Así, el fiscal Gabriel Jaimes ha pedido al juez que encabeza el caso que le permita archivar el proceso iniciado en 2018 por el Tribunal Supremo. Con su autorización, la Fiscalía prevé dar carpetazo así al expediente contra Uribe tras seis meses de recolección de pruebas y en medio de numerosas denuncias vertidas por el exsenador Iván Cepeda, que acusa a la Fiscalía de falta de imparcialidad.

"Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe", ha argumentado la Fiscalía.

El ente ha indicado, además, que las conclusiones que llevaron a esta decisión serán expuestas en una diligencia pública ante el juez del circuito que disponga el sistema de reparto, según informaciones del diario 'El Espectador'.

Asimismo, la Fiscalía ha asegurado que ha actuado en cumplimiento del deber que le asiste de "solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar".

Por otra parte, ha pedido a la población seguir la audiencia para formarse un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos".

EL CASO CONTRA URIBE

El proceso contra Uribe comenzó cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra el exsenador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.

Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.

Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.

Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.