La administradora concursal de Unipost, la empresa encargada de realizar el reparto de la documentación para las mesas electorales del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, no reclamará a la Generalitat el casi millón de euros (sin IVA) que costaba el trabajo. Esta cantidad forma parte de los 4,02 millones de dinero público que la Guardia Civil considera que se gastaron o comprometieron en el 1-O y en la creación de estructuras de Estado en Cataluña.

Según el último informe que ha entregado el Instituto Armado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la administradora concursal alega que las facturas fueron anuladas, pero los investigadores presentan ante el juez pruebas con las que alegan que, aunque las facturas se anularon, se volvieron a generar y la deuda aún está viva.

Los agentes del Instituto Armado han tomado declaración a Eulalia Folguera Sans, la administradora concursal de Unipost, que se encuentra en concurso de acreedores. Esta ha explicado a los agentes que no tiene intención de solicitar el pago del servicio de Unipost a la Generalitat porque "esas facturas no figuran como cobradas, ni compensadas, ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación", puesto que son "facturas anuladas y no figuran como pendientes de cobro en la contabilidad de la concursada".

Se trata del encargo que tenía Unipost, realizado por cinco consejerías de la Generalitat catalana, para repartir 56.000 tarjetas censales y cartas certificadas para los componentes de las mesas electorales del 1 de octubre. De esa cantidad, la Guardia Civil intervino un total de 45.240 cartas en una operación llevada a cabo el 19 de septiembre de 2017 en unas naves de Unipost en Tarrasa y Manresa.

El total del encargo generó un "compromiso de gasto" de 979.661,56 euros y el pago del mismo se repartió entre cinco consejerías, repartido entre cinco facturas de algo menos de 200.000 euros, sin contar el IVA. Pero Unipost solo intentó cobrar una de ellas a la Consejería de Trabajo. El pago de la misma fue rechazado en dos ocasiones. Sin embargo, la Guardia Civil sostiene que la deuda sigue viva, por que el encargo se hizo tal y como han demostrado documentalmente y comportó ese "compromiso de gasto" de casi un millón de euros. Si el trabajo no se completó, fue "por la acción de la Justicia", recalcan los investigadores en sus conclusiones.

"SI EL TRABAJO NO SE COMPLETÓ FUE POR LA ACCIÓN

DE LA JUSTICIA"

Y para demostrar que las facturas aún siguen vigentes, han estudiado toda la trazabilidad de las mismas, con todas las anotaciones que se han hecho en el sistema informático de Unipost. Para ello, pidieron todos los datos, los soportes SAP de Unipost, a la empresa de gestión de archivos 3HOLD.

Según éstos, Unipost anotó primero el pedido de cada una de las consejerías --Cultura, Vicepresidencia, Salud, Presidencia y Trabajo--, el 5 de septiembre; ese mismo día emitieron una factura proforma, y al día siguiente, otra, la factura como tal se emitió el 6 de septiembre, y unos minutos mas tarde se anuló. En las anotaciones aparece una anulación, pero usando un código que dejaba en suspenso la factura y no la anulaba por completo.

De hecho, asegura el informe de Guardia Civil, "no consta comunicación a la Generalitat de la anulación de ese pedido, sino que se estaba realizando y no se llevó a efecto, no por causas atribuibles a Unipost, sino por la acción de la Justicia".

ANULARON LAS FACTURAS Y LAS VOLVIERON A

GENERAR SEGUNDOS DESPUÉS.

Acto seguido de anotar la anulación de las facturas, tan sólo unos segundos después, se volvió a generar la factura proforma de nuevo. Esas facturas proforma últimas, fueron las que se incautaron en el despacho de uno de los responsables de la empresa, Pablo Raventós, durante el registro y "no están anuladas".

En el caso de la factura de la Consejería de Trabajo, Unipost no solo realiza la anotación de proforma que viene a reflejar internamente la ejecución de los pedidos, sino que emite de nuevo la factura y realiza una anotación en la contabilidad de que ésta está pendiente de abono.
"Es decir, el 18-9-2017 Unipost estaba reconociendo un derecho de cobro por los servicios prestados al Departamento de Trabajo por importe de 197.492,04 euros sin IVA, en base a una solicitud del propio Departamento que se desprende de su nota de entrega", señalan los investigadores.

El informe concluye que "el modo de actuar en la creación y anulación de las facturas, es una forma de evitar la acción de la justicia, pues carece de toda lógica realizar cuatro anulaciones temporales para, segundos después, realizar unas proformas manteniendo vigente el pedido".

La Guardia Civil también expone que la trazabilidad de las facturas, cuyas pruebas ha logrado ahora, era lo que buscaban en los registros que efectuaron en las oficinas de Unipost y que, "a pesar de solicitarlo, no solo no fue entregado, sino que evitaron que fueran hallados".