La Guardia Civil reclama que se realice una auditoría de las cuentas de la Generalitat de Cataluña por la gran dificultad que están teniendo para averiguar las cantidades exactas con las que se financió el referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre. Así lo han hecho constar en uno de los últimos informes entregados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde dejan constancia de la "opacidad" de la administración catalana, que no ha respondido al requerimiento judicial en el que se les pedía la información de las partidas destinadas a ese fin.

En el citado informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los instructores hacen "constar la dificultad que entraña conocer las cantidades verdaderas" que han sido empleadas para "preparar y finalmente materializar" esa consulta.

Por este motivo, consideran que "para determinar con exactitud o con una aproximación más real las cantidades malversadas sería necesario realizar una Auditoría a las cuentas de la Generalitat".

La Guardia Civil recomienda que esta auditoría sea llevada a cabo por "un organismo con capacidad efectiva para esa tarea" y propone que lo haga la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas.

Los investigadores tampoco descartan que parte de los gastos que ocasionó el referéndum ilegal los sufragaran la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural "gracias a las subvenciones" que reciben ambas entidades, cuyos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encuentran en prisión preventiva.

En el citado informe, fechado el pasado 20 de noviembre, los agentes dejan claro su convencimiento de que "se ha empleado dinero público" en el 1-O, pero sólo han logrado determinar una parte de lo que gastó el gobierno de Carles Puigdemont. Se trata del coste de las campañas publicitarias para llevar a cabo el referéndum ilegal, cuyas facturas sumaron 502.639,61 euros. Un gasto cuya autorización atribuyen al Consejero de Presidencia, Jordi Turull.

SE DESCONOCE SI 2,3 MILLONES SIGUEN EN LAS ARCAS

DE LA GENERALITAT

También han podido averiguar que la partida total que había previsto la Generalitat catalana para las campañas publicitarias del referéndum ascendía a 2,7 millones de euros mas IVA. Aunque adjudicó contratos por valor de 2.299.200,20 euros más 47.000 euros de IVA. Sin embargo, las empresas adjudicatarias de esas campañas renunciaron a llevarlas a cabo.

La Guardia Civil ha logrado estos datos tras interrogar tanto a los intervinientes en la adjudicación como a los adjudicatarios. Pero, a pesar de que Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención al Ciudadana, ha asegurado que ese dinero debe seguir en las arcas de la Generalitat, los agentes desconocen "la certeza de esa afirmación".

Así lo han hecho constar en el informe en el que solicitan la auditoría de las cuentas de la Generalitat porque ésta no ha contestado todavía al mandato judicial de 6 de noviembre. En esa orden, el juez instructor del caso reclamaba el desglose de las partidas destinadas al referéndum y la Consejería a la que se repercutieron los gastos.

"OPACIDAD" POR TEMOR A LAS CONSECUENCIAS, TRAS

LAS FIANZAS DEL 9N

La Benemérita cree que la "opacidad" de la Generalitat para "reconocer qué cantidades públicas efectivas se han destinado a ese referéndum" puede estar "fundada para no tener que afrontar las posibles consecuencias". Y ponen como ejemplo de éstas, las que ha tenido la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, por la que el Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza de 5,2 millones de euros al expresidente Artur Mas y los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. Estos cuatro exdirigentes no han podido completar la caución y el Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo de sus bienes.

En el informe se explican cuáles son las actuaciones que pretenden realizar para conocer el coste empleado en el referéndum ilegal. Citan, además de los costes relacionados con la publicidad del referéndum; los gasto directos en la compra de urnas, papeletas, sobres, certificaciones para la composición de las mesas electorales (de los que participó Unipost en su distribución, según apuntan) y los costes del desarrollo de software, webs, contratación de dominios, gastos relacionados con el llamado censo electoral, ordenadores, en la creación de un call center, etc.

A estos, añaden los gastos en informes relacionados con la preparación del referéndum, en los que se plantean las condiciones en las que se debería celebrar éste para que fuera aceptable para la Generalitat, y que fueron elaborados, según cita la Guardia Civil, por "Carles Viver Pi i Sunyer --el exmagistrado del Tribunal Constitucional y presidente y designado en 2013 para presidir el Comisionado para la Transición Nacional de Cataluña-- o su entorno y por los que pudo percibir retribución pública".

También añaden en su lista, los gastos de los actos de clausura de la campaña del referéndum con "participación de artistas y fuegos artificiales en la Plaza de España de Barcelona", así como los gastos en los que ha incurrido el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, el llamado DIPLOCAT y los costes relacionados con el traslado, estancia de los distintos observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum y pago a todo el personal que ha participado en la celebración del 1-O.