La impugnación de la declaración independentista, que fue impulsada por Junts pel Sí y la CUP, fue acordada esta misma mañana por el Consejo de Ministros reunido en sesión extraordinaria tras obtener el aval del Consejo de Estado, cuyo informe declara la existencia de "fundamentos jurídicos suficientes" para el recurso.

   A juicio del Consejo de Estado, y en consonancia con los argumentos de la propuesta presentada por el Gobierno a este órgano consultivo, la resolución del Parlamento Catalán implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española" y "su declarada insumisión a las instituciones del Estado", por lo que    La abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta ha presentado pocos minutos después de las 12.00 horas de este miércoles en el Tribunal Constitucional (TC) el recurso del Gobierno contra la declaración aprobada el pasado lunes por el Parlamento catalán que inicia la "desconexión" de España y "proclama solemnemente" el inicio de la construcción de una república catalana.vulnera varios artículos de la Constitución.

    En principio podría pensarse que, de reunirse esta misma tarde, el Pleno del TC debería ser breve porque los once magistrados no deberán discutir sobre el fondo del recurso, sino simplemente valorar si el escrito cumple con los requisitos formales para ser admitido a trámite.

   No obstante, el debate puede alargarse debido a que es previsible que el Gobierno solicite al tribunal de garantías la inclusión en la providencia de determinadas medidas de advertencia y bloqueo de cualquier acto dirigido a poner en marcha las medidas secesionistas. La adopción o no de dichas medidas y los términos en los que se acuerden podría generar debate en el seno del tribunal de garantías.

   En todo caso, y al tratarse de un recurso del Gobierno la suspensión de la declaración por al menos cinco meses vendrá obligada por la mera admisión del escrito, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.

PETICIONES CONCRETAS AL TC

   Previsiblemente, el Gobierno de Mariano Rajoy solicitará en su recurso que la providencia de suspensión que dicte el Tribunal Constitucional sobre la declaración independentista se notifique "bajo apercibimiento" a un total de 21 cargos electos y del Ejecutivo catalán, una petición que casi con toda seguridad incluirá en el recurso que este mismo miércoles presentará ante el alto tribunal.

   En concreto, en el escrito que el Gobierno presentó este lunes ante el Consejo de Estado para su informe preceptivo ya pedía que el TC notifique a esas personas concretas -se las cita por nombre, apellido y cargo-, que dicha notificación se haga "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones" -lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales-, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

   Los cargos apercibidos serían la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y al presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas, o en su caso a la persona que resulte nombrada tras la investidura; pero también a los miembros de la Mesa del Parlament y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat.

pide al TC que advierta a Forcadell y Mas que

incurrirán en delito si desobedecen

La abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta ha presentado pocos minutos después de las 12.00 horas de este miércoles en el Tribunal Constitucional (TC) el recurso del Gobierno contra la declaración aprobada el pasado lunes por el Parlamento catalán que inicia la "desconexión" de España y "proclama solemnemente" el inicio de la construcción de una república catalana.

   A las puertas del tribunal de garantías, Silva ha señalado que la impugnación contiene una petición expresa al TC para que "se notifique personalmente" la resolución a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; al secretario general de la cámara, Pere Sol i Ordis, y a los miembros del Consejo de Gobierno y para que se les aperciba de que "pueden incurrir en un delito de desobediencia y ser suspendidos en sus funciones en el caso de que no cumplan la suspensión si esta es decretada".

   La impugnación de la declaración independentista, que fue impulsada por Junts pel Sí y la CUP, fue acordada esta misma mañana por el Consejo de Ministros reunido en sesión extraordinaria tras obtener el aval del Consejo de Estado, cuyo informe declara la existencia de "fundamentos jurídicos suficientes" para el recurso.

   A juicio del Consejo de Estado, y en consonancia con los argumentos de la propuesta presentada por el Gobierno a este órgano consultivo, la resolución del Parlamento Catalán implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española" y "su declarada insumisión a las instituciones del Estado", por lo que vulnera varios artículos de la Constitución.

    En principio podría pensarse que, de reunirse esta misma tarde, el Pleno del TC debería ser breve porque los once magistrados no deberán discutir sobre el fondo del recurso, sino simplemente valorar si el escrito cumple con los requisitos formales para ser admitido a trámite.

   No obstante, el debate puede alargarse debido a que es previsible que el Gobierno solicite al tribunal de garantías la inclusión en la providencia de determinadas medidas de advertencia y bloqueo de cualquier acto dirigido a poner en marcha las medidas secesionistas. La adopción o no de dichas medidas y los términos en los que se acuerden podría generar debate en el seno del tribunal de garantías.

   En todo caso, y al tratarse de un recurso del Gobierno la suspensión de la declaración por al menos cinco meses vendrá obligada por la mera admisión del escrito, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.

PETICIONES CONCRETAS AL TC

   En concreto, en el recurso se solicita que la resolución se notifique a un total de 21 personas -se las cita por nombre, apellido y cargo-, que dicha notificación se haga "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones" -lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales-, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

   Los cargos apercibidos serían la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y al presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas, o en su caso a la persona que resulte nombrada tras la investidura; pero también a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat.