El decreto reza que "como la República de la Unión de Birmania está construyendo un nuevo Estado democrático de la paz, el desarrollo y la disciplina, por motivos humanitarios y de compasión, para convertir a reclusos en ciudadanos decentes y complacer al público, el Consejo de Administración del Estado (...) remite la pena de 23.314 presos".

Además, añade que se declara amnistía a estos presos "a condición de que cumplan una nueva y el resto de la condena anterior si vuelven a delinquir".

Este perdón de la pena de los más de 23.000 reos será para aquellos condenados antes del 31 de enero de este año. Además de la amnistía, el decreto también contempla otros beneficios para los presos, como la conmutación de la pena de muerte por la cadena perpetua y las reducciones de largos plazos de prisión.

Además de los presos birmanos, el decreto también otorga la amnistía a 55 presos extranjeros adicionales.

El Ejército de Birmania asumió el poder el 1 de febrero tras la detención de los principales dirigentes políticos del país, tras lo que declaró el estado de emergencia durante un año.

El golpe llegó tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque sin presentar pruebas. Desde entonces, las manifestaciones se han sucedido en las calles para condenar el golpe y han sido duramente reprimidas.

PREOCUPACIÓN DE LA ONU

La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, ha lamentado que el golpe militar representa un paso atrás en "una década de trabajados logros" hacia la democracia y una "traición" a las elecciones de noviembre, en las que se impuso de nuevo la Liga Nacional para la Democracia.

Al Nashif, que hablado ante el Consejo de Derechos Humanos, ha reclamado la liberación "inmediata" de la líder de este partido, del expresidente Win Myint y de cualquier otra persona detenida por razones políticas. La ONU tiene registrados más de 350 arrestos de funcionarios, activistas o miembros de la sociedad civil, parte de los cuales se enfrentan a cargos penales de "dudosa base" o están en paradero desconocido.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU también ha expresado su preocupación por la represión de las manifestaciones pacíficas, incidiendo en que "el mundo está observando" y ya tiene constancia de al menos una persona en estado crítico. Al Nashif ha advertido de que el uso de fuerza sin medida es "inaceptable".

"Más violencia contra la población birmana solo evidenciará la ilegitimidad del golpe y la culpabilidad de sus líderes", ha añadido, al hacer balance de una crisis que ya en su origen "nación de la impunidad", de la falta de control sobre unas Fuerzas Armadas que siguieron manteniendo una influencia "desproporcionada" en democracia.

Al Nashir ha subrayado en nombre de su oficina el "apoyo" a los mensajes de justicia, libertad y participación democrática y confía en que pueda llegar una nueva Birmania "que repose en cimientos democráticos más firmes". Entretanto, ha reclamado de nuevo acceso "pleno e inmediato" para el personal del Alto Comisionado y para el relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en el país asiático.