El diputado electo de la CUP Albert Botran ha reafirmado la intención de no investir presidente a Artur Mas, y, tras la detención del tesorero de CDC, ha añadido que "siendo Mas el presidente de un partido que lleva esa mochila, puede perjudicar al proceso independentista".

   "La mochila que lleva CDC de corrupción y de casos de financiación ilegal no debe afectar al conjunto del independentismo. Hemos sido muy críticos y hemos ligado el hecho de que la Presidencia no recaiga en Mas a su bagaje histórico", ha declarado tras reunirse su grupo parlamentario.

   Botran considera que casos de presunta corrupción como éste pueden ser un obstáculo para el proceso, pero ha instando a las fuerzas independentistas a "darle la vuelta al calcetín".

   "Impulsamos también un proceso independentista y de ruptura para poder hacer limpieza, para poder dejar atrás todas las malas prácticas y la corrupción enquistada en el sistema político", ha recordado.

   No ha querido pronunciarse sobre qué candidato debería liderar el proceso soberanista y ha recordado que ahora ese asunto "está sobre la mesa de JxSí", que la CUP ya ha explicitado que la Presidencia debería recaer sobre otra persona, y ha advertido de que a JxSí le conviene valorar quién podría ser.

   Sobre que Mas atribuya la operación judicial de este miércoles a una operación de caza mayor contra él y CDC, ha advertido de que "la guerra sucia no puede tapar la corrupción ni la corrupción la guerra sucia".

   "Es evidente que hay intencionalidad política en cuanto a los tiempos de los registros y detenciones. Es evidente que la hay en el momento en que se filtra antes del registro determinados medios para que haya imágenes. Pero esto no quita que detrás haya una denuncia con fundamentos bastantes verosímiles", ha dicho.

   Además, ha recordado que la operación no parte de la Udef ni de una fiscalía, sino de la denuncia de una concejal en Torredembarra (Tarragona).

ACELERAR LA NEGOCIACIÓN

   Botran asegura que la CUP no pretende prolongar la negociación postelectoral con JxSí y que su intención es alcanzar un acuerdo porque las urnas han propiciado que se pacte un plan de ruptura con el Estado.

LO QUE CONTRIBUIRÍA AL ACUERDO

   También cree que la negociación se aceleraría si la CUP viera que el Govern en funciones implementa el plan de choque social, que no puede obedecer a ritmos de negociación que convengan a los partidos --ha dicho-- porque "este invierno debería estar implementándose para que no quede nadie sin techo, comida o calor".

   Otro punto que aceleraría el proceso sería dar un mensaje muy claro de posicionamiento rupturista con el Estado antes de las elecciones generales, porque ayudaría a evitar "los debates que se abrirán en la campaña sobre vías de diálogo que son vías muertas, y vías de negociación que lo único que quieren es desalentar la reivindicación democrática de ejercer el derecho a la autodeterminación".

La operación Petrum suma un cargo del

Govern, 3 miembros de CDC y 6 empresarios

detenidos

  La Guardia Civil ha detenido este miércoles en la tercera fase de la 'Operación Petrum' al tesorero de CDC, Andreu Viloca; al secretario del patronato de la fundación Catdem y exgerente de CDC, Carles del Pozo, a una administrativa del partido y al director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell.

   Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, han sido detenidos seis empresarios del sector de la construcción: Jordi Soler (Grupo Soler), Xavier Tauler (Copisa), Antonio García Bragado (Tec 4), José Luis Romero (Rogasa), Josep Manel Bassols (Oproler Barcelona) y Sergio Lerma (Oproler Madrid).

   En la operación se ha registrado la sede de CDC en la calle Còrsega, el Consorci d'Educació de Barcelona, los ayuntamientos de Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y Olot (Girona), las sedes de estas mercantiles y la de Urbaser, y una decena de domicilios.

   La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente a Viloca un total de seis delitos relacionados con la corrupción que son los de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

   La operación de este miércoles ha llegado después de que en julio la Guardia Civil arrestase al consejero delegado de la empresa Teyco, Jordi Sumarroca, y de que a finales de agosto registrase la sede central del partido en una investigación por el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública dentro de la 'Operación Petrum'.

   Durante el registro del despacho de Sumarroca, la Guardia Civil encontró en la caja fuerte un documento con el logotipo de su empresa, Teyco, que contiene cifras manuscritas que los investigadores sospechan que podrían corresponderse con el porcentaje del 3% que podría haber cobrado el partido en diversas concesiones de obras públicas a través de su fundación afín, CatDem.

   CDC considera que este documento no indica en ningún caso el cobro de comisiones porque no aparece en ninguna parte del mismo el nombre del partido, defiende que todas las donaciones que el partido admite que recibió de Teyco fueron legales y cree que la operación policial está dirigida a hacer daño al partido.

DENUNCIA DE TORREDEMBARRA

   Todo arrancaba de una denuncia de una concejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) en 2012 por presuntos amaños entre Teyco y el Ayuntamiento, que culminó con la detención en junio de 2014 del entonces alcalde, Daniel Masagué (CiU) y el registro de Teyco, entre otras diligencias.

   Luego se produjo la detención de Sumarroca y, a finales de agosto de este año en otro paso de la operación --que dirige el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona)--, la Guardia Civil, bajo la tutela de los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda, registró el despacho de Viloca, que también es administrador de la Fundació CatDem.

   Los registros de agosto incluyeron la vivienda del extesorero de CDC Daniel Osàcar --imputado en el Caso Palau--, y este acompañó también a la Guardia Civil durante el registro de la sede convergente.

   La Guardia Civil se llevó entonces de CDC numerosa documentación del despacho de Viloca, la mayor parte relacionada con la contabilidad de CatDem, que la Fiscalía requirió a CDC, y se llevaron consigo también una copia de su ordenador y varios expedientes.