La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha exigido la "inmediata dimisión" del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, tras conocerse el archivo de las investigaciones abiertas por la Fiscalía en relación con los gastos que éste cargó al Consejo por una veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga) por valor de casi 13.000 euros.

   A través de una nota hecha pública este martes, la asociación progresista de jueces hace una llamada a la responsabilidad de los vocales de este órgano "para que salven el prestigio de la institución," así como la "instauración de prácticas institucionales transparentes y de mecanismos de control eficaces" en la gestión de sus presupuestos.   

 A juicio de JpD, la incoación de diligencias de investigación por la Fiscalía tras la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez "ha constituido un motivo de honda preocupación para la ciudadanía, para la carrera judicial y para el prestigio de la propia institución".

   Por ello, creen que el archivo de dichas diligencias, dejando a un lado su fundamentación técnica, "no clausura las responsabilidades políticas en que ha podido incurrir".

 HA TENIDO TIEMPO DE EXPLICARSE  

  La asociación cree que Dívar "ha dispuesto del suficiente tiempo, desde que este asunto se iniciara, para dar explicaciones detalladas acerca del destino y concreta aplicación de estos fondos, y no lo ha hecho".    Añaden que tratándose de un servidor público, el parámetro de evaluación no puede ser el ordenamiento jurídico penal, sino un código de conducta más vinculado a la ética pública.   

 "Este código se desconoce desde el momento en que, frente a la petición de explicaciones públicas, se opone el mero dato del archivo de unas diligencias de investigación, resultando especialmente lamentable que, pese a la denuncia y a la gravedad de la situación generada, se persista en hurtar a la opinión pública una detallada explicación", añade la nota.  

   Finalmente, destacan que la singular relevancia del  CGPJ "exige un alto grado de responsabilidad, autonomía y transparencia por parte de sus vocales", máxime cuando, en la sensible materia presupuestaria, la propia resolución de archivo dada a conocer este lunes por la Fiscalía "sugiere una realidad carente de mecanismos reales de control de parte del gasto originado, desde el momento en que no resulta preceptivo informar sobre la causas que motivan viajes, atenciones protocolarias y otros semejantes, imposibilitando de facto cualquier verificación".