La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 1.401.349,33 euros a Eduardo Manuel Lora, empresario de la Sierra Norte de Sevilla que fue presidente de la empresa SAT Virgen del Espino, dedicada a almazara de aceite y ubicada en El Pedroso.

   Este imputado compareció el día 29 de abril de 2014 ante la juez Mercedes Alaya, que le imputó tres presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, y aseguró que el exconsejero de Empleo y antaño diputado del PSOE en el Congreso José Antonio Viera "prometió" una ayuda de 600.000 euros para la empresa, tras lo que "llegó una ayuda" por dicho importe.

   En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez dice que, de las investigaciones efectuadas y de la declaración prestada por el empresario, "se desprende" que el imputado "ejercería sus influencias sobre los responsables de la Consejería de Empleo para la concesión de subvenciones a dicha sociedad".

   "Fruto de las mismas", el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, "dictaría dos resoluciones, una el 4 de abril de 2003 por importe de 600.012,12 euros que cristalizaría en el Convenio con IFA de fecha 19 de septiembre de 2003, por el que se ordenaría el pago a dicha entidad de una subvención por cuantía de 601.012 euros, y otra el 6 de febrero de 2004 por importe de 450.750 euros que no se traduciría en Convenio hasta la época" de Juan Márquez, "la cual sería cedida a la Caja San Fernando".

"PRESIONES"

   En este sentido, el ex director general de Trabajo Juan Márquez, "igualmente en virtud de las influencias directas o indirectas ejercidas" por el imputado "y asumiendo el compromiso de su antecesor", dictaría una resolución de ayuda sociolaboral el 30 de julio de 2009 por importe de 450.000 euros, "que se traduciría en el Convenio de 3 de agosto de 2009 con IDEA para el pago de la citada subvención".

   "Aunque en la solicitud de esta última ayuda, de la que carecía la anterior, se menciona por el inculpado que solo se poseen dos trabajadores, en el Convenio se aludiría por el citado director general a que dicha ayuda sería para su distribución entre los ocho trabajadores de la sociedad a fin de garantizar su permanencia", recuerda la magistrada.

   En total, lo efectivamente abonado a dicha empresa en virtud del programa 31.L de la Dirección General de Trabajo ascendería a 1.051.012  euros, a través de "cinco pagos de IFA/IDEA y uno de 92.000 euros en 2006 por Estudios Jurídicos Villasís, probablemente por orden de Guerrero ante las presiones ejercidas" por el imputado.

   La instructora dice que, además, el imputado "ha estado muy vinculado a empresas pertenecientes" a José Enrique Rosendo y a José María Sayago, "las cuales fueron beneficiarias de modo ilegítimo de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo por importe de 34 millones de euros, concedidos fundamentalmente entre 2003 y 2004, concediéndose diversas ayudas durante el tiempo en que" el imputado "tuvo responsabilidades o intereses en algunas de estas empresas".

"INFLUENCIA"

   La juez subraya la "influencia" ejercida por el imputado para la concesión de subvenciones a su empresa, "el trasvase de fondos de la misma a otras sociedades del ámbito de Rosendo y Sayago y los cargos de responsabilidad o participación en sociedades relacionadas con los anteriores cuando les fueron otorgadas subvenciones o hicieron uso de los fondos públicos ilegítimamente concedidos".

   En un segundo auto, consultado por Europa Press, la magistrada impone una fianza civil de 25.027,88 euros al exdiputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso, una fianza que estaba pendiente desde que el imputado compareció ante Alaya en diciembre de 2013, hace ya casi dos años.

   La juez dice que, como trabajador y apoderado de Cenforpre, "indiciariamente se beneficiaria de los delitos que se investigan en las presentes actuaciones, concretado en la suscripción de una póliza con la compañía Apra Leven, cuya preparación y cálculos actuariales habrían sido realizados por Vitalia, con parte de la comisión que percibe por la póliza de Apra Leven en el marco del ERE de Aglomerados Morell de 41.000 euros".

"SOBRECOMISIONES"

    De esta manera, añade la juez que "se aplicarían 18.770,91 euros a una nueva póliza" de la que el beneficiario sería el imputado, que percibiría un primer pago el 1 de noviembre de 2008 de 6.240 euros, mientras que a partir del 1 de diciembre de 2008 percibiría ocho mensualidades de 1.560 euros, "la última con fecha 1 de julio de 2009, sumando el total antes referido un importe de 18.770 euros".

   Presuntamente, "el dinero que percibiría este imputado procedería una vez más de las elevadas sobrecomisiones que recibe Vitalia por su intervención en procesos de reestructuración de empresas en crisis financiados por la Junta de Andalucía, que en este caso se aplicaron a la póliza relacionada con el expediente de Aglomerados Morell", asevera la instructora.