El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido incorporado a la pieza número 27 del caso Palma Arena, considerada la ramificación de la trama Gürtel en Baleares y que se centra en el presunto trato de favor que recibió Over, a través de contrataciones fraudulentas, durante el último mandato de Matas (2003-2007).

Los investigadores apuntan a su vez a que parte del dinero público que recibió la empresa habría acabado en manos del PP balear, indagando de este modo si se produjo una financiación ilegal del partido. Precisamente, en el marco de estas pesquisas se encuentran imputados, entre otros, el propio Matas así como el actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez.

En su informe, el Instituto Armado señala que durante los registros practicados en la sede de Over, en verano de 2010, con motivo de la operación policial del llamado caso Ibatur, fue hallada numerosa documentación que "evidencia" el coste real de 'Ciberpime' y cómo éste fue fraccionado por el Govern a través de varias de sus Consellerias, Direcciones Generales, empresas públicas y una mercantil privada, que "nada tuvo que ver" con la campaña.

"El coste recibido por el entramado societario Over Marketing alcanzó los 109.138 euros", abunda la Guardia Civil en relación a unos trabajos que fueron desarrollados, en concreto, durante los años 2005 y 2006.

Los documentos aportados por la Benemérita incluyen asimismo varios correos que acreditarían el presunto amaño en favor de Over y que revelan comunicaciones entre directivos de Over, en las que se detalla cómo la facturación emitida y pendiente de 'Ciberpime' debía ascender a 91.691 euros (109.138 euros con IVA).

Del mismo modo, en los emails se detalle que parte de la facturación de la campaña publicitaria va dirigida a la empresa Indra Sistemas, que según la Guardia Civil no tenía nada que ver con 'Ciberpime' si bien durante esas fechas fue adjudicataria de otro concurso público por parte de la Conselleria de Economía, denominado 'Administración Digital', por un importe de alrededor de un millón de euros.

En relación a estos hechos, el juez Castro ha citado a declarar para el próximo 8 de octubre al empresario y exgerente del ParcBit Antonio Reus como imputado, y a los testigos Bernat Albertí, José Vicente Juan y Damián Vidal, con el objetivo de esclarecer las presuntas irregularidades que rodearon a la financiación de la anterior campaña de publicidad.

En el marco de esta causa se encuentran imputados, además de Matas y Rodríguez -quien en julio de 2012 dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que habría incurrido en favor de la trama Gürtel mientras era conseller de Matas-, el expresidente del Parlament balear Pere Rotger, la exconsellera de Salud Aina Castillo, el extesorero 'popular' Fernando Areal, y el administrador de Over, Daniel Mercado.

CONFESIONES DEL ADMINISTRADOR DE OVER

El propio Mercado confesó que, con motivo de su intervención en la campaña electoral del PP de 2003, pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos en dinero negro e incluso manifestó que existía el acuerdo con el exmandatario de que parte de los gastos electorales que se debían cobrar en B -dinero opaco al fisco- y no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.

En este contexto, Mercado explicó cómo Fernando Areal, cuñado de Matas, era quien establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue José María Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro, en las antiguas oficinas del partido. Tal y como aseveró, el grueso de los pagos en negro los realizó el extesorero del PP, hermano de la mujer de Matas, Maite Areal, al que supuso que el expresidente "ya le había dado instrucciones".

Incidiendo en el papel de Rodríguez, Mercado apuntó que se trataba del dirigente que "realmente tomaba las decisiones en el PP". Según recordó, los presupuestos que presentaba a los exaltos cargos del PP en relación con los comicios eran supervisados por Rodríguez, ya que éste tenía "una gran experiencia en costes de campañas electorales".

Precisamente, respecto a Rodríguez, los investigadores tienen en sus manos un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, según explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en concepto de los servicios electorales". "Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez", aseveró.