y a otros tres exaltos cargos de la Junta, a quienes ha citado a declarar entre el 5 y el 8 de mayo.

   Fue en enero de 2014 cuando la magistrada acordó abrir estas nuevas diligencias previas, derivadas de los ERE irregulares, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la apertura de un procedimiento penal independiente sobre la "actuación aparentemente fraudulenta" de IFA/IDEA en la concesión de ayudas a empresas "bajo el paraguas formal de avales, préstamos y garantía de préstamos".

   En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora imputa por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a Martín Soler, al que cita a declarar el 7 de mayo; al exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Jesús María Rodríguez, citado el 6 de mayo; al exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, que tendrá que comparecer el 5 de mayo, y al exsecretario general de la Consejería del ramo Juan Francisco Sánchez García, que lo hará el 8 de mayo.

   La juez encomienda la investigación a la Guardia Civil y le ordena que "analice si además de existir iniciales indicios de delito en las ayudas derivadas de la Orden de 5 de noviembre de 2008, entre otras razones por conceder en 2009 avales que superaban en cuatro veces el techo presupuestario y por financiarse con transferencias de financiación de capital por parte de Innovación o por no perseguir el reintegro de las mismas mediante los servicios de recaudación de la Agencia Tributaria, la concesión o gestión ilícita puede o no extenderse a los avales y préstamos concedidos por IDEA con anterioridad a esta línea de ayudas y al margen del programa 31L de la Consejería de Empleo".

   Cabe destacar que dicha Orden de 5 de noviembre de 2008 establece las bases reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía.

   La juez, a fin de "dar el adecuado impulso procesal" a la causa para el "esclarecimiento" de los hechos, acuerda que los peritos de la Intervención General del Estado informen sobre "las ayudas de salvamento, reestructuración y temporales concedidas a las empresas en virtud de las bases reguladoras contempladas en la Orden de 5 de noviembre de 2008 y disposiciones sucesivas".

   Así, pide a los peritos que informen sobre si "constituye incumplimiento de la legalidad vigente, generador de posible menoscabo de fondos públicos, la situación producida en IDEA en el ejercicio de 2009 de superación del límite presupuestario en la concesión, por delegación del titular de la Consejería de Innovación, de créditos o avales a empresas relativas a este tipo de ayudas".

   Todo ello "teniendo en cuenta que el artículo 29.5 del Presupuesto de dicho ejercicio fijaba en 18 millones el importe máximo de avales y el total de los avales formalizados por la agencia en ejecución del encargo realizado por la Consejería de Innovación en dicho ejercicio ascendió a 71.284.198 euros", dice la juez, que ordena que, para ello, "deberá analizarse" el acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2008 y las alegaciones realizadas por Jacinto Cañete en un escrito de noviembre de 2013.

"MENOSCABO DE FONDOS PÚBLICOS"

   Alaya también reclama a los peritos que, "en relación a la posibilidad de menoscabo de fondos públicos", analicen "en dicho ejercicio económico y en los restantes en que se haya producido, incluido el 2008, la idoneidad o no de la presupuestación y del uso para estos actos específicos de transferencias de financiación de capital procedentes de la Consejería de Innovación, con detalle del programa/s y previsiones presupuestarias de tales transferencias y su uso en el Presupuesto de la Consejería y de la agencia, debiéndose informar si ese instrumento financiero ha afectado a la adecuación del procedimiento seguido para la concesión de estas ayudas y al control necesario por parte de la Intervención".

   Además, los peritos deberán analizar si los avales concedidos fueron comunicados a la Consejería de Hacienda y si tales ayudas "eran autorizadas" por el Consejo Rector de IDEA y por el Consejo de Gobierno "en los casos legalmente previstos", e informar sobre "si ha existido retraso o inactividad por parte de IDEA en la ejecución de las garantías de las empresas, ante la ejecución de los avales por las entidades financieras y el impago de los préstamos por parte de aquéllas".

   De igual modo, pide a los peritos que informen de los fondos públicos recuperados y sobre "si las garantías prestadas, y las comprobaciones de las idoneidades de las mismas, fueron las necesarias para la concesión de dichas operaciones de crédito, o pudieron en algún caso encubrir meras liberalidades", mientras que también "deberá analizarse si se han realizado por la agencia las operaciones de comprobación necesarias para acreditar la adecuada justificación, control y seguimiento de las ayudas".

INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN POR LA COMISIÓN

EUROPEA

   La juez también solicita a los peritos que definan el marco normativo comunitario y comprueben en los diferentes ejercicios "el incumplimiento, reseñado por la Intervención General en su Informe de Cumplimiento de 2009, del requisito previo de autorización individual de las ayudas por parte de la Comisión Europea, debiendo informarse sobre la autorización del régimen de ayudas por parte de la citada Comisión y, en su caso, sobre el alcance de la misma".

   Por último, los peritos deberán realizar un estudio sobre "el incumplimiento del principio de ayuda única" y un análisis comparado "acerca de si empresas beneficiarias de este tipo de ayudas lo han sido también de ayudas sociolaborales o a empresas por parte de la Consejería de Empleo a través de la misma Agencia".

   De otro lado, Alaya reclama a la Junta que, en 20 días, entregue abundante documentación, como el acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2008, una relación de las ayudas de salvamento y reestructuración que hayan sido autorizadas por el Consejo Rector de IDEA y los acuerdos del Consejo de Gobierno en los que se hayan ratificado dichas ayudas, así como las propuestas, anteproyectos y proyectos de presupuesto de la Consejería de Innovación e IDEA correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013, y los informes de cumplimiento y de cuentas anuales de IDEA realizados por la Intervención General de los ejercicios 2008 a 2013.

   Además, y en cuanto a los informes de actuación de 26 de febrero de 2014 respecto a las ayudas concedidas a A-Novo Comlink, Dolmen Consulting y Santana Motor mediante acuerdos del Consejo de Gobierno, la juez pide a la Junta los documentos de remisión por la Intervención a los titulares de las consejerías de Innovación y de Hacienda, y las manifestaciones de conformidad o disconformidad del titular de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa al titular de Hacienda.

PIDE LAS CUENTAS ANUALES DE IDEA DE 2008 A 2013

   También pide las cuentas anuales de IDEA de los ejercicios 2008 a 2013 y que esta misma agencia informe de los préstamos y avales concedidos desde el 2008, cuáles se reintegraron en periodo voluntarios, cuáles fueron fallidos y si se ha iniciado procedimiento judicial.

   En esta línea, pide a IDEA que, "al margen de las ayudas de salvamento y reestructuración y del programa 31L de la Consejería de Empleo, especifique si en cualquier otra línea de ayudas se han concedido préstamos o avales a las empresas, y en qué periodo de tiempo, ofreciendo los datos precisos para su identificación, fecha de concesión, de devolución, importe reintegrado, fuente de financiación y si tales préstamos o avales se han concedido por encargo o no".