Los hermanos Pujol Ferrusola, que han quedado en libertad sin medidas cautelares, han mantenido la misma versión que la familia ofreció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, que investiga desde septiembre de 2014 el origen de la fortuna amasada por el antiguo jefe del Gobierno catalán en Andorra.

   Ambos han asegurado que se trataba del dinero que gestionaba el hermano mayor Jordi y que los beneficios que cobraban provinieron del legado de su abuelo Florenci Pujol, que murió en 1980, y de los intereses que estuviera depositada en las cuentas del Estado pirenaico.

   Según aseguran fuentes de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), personada como acusación popular en la causa, el juez instructor ha levantado el secreto de la pieza sobre blanqueo unos minutos antes de comenzar el interrogatorio de los dos hermanos Pujol.

   Eso ha impedido a la formación que lidera Andrés Herzog estar presente este viernes en la toma de declaración, han agregado las mismas fuentes, que afirman que los representantes del partido magenta sí estarán en futuras comparecencias de otros imputados.

   La citación, que se produce en relación con la parte del procedimiento que se encuentra bajo secreto del sumario, se produjo coincidiendo con la docena de registros en Cataluña y Madrid que llevó a cabo el pasado 27 de octubre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía en el transcurso de la denominada 'operación Hades'.

   Josep Pujol Ferrusola, al que se vincula con la sociedad patrimonial MT Tahat, y su hermano Pere, también relacionado con varios negocios vinculados con las actividades de su hermano Jordi, podrán acudir a la Audiencia Nacional acompañados de un abogado de confianza.

HERENCIA DE FLORENCI

   En un auto dictado en marzo pasado, la magistrada Beatriz Balfagón señalaba que el dinero de la familia, que regularizó 3,8 millones de euros ante Hacienda en el verano de 2014, podrían proceder de "abusos en la alta función pública desempeñada por Jordi Pujol".

   En favor de esta juez se inhibió en diciembre pasado el magistrado de Liechtenstein Michael Jhle, que investigaba al que fuera máximo responsable del Gobierno catalán por un delito de blanqueo de capitales.

   Josep y Pere Pujol Ferrusola, imputados por un delito de blanqueo de capitales, han comparecido en el marco de la causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 para determinar si el patrimonio de su hermano Jordi y de la exesposa de éste, Mercè Gironés Riera, proviene del cobro de comisiones ilegales a empresas que obtuvieron contratos de administraciones públicas catalanas.

TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN

   El Juzgado Central de Instrucción número 5 rastrea las actividades económicas de Jordi Pujol Ferrusola desde que el 17 de enero de 2013 su exnovia María Victoria Álvarez ratificara ante el juez Pablo Ruz que acompañó a Andorra al hijo mayor del 'expresident' para ingresar en un banco una mochila llena de billetes de 500 euros.

   Tanto el primogénito del clan Pujol como su exmujer se encuentran imputados indiciariamente por un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal.

   El hijo mayor del 'expresident', que compareció ante el juez Ruz el 15 de septiembre de 2014, negó las acusaciones de su exnovia y que manejara grandes sumas de dinero en efectivo. "La gente no va por la vida así", aseguró, según fuentes de su defensa.

   En el punto de mira de la justicia se encuentran cinco sociedades a nombre del matrimonio que, según el juez que actualmente dirige la instrucción, José de la Mata, y la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, habrían recibido transferencias de hasta 8,5 millones de euros por parte de 17 grandes constructoras y empresas de servicios que directa o indirectamente declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña".

   Se trata de las mercantiles Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing. En todos los casos se sospecha que se trata de empresas 'tapadera' que ofrecieron servicios ficticios para encubrir el pago de mordidas.