La jueza instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara, ha solicitado nueva documentación para proseguir con sus investigaciones sobre la supuesta "financiación ilícita" del PP de Ourense por hasta cuatro delitos, que concreta en falseamiento de cuentas, apropiación indebida, y en su caso, cohecho y tráfico de influencias.

   En un auto con fecha del pasado 9 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo también amplía los dirigentes del PP a nombre de los cuales se habrían emitido facturas desde el año 2003 hasta la actualidad que quiere incluir en sus indagaciones.

   Así, pide las facturas emitidas a nombre de Jackeline Elisabeth Fernández Macías, quien figuró en las listas del PP al Congreso y preside Nuevas Generaciones de Ourense desde el año 2010; la senadora y alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte Coello; el senador y alcalde de Leiro, Francisco José Fernández Pérez; y la diputada en el Congreso Ana Belén Vázquez Blanco, que se añaden a los más de 20 'populares' sobre los cuales ya había solicitado documentación.

   Además de a estos cuatro dirigentes del PP, la jueza también requiere a La Región que facilite las facturas emitidas desde 2003 hasta la actualidad al PP, así como a Extraco, Aquagest, Procedimiento de Aseo Urbano (PAU) y Grupo Europeo de Servicios Doal. Pilar de Lara sostiene que de las diligencias practicadas resultaría "indiciariamente", que el PP de Ourense "se habría podido financiar ilícitamente a través de un elaborado sistema de facturación falsa y ficticia" en el que cree que podrían haber colaborado algunas de estas empresas investigadas.

   La jueza también autoriza a Vigilancia Aduanera para utilizar los datos informáticos fiscales de las bases de datos de la Agencia Tributaria, así como los documentos fiscales existentes en los archivos relativos a la actividad económica y fiscal de La Región. Además, requiere a la televisión local Telemiño que remita las facturas emitidas desde 2003 hasta la actualidad al Grupo Municipal del PP y a Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia.

   Fuentes del grupo mediático de Ourense consultadas por Europa Press han reiterado su total colaboración con la Justicia y han subrayado que remitirán toda la documentación que le sea requerida. Desde un primer momento, Telemiño afirmó que la documentación entregada prueba que "jamás" participó en ninguna operación de financiación "de partido alguno", ni emitió facturas "falsas o ficticias".

INVESTIGA SI EL MÉTODO SIGUIÓ DESDE 2011

   La tercera empresa a la que la jueza solicita documentación este auto es Nacher Publicidad, que debe facilitar las facturas emitidas desde 2003 hasta la actualidad al PP y se le requieren los libros contables. Y es que basándose en el testimonio del exgerente, Pilar de Lara apunta que el "método consistente en facturar falsamente para encubrir donaciones" se habría utilizado hasta el año 2010.

   Sin embargo, la jueza extiende sus sospechas de irregularidades más allá y señala que, según un informe de Vigilancia Aduanera, a partir de 2011, cuando ya estaba al frente del PP de Ourense José Manuel Baltar, "se ha podido seguir con idéntico sistema si bien utilizando otras empresas". En concreto, alude a Nacher Publicidad.

   Precisamente, tras el análisis de la documentación ya entregada por esta empresa, la jueza constata la existencia de facturación a nombre del PP, pero advierte de que existen más facturas que las remitidas a nombres de este partido, según se desprende de la información obtenida de la base de datos de la Agencia Tributaria. Además, alerta de que "existen divergencias" entre lo declarado por el PP y por Nacher sobre sus relaciones comerciales.

   En su auto, Pilar de Lara coteja la documentación que ya ha recibido hasta el momento de empresas como Telemiño o como Gallega de Publicidad & Diseño (Pla&nos). Respecto a esta última, por ejemplo, señala que en 2005 se efectúa una facturación correlativa a los candidatos del PP, como a José Manuel Baltar (actual presidente del PP y de la Diputación de Ourense), por importe de 4.060 euros; Miguel Santalices (actual vicepresidente del Parlamento), por 4.292 euros; Roberto Castro (actual subdelegado del Gobierno en Ourense), por 3.933 euros; Antonio Rodríguez Miranda (actual secretario xeral de Emigración de la Xunta), por 4.408 euros; o Amparo González Méndez (actual directora xeral de Familia), por 4.176 euros, entre otros.

TESTIMONIO DEL EXGERENTE

   La instructora de la Pokémon se remite en su auto a la declaración del exgerente del PP hasta 2010, Emilio Pascual Vázquez, en la que testificó que el PP de Ourense "recibía donaciones, las cuales en lugar de ser ingresadas en las cuentas bancarias destinadas al efecto, se percibían en efectivo, en mano, desentendiéndose del sistema de pago y de su contabilidad". Así, apunta que Emilio Pascual "corrige" al expresidente José Luis Baltar y lo señala a él como "el encargado de recoger personalmente el dinero que diversas empresas abonaban, teóricamente en concepto de donativo al partido".

   Al respecto, agrega que el exgerente del PP da "detalles muy concretos de tales pagos", como que éstos se efectuaban en su despacho como presidente de la Diputación de Ourense, "en cuya caja fuerte se albergaba ulteriormente el dinero, estableciendo así un sistema imposible de controlar por procedimiento legal alguno", puesto que no se reseñaban en la contabilidad oficial del partido.

   En opinión de la jueza, la versión de Emilio Pascual "avalaría la hipótesis" de Vigilancia Aduanera sobre los pagos realizados por la empresa Vendex, epicentro de la trama investigada en la Pokémon, a Baltar Pumar el día 20 de mayo de 2011. Baltar Pumar fue imputado en el marco de esta operación, que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.

De Lara autoriza nuevas pesquisas para

investigar si la empresa Aquagest prestó

"favores" a José Luis Baltar

La jueza instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, ha autorizado nuevas pesquisas para investigar si la empresa de gestión de servicios hidráulicos Aquagest prestó "favores" al expresidente del PP de Ourense y de la Diputación Provincial, José Luis Baltar Pumar, como la colocación de un familiar y el pago de un viaje a Barcelona a una hermana suya.

   En un auto con fecha del pasado 9 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza señala que, de las diligencias practicadas, "resultaría indiciariamente", que Aquagest "habría contratado a un supuesto familiar" de José Luis Baltar, quien está imputado por cohecho en el marco de la Operación Pokémon.

   La jueza relata que el familiar del político ya retirado trabaja desde 2007 para Aquagest y que, "supuestamente podría ser a cambio de alguna contraprestación", que a esta persona se le habría subido de categoría, con el consecuente incremento salarial.

   Asimismo, apunta que Aquagest habría abonado un viaje a Barcelona a una hermana de José Luis Baltar Pumar, que no tenía relación con esa empresa y sí trabajaba para la Confederación Hidrográfica.

   Por consiguiente, la jueza autoriza al Servicio de Vigilancia Aduanera a utilizar los datos informáticos fiscales, de Seguridad Social y de tráfico de las bases de datos de la Agencia Tributaria, así como los documentos fiscales relativos a la actividad económica y fiscal de los familiares de Baltar Pumar y de Aquaourense.

   Añade, precisamente, que Baltar Pumar creó Aquaourense en diciembre de 2008, con la participación de la Diputación de Ourense y Aquagest, y de la que Francisco Cacharro Gosende --secretario del órgano provincial-- es también secretario.

INVESTIGACIÓN AL SECRETARIO

   En otro auto, también con fecha del 9 de febrero, Pilar de Lara autoriza al Servicio de Vigilancia Aduanera para utilizar los datos informáticos fiscales, de Seguridad Social y tráfico de las bases de datos de la Agencia Tributaria relativos a Francisco Cacharro Gosende.

   En este auto, la jueza señala que Aquagest tendría "una estrecha relación" con Francisco Cacharro y relata que le abona un informe favorable a la prórroga en Santiago a favor de esta empresa, con un costo de 12.000 euros. Para que su nombre no figurara, se realizó a través de una mujer cuyos datos fiscales Pilar de Lara también autoriza a indagar.

   Además, apunta que, de acuerdo con la documentación aportada por la empresa Carlson Wagonlit España, "el grupo Agbar, propietario de Aquagest", abonó en 2007 dos viajes a Francisco Cacharro Gosende a Málaga y a Barcelona. No obstante, éste no declara ningún ingreso de Aquagest como percepciones del trabajo y asegura carecer de relación laboral y profesional con esta empresa.