Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que se descarta la petición de penas por sedición, que es el delito por el que acusa la Abogacía del Estado, y la previsión es que los cuatro fiscales que llevan este asunto defiendan definitivamente en sus informes finales la pena de rebelión para el exvicepresident Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los que fueran líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn.

Lo previsible es que el tribunal presidido por Manuel Marchena de voz a las partes para que anuncien sus calificaciones y petición de penas definitiva antes de que el 3 de junio comiencen a exponerse los informes de las acusaciones, aunque si la prueba documental se extiende con la exhibición de los vídeos que integran la prueba documental el anuncio de las calificaciones finales deberá esperar a la semana próxima.

En dicho momento se conocerá si tras escuchar a los encausados, a más de 420 testigos, a los responsables de siete pruebas periciales y tras visionar varias horas de vídeos sobre el 20-S y las intervenciones policiales del 1-O la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox mantienen sus peticiones iniciales de condena sin más, las rebajan u ofrecen alternativas al tribunal.

PETICIONES INICIALES

En sus escritos de conclusiones del pasado 2 de noviembre la Fiscalía del Supremo solicitó de forma inicial imponer al exvicepresident de Cataluña y hoy diputado en el Congreso Oriol Junqueras 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarle jefe o promotor del procés.

Las siguientes penas más altas que inicialmente solicitaba el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional.

Para cada uno de ellos, los fiscales del 'procés' --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- pedían en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.

En cuanto a los exconsejeros que también están en prisión provisional, esto es, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclamaba inicialmente para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.

En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Carles Puigdemont que según su escrito inicial no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia. Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan provisionalmente a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.

ABOGACÍA Y VOX

Tras desvelarse la posición definitiva del fiscal se dará a conocer la de la Abogacía del Estado, cuando la letrada Rosa María Seoane anuncie si eleva a definitivas sus conclusiones iniciales, que descartaban la rebelión en favor de un delito de sedición, o las modifica.

En principio los Servicios Jurídicos del Estado piden 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación; penas de entre 11 años y medio para Forn, Rull, Turull, Bassa y Romeva; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarcó radicalmente de la Fiscalía.

A diferencia del Ministerio Público, la Abogacía consideraba antes del juicio que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Catalunya, si bien ahora tiene la oportunidad de modificar esta posición.

Finalmente, la acusación popular de Vox solicitaba inicialmente un total de 74 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por presuntos delitos de rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos en su participación en el proceso independentista, y penas notablemente más altas que la Fiscalía y la Abogacía también para el resto de encausados.

En este momento procesal se conocerá si el partido político rechaza finalmente acusar por organización criminal, lo que supondría una rebaja de sus peticiones. La Sala ha comunicado que el día 11 próximo mes de junio la vista oral podría quedar vista para sentencia.

La Sala visiona vídeos de los

enfrentamientos con la Policía el 20-S y el

1-O

El tribunal que juzga el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo ha comenzado este martes a visionar los vídeos aportados por las diferentes partes como prueba documental, que se refieren a los incidentes del 20 de septiembre de 2017, con motivo de la operación desplegada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre; además de otros grabados en centros de votación en dicha jornada.

Según ha explicado el presidente del tribunal, Manuel Marchena, al inicio de la práctica de esta prueba documental, tras su visionado tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por Vox como las defensas podrán impugnar la autenticidad de los documentos exhibidos.

El visionado ha comenzado con los vídeos aportados por la Fiscalía, y en el primero podía verse al entonces líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente --para quienes se solicitan 17 años de cárcel por rebelión-- subidos en los coches que la Guardia Civil llevó al registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017.

Desde allí desconvocaban la manifestación, si bien llamaban a los asistentes a concentrarse el día siguiente frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). "Desde este altar majestuoso os convocamos a todos a una movilización permanente por los detenidos, no pararemos hasta que estén en libertad", se escucha decir a Cuixart en uno de los momentos, lo que es secundado por los concentrados a gritos de "votarem" (votaremos), "libertad" y "prensa española manipuladora".

DISCURSOS DE JUNQUERAS Y FORCADELL

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell -que se enfrentan a 25 y 17 años de cárcel, respectivamente, por rebelión-- también han sido objeto de análisis, pues la Fiscalía ha interesado que se mostrasen algunos de sus discursos.

El de Junqueras tuvo lugar en el mismo lugar, y allí se dirigió a los concentrados diciendo que eran "gente que hace aquello que le dicta su conciencia" y se mostraba seguro de que se ayudarían "unos a otros para hacer triunfar la verdad, la libertad y la democracia". Forcadell, por su parte, manifestaba el día 21 de septiembre que "no tenían miedo" y llamaba a votar el 1-O para "decidir el futuro de Cataluña".

La Sala también ha visionado grabaciones realizadas frente a otras consejerías también el 20 de septiembre, como la de Exteriores, donde los concentrados tratan de evitar el traslado de uno de los detenidos golpeando el coche policial y empujando a los agentes u otras sobre el estado en el que quedaron los vehículos de la Guardia Civil que estaban aparcados ante la sede de Economía de la Generalitat.

Muchas de estas imágenes que se han utilizado este martes en la vista oral han sido recogidas de publicaciones en televisiones o página web de medios de comunicación, por lo que el tribunal ha ordenado que se silenciasen sus audios para evitar que se escucharan los comentarios de los periodistas o entrevistados. Al inicio de la prueba documental, Marchena ha advertido que prescindiría de cualquier "valoración" o "información periodística", pero que aceptaría el contenido de los archivos aportados por las partes.

VÍDEOS SOBRE EL 1-O

En cuanto a los vídeos grabados frente a diversos colegios el 1 de octubre, se ha podido ver a grupos de personas impidiendo la entrada de agentes de la Guardia Civil al grito de "somos gente pacífica", "no pasarán" y profiriendo insultos como "hijos de puta" a los agentes.

El Ministerio Público ha hecho una selección de vídeos, algunos grabados con la cámara go-pro que llevaba la Guardia Civil y Policía Nacional durante la intervención, en los que se podía percibir la tensión existente entre los concentrados y los policías a su llegada a los colegios electorales.

Pero pocos de ellos mostraban el uso de las porras por parte las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino los empujones de los agentes con los escudos para hacer frente a la presión ejercida por los manifestantes o cómo trataban de llegar hasta la entrada de los centros de votación, sacando uno a uno a los concentrados.

Por otro lado, el tribunal ha visionado otros en los que se veían a los Mossos d'Esquadra hablando con los manifestantes, informando que había una orden judicial para intervenir las urnas, o de los insultos y cánticos de los votantes contra ellos.

TRACTORES, LA 'TRAMPA DEL FAIRY' Y LANZAMIENTO DE

UNA SILLA

Entre los vídeos sobre la actuación policial el día del referéndum destacan alguno, cuyos hechos han sido relatados por las distintas versiones ofrecidas por los testigos de las acusaciones y de las defensas. Así, se han podido ver imágenes de un colegio de San Martí de Sesgueioles (Barcelona), donde se colocaron tractores en las calles cercanas al colegio, así como una barricada de sillas y mesas para dificultar la llegada de la Guardia Civil.

También otro de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), que refleja la denominada 'trampa del Fairy'. En esta imagen se ve cómo un agente de la Guardia Civil resbala y cae al suelo, momento en que recibe una patada de un manifestante. Según afirmó este mismo miembro del operativo cuando declaró como testigo, "presuntamente habían echado lavavajillas en el suelo".

Asimismo, también se ha visionado el momento en el que un policía consigue entrar en el instituto Quercus de Sant Joan de Vilattorrada (Barcelona), tras romper la puerta de cristal, y alguien, cuya imagen no ha sido captada, lanza una silla que impacta contra el agente.

La falta de orden y de precisión a la hora de reproducir las imágenes ha sido motivo de queja por parte de las defensas, que han pedido en varias ocasiones al fiscal Jaime Moreno que indicase la fecha, incluso de la hora, a la que hacían referencia los vídeos que se estaban mostrando en ese momento. En algunos de ellos, el representante del Ministerio Público no ha sido capaz de ofrecer tal información.

De hecho, los abogados de Cuixart han protestado varias veces porque, según ha explicado al tribunal, la Fiscalía ha confundido los hechos que intentaba denunciar con las fechas. Así ha ocurrido cuando el fiscal ha identificado unas imágenes con la huelga del 3 de octubre de 2017, y la defensa las situaba con otra huelga, la del 9 de noviembre.

VÍDEOS DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Los vídeos que ha expuesto la Abogacía del Estado --que compartía muchos con la Fiscalía, los cuales no se han reproducido de nuevo-- se han centrado en registros que se practicaron el 20 de septiembre de 2017 y en los que decenas de personas entorpecieron la labor de la Policía Judicial, unos situándose delante de la puerta, otros sentándose en la calzada o incluso junto a las ruedas de los coches, así como los actos de protesta frente a los hoteles donde se alojaron policías y guardias civiles durante el despliegue en Cataluña.

El tribunal también ha podido ver anuncios de publicidad del 1-O, el acto de presentación del referéndum celebrado a principios de julio en el Teatro Nacional de Cataluña --en el que se reveló la pregunta y al que acudió todo el Govern de Carles Puigdemont--, además de un discurso de los 'Jordis' en junio en el que afirmaron que en Cataluña nunca más habría elecciones autonómicas.

En la sesión de este martes se han reproducido más de un centenar de vídeos de la Fiscalía y la Abogacía a lo largo de seis horas. Mañana, miércoles, se reanudarán con aquellos que han quedado pendientes de los servicios jurídicos del Estado y a continuación comenzarán a visionarse los que han quedado pendientes de los servicios jurídicos del Estado y a continuación comenzarán a visionarse los que han aportado las defensas de los acusados.