Dos investigados en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona contra el 'procés' le han pedido al juez que impida que la Guardia Civil siga citando testigos. Se trata de Josep María Jové, conocido como el autor de la agenda del 'procés' y Josué Sallent, nombrado por Junqueras para una puesto directivo en el CTTI. Este último acusa incluso al instructor de la causa de dejar "mano ancha" al Instituto Armado.

Las defensas de ambos investigados, que fueron detenidos el pasado 20 de noviembre en la 'operación Anubis' y puestos en libertad con cargos, han presentado sendos recursos ante el Juzgado 13 de Barcelona, a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que piden al juez que ordene la sumisión al proceso judicial de toda la investigación. Quieren que los testigos sean citados en el juzgado y con asistencia de abogado y no en las dependencias de la Guardia Civil.

Subsidiariamente le reclaman al instructor de la causa que si la policía judicial sigue tomando declaraciones, permita la presencia en las mismas de letrados de todas las partes en las diligencias de investigación que se practiquen y que se graben en vídeo.

Alegan que la causa ya no es secreta y que el propio instructor está acordando la toma de declaración en sede judicial por lo que no creen que haya razón para tomar declaración a testigos o investigados fuera del proceso judicial y dentro del mismo.

La defensa de Josué Sallent apunta que el juez está dejando "manga ancha" a la Guardia Civil para que "vaya más allá de los mandatos del Juzgado". Algo que consideran que "roza el absurdo".

Según este investigado, la Guardia Civil "cogió las riendas de la Instrucción" y lo que han declarado los testigos en sede policial "ha sido utilizado para abrir nuevas vías de investigación, para redactar nuevos atestado que se han enviado al Juzgado, para seguir citando a otros testigos en cadena e incluso para restablecer la condición de investigado a otras personas".

"CÚMULO DE DESPROPÓSITOS" QUE AFECTAN AL

DERECHO DE DEFENSA

En su opinión, se trata de un "cúmulo de despropósitos" que dañan la imagen del procedimiento penal y afectan "de manera ingente al derecho a la defensa" porque no se permite participar a los letrados en esas declaraciones que toma el Instituto Armado, que son utilizadas después para abrir nuevas líneas de investigación.

Por ello insisten en que el juez ordene a la Guardia Civil a que cese de citar testigos sin mandato específico del Juzgado y "que la policía judicial se limite a entregar los oficios o atestados al Juzgado".

La defensa de Sallent recuerda también al juez "las labores" que debe tener un juez de Instrucción, recalcando que la principal es "desarrollar toda la fase de instrucción para, una vez ésta quede colmada en su esencialidad, decidir si sigue por los trámites del procedimiento pertinente o si, por el contrario, se sobresee la misma y se archiva".

Sin embargo, advierten de que el juez está dejando la Instrucción en manos de la Guardia Civil. La cede, dicen, a la policía judicial, lo que califican de "contradicción" con las normas más básicas del procedimiento. Cree que con ello se vulnera el derecho de contradicción y el de defensa.

La defensa de Jové, por su parte, advierte al juez de que la posibilidad que brinda el instructor a la Guardia Civil de "investigar sin garantías procesales" puede derivar en la "generación de material probatorio con vulneración de los derechos fundamentales".