La impugnación se produce después de que el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara que los Servicios Jurídicos del Estado ya estaban trabajando en la impugnación del decreto de creación de la Comisión de Control de la Ley de Consultas, una especie de "junta electoral", a la pieza de suspensión tramitada por el Tribunal Constitucional (TC), porque supone un nuevo "incumplimiento" del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

"Si ha decidido firmar ese decreto, el Gobierno cumplirá su obligación", recordó la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al preguntársele como actuará su Ejecutivo ante el decreto firmado por Mas de creación de la Comisión de Control (equivalente a la Junta Electoral) para el 9N.

ACTUACIONES PENDIENTES EN EL TC

Fuentes del Tribunal Constitucional también han confirmado la llegada de este escrito, que se presenta en las actuaciones abiertas respecto del recurso del Gobierno contra la Ley de Consultas catalana, y han añadido que ahora se deberá dar cuenta al resto de partes para que aleguen lo que consideren oportuno. Las partes personadas en este procedimiento son la Generalitat y el Parlamento catalanes.

Con este ya son varios traslados que el TC debe realizar en relación con los recursos del Gobierno que fueron admitidos a trámite el pasado lunes contra la Ley de Consultas Catalana y el decreto de convocatoria de la consulta "no referendaria".

No obstante, de momento ni siquiera se ha pedido aún la preceptiva opinión a la Abogacía del Estado sobre los escritos en los que el Govern y el Parlament catalanes solicitaban el levantamiento de la suspensión cautelar dictada en relación con ambas normativas.

Tampoco han llegado aún al TC las recusaciones anunciadas por la cámara legislativa catalana contra el presidente del órgano, Francisco Pérez de los Cobos, y contra el magistrado que ha sido nombrado ponente de la resolución que tiene que resolver el recurso contra la Ley de Consultas, Pedro González-Trevijano.

Por ello, fuentes del tribunal de garantías consideran muy poco probable que esta semana pueda avanzarse en la resolución de todas estas cuestiones, y ello a pesar de que hay Pleno previsto desde mañana y hasta el próximo jueves.

La vicepresidenta insistió el pasado viernes en que el Gobierno seguirá respondiendo "con firmeza y serenidad" a los pasos que dé la Generalitat si no obedece la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, que afecta a todo acto de organización de la consulta de autodeterminación el 9 de noviembre.

"Le recordamos que tiene que cumplir la Ley", aseguró la vicepresidenta, para recordar que el Constitucional ha ordenado suspender todos los actos procedentes o que conlleven el desarrollo de la consulta soberanista.