indica que es "más que posible" que los servicios de asesoramiento prestados por el expresidente del FMI "hayan sido facturados a través de sociedades ajenas a tal actividad al objeto de evitar su tributación por IRPF y efectuando una escasa o nula tributación por el Impuesto de Sociedades o IVA".

   De todo esto, la Agencia Tributaria presume en la conducta del expresidente de Bankia "el ánimo de defraudación tributaria", razón por la que reclamó a la Fiscalía que interpusiera una denuncia por los riesgos de ocultación, destrucción y dificultad en la obtención de pruebas y por la actitud de despatrimonialización de Rato.

   Asimismo, solicitó la entrada y registro en las fincas ubicadas en las calles Ramón de la Cruz, Castelló, Sotogrande y Almagro, el bloqueo y embargo de las cuentas de Rato y que se procediera a su detención "al menos por el tiempo necesario" para asegurar la obtención de pruebas y la materialización de las medidas cautelares propuestas.

UN COMPLICADO ENTRAMADO EMPRESARIAL

   Atendiendo a estas peticiones, la Fiscalía presentó su denuncia el 16 de abril contra Rodrigo Rato y su socio Domingo Plazas, en la que recuerda que el exministro donó a sus hijos participaciones de varias de sus empresas en 2013 por 2,6 millones de euros "sin que haya quedado acreditado que los mismos conocieran y compartieran el propósito denunciado".

   Como continuación de esta operación, Rato adquirió mediante ampliaciones de capital estas participaciones utilizando la sociedad Kradonara, controlada por él y considerada opaca por las autoridades tributarias españolas, dado que su único socio era la mercantil VivaWay Limited --representada por Plazas Abogados, relacionada con Domingo Plazas--.

   En junio de 2014 vendió sus participaciones a la propia sociedad, desvinculándose formalmente de ella. La Fiscalía recuerda que el titular real de VivaWay es el propio Rato.

   Según información del Banco de España citada por la Fiscalía, Rato recibió entre 2012 y 2013 "importantes transferencias de dinero" provenientes de Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Dominica que no fueron incluidas en las declaraciones de IRPF "con el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

   En concreto, recibió 1,5 millones de euros en 2012 y 1,26 millones en 2013. En este último ejercicio incluyó los servicios profesionales de asesoramiento prestados de manera personal que "de forma irregular fueron facturados por Kradonara a Telefónica" por 307.627 euros. Con estas actividades, Rato habría defraudado 672.329 euros en 2012 y 756.984 euros en 2013.

   La Fiscalía también apunta que Kradonara ha ocultado al Erario Público sus ingresos reales provenientes igualmente del extranjero, por lo que en 2011 se había defraudado 445.649 euros, en 2012 un total de 350.000 euros y en 2013 cerca de 244.000 euros.

   "El denunciado Rodrigo Rato obtuvo un ilícito ahorro fiscal por importe de, cuanto menos, 2,4 millones de euros, cantidad de la que él mismo dispuso en su propio beneficio", indica la denuncia.