El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha contado con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático.

Además, los expertos consideran que alargando la vida de las centrales en 10 años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del Fondo de Enresa previsto para el desmantelamiento de las centrales.

También señalan que, dado que es el Consejo de Seguridad Nuclear el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, le corresponde a él determinar la capacidad técnica de cada instalación para continuar su operación en condiciones de seguridad.

Así, concretan que el cierre de las centrales nucleares, supondría un incremento de las emisiones de CO2 del sector eléctrico entre 9,6 y 15 MtCO2, lo que equivaldría a duplicar sus niveles respecto del año base; se incrementaría el precio del mercado eléctrico en torno a un 20% (entre 2.000 y 3.000 M€ al año); no incrementaría la cuota de renovables de forma significativa (del 29,7% actual a 30,6%) y el índice de cobertura de la demanda máxima de potencia, en ciertas condiciones extremas, podría caer hasta 0,86 (cuando el objetivo es 1,1), lo que exigiría acometer inversiones en potencia firme adicional.

La Comisión de Expertos propone, además, que el Gobierno revise cuanto antes el Plan General de Residuos Radioactivos para reducir la incertidumbre que pesa sobre el equilibrio financiero del Fondo con el que se cubrirá el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos.

Además, recuerda que el valor de la tasa que nutre el fondo con el que se financia el plan no se ha modificado desde su entrada en vigor en el año 2010, y que durante el periodo transcurrido desde entonces ENRESA, en y una reducción de la tasa de descuento debido a la evolución de los mercados financieros.

Por ello, considera que resulta necesaria una revisión del valor de la misma para evitar la generación de déficits y, en consecuencia, poder disponer de los recursos necesarios para hacer frente a las responsabilidades futuras. "Su valor actual (6,69€/MWh) resulta
insuficiente y, por tanto, da lugar a la generación de un déficit para el escenario de vida de 40 años contemplado en el vigente PGRR", aseguran.

Los siete reactores en operación, que representan aproximadamente el 7% de la potencia eléctrica instalada, generaron en 2016 el 21,39% de la producción eléctrica total, resultando la primera fuente de generación en España. Esta participación fue del 11,5% a nivel mundial y del 27,7% a nivel de la UE.

PLANIFICACIÓN ADECUADA Y CON ANTELACIÓN

En definitiva, la Comisión considera que, en relación con los distintos desmantelamientos de centrales nucleares que haya que acometer en su día, resulta necesaria una planificación adecuada, y con la suficiente antelación, para optimizar técnica y económicamente los recursos disponibles para llevar a cabo, tanto la gestión del combustible gastado, como la ejecución de dichos desmantelamientos.

Por ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación del vigente Plan General de Residuos Radioactivos, se considera procedente la aprobación de un nuevo Plan al objeto de actualizar las actuaciones y soluciones técnicas a desarrollar en el futuro, así como las previsiones económico-financieras correspondientes.

Por último, al tratarse de un sector con un elevado nivel tecnológico y con experiencia y conocimientos adquiridos durante más de cincuenta años, esta Comisión cree que cualquier decisión que pudiera adoptarse en relación con el parque nuclear debería ir acompañada de un análisis sobre el impacto que tendría para la industria nuclear, con el objeto de tratar de preservar, al menos, el empleo altamente cualificado y las capacidades básicas con las que resulte conveniente seguir contando en el futuro.