La Sección Segunda de la Sala de lo Penal juzgará a Aguirre por un delito de integración en organización terrorista y otro continuado de falsificación de documento oficial, por los que se enfrenta a una pena de 13 años de prisión, diez de libertad vigilada, 30 de inhabilitación absoluta y doce de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

   La Fiscalía acusa a Aguirre, con antecedentes por daños terroristas, de "dar un paso cualitativo" al pasar a formar parte del aparato en la clandestinidad de ETA, cuyas directrices "cumplió por completo" mientras llevaba una "doble vida" en Bélgica bajo la documentación falsa que le había suministrado el subaparato de falsificación de la banda.

   Según su escrito de conclusiones provisiones, Aguirre Ibañez fue acogido por Ventura Tomé en Bruselas, donde ambos cumplieron con todas las medidas de seguridad impuestas por la dirección de la banda, fueron defendidos por el mismo abogado en el proceso judicial que siguió a su detención y negaron, siguiendo la misma estrategia, su pertenencia a la organización.

   Aguirre junto a Ventura Tomé, que en la actualidad cumple una condena de 17 años de cárcel por un atentado contra la Guardia Civil en 1985, fueron detenidos el 28 de octubre de 2011. Ambos recibieron durante el tiempo en que estuvieron presos en Bruselas ingresos en metálicos por parte de la oficina de Batasuna en la capital belga.

   El Ministerio Público destaca que estos dos individuos reprodujeron en Bruselas el 'modus operandi' de los etarras Ignacio Lerin Sánchez y Antonio Troitiño en Londres, donde estaban sometidos también a la disciplina del 'comité de dirección' de ETA ('zuba'), que elegía el destino de cada uno de los 'huidos' siguiendo su 'Protocolo para refugiados' y la 'Normativa Interna' elaborada.

   Aguirre Ibañez fue entregado por Bélgica en diciembre de 2011 en virtud de las euroórdenes dictadas por España contra él por la explosión de una bomba en un cajero automático de Vitoria y por incendiar un autobús urbano en Vitoria.

   En su escrito, la Fiscalía pone de relieve la 'deslocalización' de 'refugiados' que ETA llevó a cabo desde Francia, América y África a otros países europeos como Alemania, Bélgica y Reino Unido en un proceso, en el que obligaba a los huidos a firmar un "contrato" con la organización mediante el que se asegura que van a seguir siendo fieles a su disciplina.

AYUDA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA

   A partir de 2007, ETA decidió crear un nuevo órgano denominado 'Ihesko' (colectivo de refugiados), dirigido desde el País Vasco-Francés y con ramificaciones en todos los países con 'refugiados'. Varios documentos incautados tras la detención en mayo de 2008 del jefe político de ETA Francisco Javier López Peña, 'Thierry', apuntaron que el abogado Joseba Agudo Mancisidor, alias 'Pagoa', fue uno de los diseñadores de esta estrategia.

   El 'Ihesko' contaría con un 'núcleo reducido' denominado 'Iheslarien Bilgune' que se encargaba de la "gestión integral de los refugiados en el mundo", a fin de proporcionarles "sustento político, ayuda social, jurídica, médica, psicológica, búsqueda de casas y coordinación de éstas". Esta estructura tenía disponible viviendas en Bélgica, Alemania y Reino Unido, adonde fue trasladando a sus militantes.

   Así, la banda redactó un 'protocolo para refugiados' en el que se fijaban los procedimientos que los afectados tenían que seguir durante su "llegada, acogida y establecimiento en el país de destino", así como una 'normativa interna' en la que se explica al militante "cuáles deben ser sus primeros pasos a dar en dicho país, su comportamiento y actitud de lucha en esa nueva etapa". "No todo militante es refugiado, pero sí todo refugiado es militante", concluye el fiscal.