La Infanta Cristina no podrá alojarse en el Palacio de Marivent durante su estancia en Palma a partir de la semana próxima para asistir al inicio del juicio del 'caso Nóos', en el que está acusada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.

   El palacio, titularidad de las autoridades autonómicas de Baleares, se cedió en 1973 a los entonces Príncipes Juan Carlos y Sofía para que disfrutasen de sus vacaciones en la isla. Desde entonces, ha sido la residencia estival oficial de la Familia Real, que también solía desplazarse a Palma en Semana Santa. Pero ni la Infanta Cristina es hoy miembro de la Familia Real, ni su presencia en Palma se debe precisamente a unas vacaciones en familia.

   Al margen de estas dos obviedades, la distancia que ha marcado Felipe VI con respecto a su hermana difícilmente permitiría alojarse en un palacio que no es ni siquiera propiedad de la Familia Real a quien acude a la isla para sentarse en el banquillo de los acusados.

   Desde la proclamación de Felipe VI como Rey, éste marcó nuevas distancias con sus cuñados, hasta el punto de retirarle a ella en junio pasado el título de duquesa de Palma, y por extensión el de duque de Palma a su marido. Desde esa fecha, tanto la Infanta como Urdangarin tienen expresamente prohibido hacer uso de ese título nobiliario.

   Con esa decisión --le compete en exclusiva al Rey la concesión o revocación de títulos nobiliarios-- Felipe VI quiso demostrar que está cumpliendo con la hoja de ruta que se marcó en su discurso de proclamación aquella mañana del 19 de junio de 2014, cuando se comprometió a hacer más ejemplar la Monarquía, como demandan "con razón" los ciudadanos.

LA RELACIÓN PERSONAL, DETERIORADA

   Pero también sirvió para dejar en evidencia el deterioro de la relación personal entre los dos hermanos como consecuencia de los negocios que montó Urdangarin para aprovechar su condición de miembro de la Familia Real.

   Un día después de que Zarzuela anunciara la decisión del Rey de revocar el título nobiliario a su hermana, ésta contradijo la versión de su hermano sosteniendo que fue ella la que renunció voluntariamente a seguir haciendo uso del ducado de Palma. Y para probarlo, difundió una carta manuscrita fechada días antes del anuncio de Zarzuela, pero que no iba acompañada de ningún matasellos ni otra prueba que confirmase su envío en esa fecha.

   Este movimiento de la Infanta obligó a Zarzuela a desmentir la versión de Doña Cristina. Un portavoz de la institución aseguró que la carta de la Infanta se recibió después de que el Rey Felipe VI le comunicase su decisión de revocarle el derecho de hacer uso del ducado.

   La retirada del título nobiliario era el máximo golpe de autoridad que el actual monarca podía dar ante su hermana, a la que nadie puede desposeer de su condición de Infanta, que tiene por su mera condición de hija de Rey.

   La renuncia de la Infanta a sus derechos dinásticos --es la sexta en el orden de sucesión al trono-- es un movimiento que solo puede venir de ella y hasta la fecha no ha dado muestras de estar dispuesta a dar ese paso, a pesar de tratarse de un gesto que le ha pedido hasta su padre, el Rey Juan Carlos, a través de intermediarios, según desvela el periodista Fernando Ónega en su libro 'Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar'.

   La Infanta Cristina tampoco se alojó en Marivent durante su declaración ante el juez Castro en febrero de 2014. En aquella ocasión viajó a la isla en el mismo día, sin pernoctar en Palma. Dos años antes, en cambio, los entonces duques de Palma sí se alojaron en Marivent con motivo de la primera declaración de Urdangarin ante el juez. Fue la última vez que pisaron el palacio.

   En esta primera sesión del juicio, el matrimonio Urdangarin Borbón se sentará en la tercera y última fila del banquillo de los acusados, aunque no estarán uno al lado del otro, sino separados por otros tres imputados.

HASTA SEIS MESES DE JUICIO

   Hasta 18 acusados se sentarán en el banquillo en esta vista oral que, de no producirse un pacto inicial con las acusaciones, prevé prolongarse hasta el 30 de junio.

   En esos seis meses se juzgará el presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de los que se habrían apoderado tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres, a través de una compleja maraña de empresas ficticias con el Instituto Nóos como epicentro de la trama.

   La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para catorce de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la Infanta y 16 y medio para Torres.

   Por su parte, la hermana del Rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón.

   La entidad considera que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y que constituía una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio.

   El Ministerio Público considera en cambio que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por su marido.

   De hecho, durante la primera sesión de la vista -que podría prolongarse hasta el 12 de enero-, en la denominada fase de cuestiones previas la defensa de la Infanta planteará que se le aplique la llamada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido -la Agencia Tributaria no acusa a la Infanta-. La hija de don Juan Carlos deberá por tanto sentarse en el banquillo al menos durante los primeros días.