La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha señalado este martes que estudia emprender acciones legales contra la fiscal Evangelina Ríos y el fiscal jefe provincial de Las Palmas Guillermo García Panasco, responsables de la investigación a la juez en excedencia y en breve diputada por Podemos Victoria Rosell, por considerar que carecen de competencia para proceder contra ella disciplinariamente y como responsables de la filtración de dicha investigación a los medios de comunicación.

   En un comunicado difundido este martes, JpD recuerda a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que la Fiscalía Provincial de las Palmas carece de competencia para incoar diligencias contra Rosell por el supuesto retraso en la instrucción de causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Apuntan que dicha materia corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Solicitan además a apertura de una investigación interna en la Fiscalía General para que se aclaren los hechos referidos y se depuren las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido la fiscal Ríos y el fiscal jefe provincial de Las Palmas.

   "Lamentamos muy especialmente el uso partidista que se puede haber dado a una institución como la Fiscalía, con el consiguiente descrédito de nuestro Estado de Derech", señalan en un comunicado.

   Recuerdan que, en este ámbito, el artículo 605 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "la recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante la Comisión Disciplinaria corresponden al Promotor de la Acción Disciplinaria".

   La asociación progresista,  a la que Rosell pertecene, señala además que no se ha permitido a la juez en excedencia el acceso a las actuaciones, lo que le ha imposibilitado el ejercicio de sus derechos.

   "En cambio, se ha filtrado el referido expediente, tramitado con sorprendente celeridad, a determinados medios de comunicación, en plena campaña electoral", lamenta JpD, para añadir que dicha filtración de unas actuaciones de carácter reservado implica "una evidente vulneración de derechos".

   Apuntan además a la Fiscalía de las Palmas como responsable de la filtración,  "al no existir partes personadas en las diligencias". Advierten que con este tipo de actuaciones se vulnera la imparcialidad en la actuación de la Fiscalía "y también parecen mostrarse conexiones muy peligrosas con los intereses del poder político".

   JpD justifica su silencio sobre este asunto hasta este momento debido a la campaña electoral "con la finalidad de que nuestra preocupación sobre estos hechos no pudiera confundirse con algún tipo de apoyo a cualquier opción política que pudiera afectar a nuestra independencia como organización".

   Añaden que esta "prudencia institucional y responsabilidad asociativa" no pueden confundirse con la aceptación de unos hechos que consideran de "especial gravedad".

   "Una vez transcurrido el periodo electoral, consideramos que deben aclararse estos hechos, pues afectan a la independencia judicial y a las garantías del procedimiento sancionador como elemento básico del estatuto profesional de quienes integran la judicatura", concluyen.