Sabado, 12 de julio de 2025
tras un polémico debate
La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la Ley de Amnistía
Con los votos de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el proyecto de ley ha pasado un nuevo trámite en el Congreso venezolano, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro ya ha advertido de que no respaldará la ley.
De hecho, la bancada 'chavista' ha rechazado este martes la normativa --en un tenso debate parlamentario-- por considerarla un "adefesio jurídico". El diputado del Gran Polo Patriótico (GPP) Pedro Carreño ha calificado la norma de "contrabando legislativo".
La encargada de presentar el proyecto ha sido la diputada Delsa Solórzano, quien ha explicado que el texto del instrumento pasó de 45 artículos a 29 y añade que sólo beneficiará a los llamados presos políticos porque "ninguno está sentenciado por homicidio".
Durante el tenso debate diputados oficialistas y de la oposición se han interrumpido a gritos de manera constante, llegando incluso a llegar al insulto, según ha informado el diario venezolano 'El Universal'.
La oposición ha reiterado que la Ley de Amnistía está "llena de vicios, ilegalidades e inconstitucionalidades" y añade que es "contraria al estado de Derecho", estableciendo "el mecanismo para al generación de la violencia en el país".
"Estamos en presencia de una reedición de lo que es el autoperdón. Los verdugos perdonándose a sí mismo, desconociendo las víctimas" ha sentenciado Carreño.
El articulado será remitido al Ejecutivo para su firma, aunque las leyes venezolanas otorgan a la Asamblea Nacional mecanismos para promulgar leyes sin aval de la presidencia.
MADURO PROMETE VETARLA
"Tengan la seguridad que esa ley por aquí, no pasa", dijo Maduro horas antes de la aprobación en segunda discusión del pleno parlamentario. "Leyes para amparar terroristas y criminales, no pasarán por aquí. Hagan lo que hagan", agregó en un discurso televisado.
El presidente alega, como ya hiciera su predecesor Hugo Chávez, que en su país no hay presos políticos, sino políticos presos.
El Gobierno de Maduro podrá apelar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para rechazar la ley por inconstitucional, como lo ha hecho en varios conflictos recientes que han enfrentado a los dos poderes, y que han resultado favorables para el Gobierno socialista, tal y como indica la agencia Reuters.
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