La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado las condiciones que fijó el juez José Castro para la venta del palacete que los Duques de Palma poseen en el barrio barcelonés de Pedralbes, desestimando de esta forma el recurso que interpuso Iñaki Urdangarin contra el auto con el que el magistrado autorizó la operación inmobiliaria.

   En concreto, el marido de la Infanta Cristina reclamaba poder abonar a Hacienda 253.705 euros -derivados del impago del IRPF en que incurrió en 2009- con los fondos que obtendría con la venta del inmueble, cuyo precio está estipulado, en concreto, en 6,95 millones de euros. Una petición que desestimó Castro, lo que llevó a Urdangarin a recurrir en apelación ante la Audiencia.

   En la resolución recurrida, el juez aseveraba que el crédito que Urdangarin pretende pagar a la Agencia Tributaria (AEAT) no deriva de la supuesta comisión de ningún delito fiscal de los investigados en el caso Nóos, de modo que el embargo que pesa sobre la mitad indivisa del palacete, perteneciente al Duque, "no tiene como finalidad garantizar ese crédito".

   En esta línea, el tribunal de la Sección Segunda alega que, en este caso, no es el acreedor -Hacienda- quien pide la satisfacción de su crédito y defiende su preferencia, sino que se trata de una "pura cuestión personal" de Urdangarin.

   El juez Castro autorizó la venta siempre que los Duques se comprometiesen a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que prevén obtener por la mitad embargada de la vivienda como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa, algo que garantizaron tanto Urdangarin como su mujer, si bien manteniendo el recurso que el acusado presentó ante la Audiencia -ahora desestimado-.

   La defensa del Duque aseveraba que la resolución dictada por Castro con los términos para llevar a cabo la operación inmobiliaria no se ajustaba a derecho y aseguraba que, en el caso de que el magistrado le permitiera saldar su deuda con Hacienda con el dinero procedente de la venta, podría igualmente depositar en el Juzgado la suma "nada despreciable de más de 2,1 millones de euros".

EMBARGO DE LA MITAD DEL PALACETE

   Cabe recordar que la mitad del palacete le fue embargada al Duque tras no haber hecho éste frente a la fianza civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue impuesta de forma conjunta con Torres.

   La Audiencia ya se pronunció sobre las condiciones de venta a raíz del recurso interpuesto en su día por el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, contra la autorización de la venta y que el tribunal también desestimó.

ARGUMENTOS DE MANOS LIMPIAS CONTRA LA VENTA

   Entre otros motivos, el sindicato recriminaba que el matrimonio no ha aportado ningún tipo de documentación que acredite que el precio de la operación inmobiliaria, 6,95 millones de euros, es realmente el mejor precio del mercado, por lo que no puede descartarse que pueda ser vendido a un precio superior.

   Del mismo modo, alegaba que no se ha probado ni se va a probar la procedencia de los 6,95 millones de euros y que "debe vigilarse su origen" para prevenir un posible blanqueo de capitales, a lo que el tribunal señala que si se cometiera este delito "en un futuro próximo, deberá ser perseguido".

   Sin embargo, los magistrados recalcaban que "las posibilidades de futuro que pronostica el apelante no desvirtúan el derecho a la presunción de inocencia que ampara a los imputados por los hechos que se les atribuye en esta causa, ni justificarían medidas excepcionales de vigilancia propias de un derecho penal de autor que no encuentra acomodo en nuestro ordenamiento jurídico".