La juez Mercedes Alaya ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 100.000 euros del exjefe de servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla Carlos Podio, uno de los 32 detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Enredadera' donde la magistrada investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos.

   De este modo, y a falta de tomar declaración a seis de los detenidos, la juez ya ha mandado a prisión a tres de los arrestados en la operación 'Enredadera', como son el propio Carlos Podio; Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de Adif en Sevilla que podría abandonar la cárcel si abona una fianza de 90.000 euros, y el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, que podría salir en libertad si paga 180.000 euros.

   En este sentido, fuentes del caso han informado de que el exjefe de servicio de Carreteras de la institución supramunicipal ha declarado ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla y ha negado haber recibido 111.000 euros en comisiones por parte de la empresa Fitonovo entre los años 2001 y 2013, tal y como le atribuye la juez.

   Asimismo, y a preguntas de su abogado defensor, ha aludido a la investigación interna abierta por la Diputación de Sevilla tras la segunda fase de la operación Madeja desarrollada en el mes de diciembre de 2013 que no detectó irregularidades en la tramitación de expedientes del servicio de carreteras al que pertenecía el propio Carlos Podio, los cuales "son conformes a la normativa estatal".

UN EXGERENTE DE ADIF EN SEVILLA TAMBIÉN ENTRA EN

PRISIÓN

   Otro de los detenidos que ha comparecido este miércoles ante la instructora ha sido Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de Adif en Sevilla a quien la juez ha mandado a prisión eludible con el pago de una fianza de 90.000 euros por medio de un auto en el que le atribuye haber recibido entre 2002 y 2011 un total de 428.535 euros en "sobornos" a cambio de "beneficiar" a la empresa Fitonovo "en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos".

   En la comparecencia, la juez ha imputado a este exgerente de Adif tres presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho y prevaricación, tras lo que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión bajo fianza de 250.000 euros, cantidad que Alaya rebajó a 90.000 euros.

   En el auto de prisión, la juez dice que el imputado habría percibido entre los años 2002 y 2011 un total de 428.535 euros en "sobornos", unas cantidades que "fueron retiradas en efectivo de la denominada 'caja B' de Fitonovo, firmando los recibos de dichas retiradas" el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, quien este martes ingresó en prisión bajo fianza de 180.000 euros.

"CAJA B"

   Según la juez, estas cantidades "se atribuyen a la contraprestación recibida" por el exgerente de ADIF "por beneficiar a Fitonovo en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos", de manera que "habría resultado beneficiado con los anteriores sobornos", destacando que en el año 2005 llegó a cobrar 98.800 euros.

   La instructora considera que "existen sólidos indicios" en la causa de la comisión por parte del inculpado de "hechos delictivos graves", todo ello "según se desprende del análisis de la extensa documentación incorporada a la causa, y más concretamente de los archivos documentales correspondientes a la Caja B de Fitonovo, sus asientos contables, sus continuas anotaciones manuscritas y los recibos de dicha caja de cantidades retiradas por el inculpado o por comerciales a su cargo con la expresa indicación del destinatario concreto al que iban dirigidas en concepto de sobornos, además de las diversas facturas supuestamente falsas que nutrían la Caja B".

   La instructora añade que el propio imputado ha admitido en su declaración judicial que "su labor se centraba en los contratos menores, obras de reparación y que siempre tenía fidelizadas seis o siete empresas", punto en el que agrega que las "dádivas" constituían "práctica habitual de la empresa" Fitonovo, "realizándose las mismas de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados, como en el caso de Rodríguez Jurado".

"ORGANIZACIÓN CRIMINAL JERARQUIZADA"

   A juicio de la juez, esta práctica "para la consecución de contratos públicos se extendió durante un largo periodo temporal que abarcaría desde 1995 hasta 2013, y múltiples áreas geográficas y administraciones públicas".

   "Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo, donde el inculpado contribuía a facilitar el beneficio" de esta empresa "durante un largo periodo de tiempo desde el año 2002 a 2011 a través de su intervención en la adjudicación de contratos menores y/o de ejecución de los mismos".

   La magistrada considera que los indicios existentes contra este exgerente de ADIF "son extraordinariamente sólidos y consistentes" y ordena su ingreso en prisión en atención a la importancia de estos indicios, la gravedad de los delitos y de las penas que llevan aparejados, y el riesgo de fuga existente.

SIETE IMPUTADOS QUEDAN EN LIBERTAD CON CARGOS

   En la tarde de este miércoles también han comparecido ante la juez Jesús Torres y Alicia Alonso, el primero trabajador de Fitonovo en Sevilla y la segunda en su sede en Granada, quienes han quedado en libertad con cargos.

   Durante la mañana, ya comparecieron ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla otros cinco de los detenidos por la UCO en la operación 'Enredadera', entre ellos dos empleados de Fitonovo y el exjefe de servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Elías Oliver, que fue el antecesor en este puesto de Carlos Podio.

   Los cinco imputados, que comparecieron ante Alaya tras ser puestos en libertad por la Guardia Civil, se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que la magistrada los dejó en libertad con cargos.

22 DE LOS 32 DETENIDOS, EN LIBERTAD

   En el caso de Elías Oliver, la juez le ha imputado tres delitos de cohecho, prevaricación y malversación, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado para el imputado una fianza de responsabilidad civil de 60.000 euros.

   Hay que recordar que la Guardia Civil ha dejado en libertad a 22 de las 32 personas detenidas dentro de la operación 'Enredadera' y prevé poner a lo largo de este jueves a disposición de la juez a los seis detenidos que todavía no han comparecido en sede judicial.

   Entre ellos figura el segundo teniente de alcalde del municipio de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez, y Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento hispalense en el anterior mandato cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y que este mismo martes fue cesado como miembro de IU en la comisión de Mercados Ambulantes.