Fuentes de los demandantes han señalado a Europa Press que el trámite previsto para mañana consistirá en la recepción de los escritos de las diferentes partes y que es posible que acuda presencialmente "alguno de los demandantes", sin aclarar si alguno de ellos será el propio Puigdemont. Añaden que el tribunal no tiene porqué pronunciarse mañana sobre su competencia en este asunto y que puede que no resuelva de forma definitiva hasta principios del próximo año.

La insólita demanda y la gestión del asunto por el Ministerio de Justicia ha provocado una gran tensión en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuya respuesta ha derivado desde una posición inicial contraria a defender personalmente al juez -justificándolo en que la demanda se basa en unas manifestaciones realizadas por Llarena en un acto privado- a la contratación de un bufete en Bélgica por 544.982 euros con la encomienda de defender tanto la soberanía de los tribunales españoles como al magistrado.

Finalmente, hoy se verán las caras en la Sección de Civil del Palacio de Justicia de Bruselas tanto los abogados de Puigdemont y de sus exconsejeros Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig como los letrados del bufete Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, que ha sido el contratado por el Gobierno para representar a España en este litigio.

Los exconsejeros y Puigdemont argumentan en su demanda que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y se basan en una manifestaciones realizadas por el juez el pasado mes de febrero en Oviedo, donde acudió a dar una conferencia.

Según los demandantes, Llarena señaló que los investigados por el 'procés' no pueden ser tildados de "presos políticos" y les acusó de haber incurrido en rebeldía según el Código Penal español, lo que compromete su independencia.

ENTREGARÁN TRADUCCIÓN DE LAS PALABRAS DEL JUEZ

El asunto se ha visto además enturbiado por el hecho de que la demanda en francés que ha llegado al juzgado belga incluya -por un error según los demandantes- una traducción errónea de las palabras del magistrado español que dan por hecho la atribución del delito a los exmandatarios catalanes al utilizar el afirmativo en vez del condicional con el que el juez español se expresó. Este "error" será enmendado el martes ante por los demandantes, que presentarán ante el juez la traducción debidamente corregida, según han apuntado a Europa Press.

El Gobierno actuó tras ser reclamada la defensa del juez por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante el que Llarena solicitó amparo. La reclamación del órgano de gobierno de los jueces incluye también la necesidad de arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado, esto es, que el Estado asuma la condena y las costas que se deriven de una eventual condena civil.

ESTRATEGIA A SEGUIR

La actuación del Estado en Bruselas será diseñada personalmente por la abogada general, Consuelo Castro, si bien los detalles han sido concertados los abogados belgas porque son los que conocen el procedimiento en dicho país, según han señalado a Europa Press fuentes del departamento de Dolores Delgado. La primera reunión entre la Abogacía española y los letrados belgas tuvo lugar el viernes por la mañana, si bien no han trascendido detalles sobre el mismo debido a que Bélgica informar sobre un proceso en curso puede ser incluso motivo de sanción.

En todo caso, se han analizado todos los escenarios posibles y se barajaba si se produce una personación de España como tal o la actuación se limita a no reconocer la jurisdicción civil belga para conocer de un asunto que afecta a la soberanía de los tribunales españoles.

Habría que tener en cuenta, entre otros aspectos, que una decisión en dicho sentido podría vetar que España pudiera recurrir en el futuro una eventual decisión del juez belga ante instancias superiores. Lo que en tod caso parece claro es que Llarena, cuya presencia no es obligada en este trámite, no tiene ninguna intención de acudir mañana a Bruselas.