Los diputados de la CUP Benet Salellas y Mireia Vehí han explicado este lunes que la enmienda a la totalidad que han anunciado sobre el proyecto de Presupuestos de 2016 es irreversible y no la retirarán antes del pleno de la semana que viene que debatirá la admisión a trámite de las cuentas: "La decisión está tomada".

   En rueda de prensa, los diputados han aclarado que están dispuestos a "bajar a la arena política y debatir" para que se incluyan sus demandas, pero no son partidarios de negociar enmiendas parciales porque no están de acuerdo con los límites que han marcado ni en los ingresos ni en el gasto, por lo que prefieren impugnar las cuentas en su totalidad y poder negociar un proyecto nuevo para abordar estos topes.

   "Con el proyecto actual, la enmienda a la totalidad es irreversible", ha zanjado Salellas, que ha criticado al vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, por hacer lo contrario de lo que prometió: unos Presupuestos autonómicos en lugar de unos presupuestos para una república independiente, libres del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

   "Junqueras dijo que no participaría de unos impuestos autonómicos y tenemos más de los mismo. Maquillado y mejorado, pero lo mismo", ha reprochado, y ha aclarado que los impuestos son un instrumento político que a su juicio deben ir más allá de gestionar la miseria y garantizar la soberanía catalana.

   Vehí ha aclarado que la enmienda a la totalidad tiene por lógica "discutir los Presupuestos en su integridad", y exigen varios puntos que deben ser incluidos en el nuevo proyecto que demandan, por eso rechazan atrincherarse y se abren a discutirlos, aunque defienden un plan distinto del de JxSí.

   "No encontramos el eje de la ruptura con el Estado, con Montoro y con la Troika, que se reviertan los recortes de derechos, y una fiscalidad progresiva. Pedimos al Govern que vuelva a presentar un proyecto", ha exigido, aunque Salellas ha insistido en que no se levantarán de la mesa de debate.

   El diputado ha incidido en la necesidad de revertir los recortes "de la época de CDC, para hacer un retorno a la gestión pública del tripartito", porque consideran que el destino de las partidas que incluye el proyecto de presupuestos es el mismo que el de las últimas cuentas públicas.

   Con todo, ha celebrado la propuesta de ERC de recuperar los impuestos anulados por el TC, asegurando que "van en la línea correcta" y matizando que pese a ello habrá que ver si eso es suficiente o no.

   De hecho, han cuestionado que CDC esté "dispuesta a asumir una serie de medidas clave para las clases populares y que ERC que esté dispuesta a liderarlas".

Impulsa una ley contra la discriminación que

"invade" competencias estatales

La CUP ha anunciado este lunes que impulsará una ley en el Parlament contra todas las formas de odio y discriminación, y ha avanzado que una de las partes de la norma "invadirá" de forma consciente competencias que son exclusivas del Estado.

   En rueda de prensa desde la Cámara catalana, el diputado Benet Salellas ha explicado que la norma incluirá un capítulo relativo a la legislación penal "con claro conocimiento de que se están invadiendo competencias".

   Además, la norma también incluirá el capítulo de la ley catalana de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que fue recientemente suspendida por el Alto Tribunal, y la CUP admite que buscan "un cierto desafío a la legislación constitucional vigente".

   La ley quiere ser "un instrumento útil para luchar contra conductas de racismo y odio" que en estos momentos, a juicio de los anticapitalistas, quedan impunes o no tienen la gravedad suficiente para estar recogidas en el Código Penal.

   La norma incluirá un régimen sancionador para que las fuerzas de seguridad "puedan intervenir de forma más anticipada y ante pequeños gestos de intolerancia", así como en tareas correspondientes de identificación y prevención.

   La ley también busca "la penalización de la simbología fascista y racista en actividades públicas más allá de las actividades deportivas donde, teóricamente ya se encuentra sancionada administrativamente" a través de la ley del deporte.

   Los anticapitalistas han argumentado que la ley pretende dar un mensaje de tolerancia cero hacia conductas que ven propias de la extrema derecha, que ha cobrado fuerza de nuevo en varios puntos de Europa.

ORGANISMO INDEPENDIENTE

   La ley crea una comisión de la no-discriminación como "mecanismo sancionador independiente" que estará adscrito a la Sindicatura de Greuges y formado por miembros de la administración catalana, de la judicatura y de las entidades de derecho civiles.

   El organismo no dependerá de la Generalitat porque, según alegan los 'cupaires', tendrán que evaluar también como actúa la administración catalana sobre estos temas y eventualmente sancionarla sino cumple con esta ley.

   La CUP calcula que entre el 70 y el 80 por ciento de denuncias de odio y discriminación quedan actualmente "invisibilizadas", y el objetivo de esta ley es darles la visibilidad que ahora les falta.