En una audiencia que ha durado cuatro horas, el juez Ponciano Sallés ha rechazado sobreseer la querella presentada contra siete ex funcionarios de la administración Bachelet, tal y como habían solicitado las defensas de cuatro de ellos.

   En relación al ex subsecretario de Interior Patricio Rosende, Sallés ha argumentado que se negó a activar el plan de Protección Civil y la alerta por tsunami en un primer momento en su intento de "llamar a la calma a la población".

   Sobre la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) Carmen Fernández, ha indicado que, aunque es cierto que en un primer momento hubo confusión sobre la magnitud del terremoto, "tenía la obligación de prevenir riesgos y mitigar sus efectos".

   Sallés ha considerado que, tanto por parte de Rosende como de Fernández, "hubo miedo de tomar una posición que tuviera consecuencias políticas". "El ocultamiento de la información da la sensación de que sabían que se tomó la decisión de equivocada, pero prefirieron mantenerse firmes", ha apuntado.

   En el caso del ex jefe de Alerta Temprana de la ONEMI Johaziel James, ha señalado que podría haber incurrido en una infracción reglamentaria. "Debió permanecer al lado del fax para enterarse de cualquier tipo de alerta", ha dicho.

   Por último, ha rechazado el sobreseimiento solicitado por el ex jefe de oceanografía del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Andrés Enríquez porque podría haber cometido una "imprudencia temeraria" al desoír las recomendaciones técnicas.

QUERELLA CONTRA BACHELET

   Además, el titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha decidido aceptar la querella presentada por el abogado de dos de las víctimas del desastre natural, Raúl Meza, sobre los mismos hechos contra la ex presidenta chilena

   "Estoy profundamente satisfecho. Nunca, en tres años y tres meses de investigación le había afectado (a la señora Bachelet) una resolución judicial. Estamos frente a un hecho histórico desde el punto de vista judicial", ha dicho Meza al diario chileno El Mercurio.

TERREMOTO Y TSUNAMI

   El 27 de febrero de 2010 un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter sacudió las costas chilenas, dando lugar a un tsunami, que incluso afectó a otras zonas del océano Pacífico, como Hawai. En total murieron 750 personas y las pérdidas materiales fueron millonarias.

   La justicia chilena investiga desde entonces si el Gobierno de Bachelet actuó con negligencia al infravalorar el impacto del terremoto y el riesgo de tsunami, que se activó y desactivó, por lo que cogió por sorpresa a muchas localidades costeras.

   Las víctimas y el actual Gobierno han soslayado que las autoridades chilenas desoyeron las advertencias para evitar que este desastre natural les perjudicara en las elecciones presidenciales que se celebraron apenas unos días después.