La Mesa del Congreso ha admitido a trámite la última petición de Iquierda Plural (IU-ICV-CHA) para que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, explique en el Congreso sus gastos en viajes privados denunciados por otro vocal del CGPJ.  

  Es la cuarta semana de intentos de Izquierda Plural, que ya había logrado superar el filtro de la Mesa del Congreso cuando reclamó explicaciones al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.

   No obstante, todas las peticiones de comparecencia admitidas por la Mesa se pasan después a la Comisión de Justicia, que preside el popular Alfredo Prada, que será quien ponga fecha. El presidente del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto acudir al Congreso a la vuelta del verano para presentar a memoria anual de la institución.   

Por cuarta semana consecutiva, a raíz de que saliera a la luz pública una denuncia, ya archivada, de supuesta malversación de fondos públicos por sus viajes a Marbella (Málaga), Carlos Dívar volvió a ser protagonista este martes de la reunión de la Mesa del Congreso.  

  Después de ver cómo se le rechazaban sus peticiones anteriores, el portavoz de Justicia de IU-ICV-CHA, Gaspar Llamazares, justificó su nueva solicitud al objeto de que detalle los contenidos de la Memoria de 2011 del CGPJ, relativos a la Presidencia, actividades de acuerdo con el Artículo 109.2 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

AHORA DECIDIRÁ LA COMISIÓN DE JUSTICIA

   Con esta nueva redacción, IU-ICV-CHA buscaba sortear la Mesa del Congreso, puesto que las únicas comparecencias del presidente del CGPJ que siempre se admiten son las relativas a la presentación de la memoria anual de la institución. Este martes logró su propósito y el órgano de gobierno de la Cámara permitió que el escrito se rem itiera a la Comisión de Justicia.  

  Lo que sí ha rechazado la Mesa del Congreso es la petición de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para citar en el Congreso a los vocales del CGPJ que han pedido informar de sus gastos, en contraste con la actuación de Dívar.   

 El PP, pese al voto en contra del PSOE y la abstención de CiU, ha rechazado tramitar esa solicitud por la misma razón que vetó las anteriores peticiones de comparecencia de Carlos Dívar: Entre las competencias del Congreso de los Diputados no está la de controlar al órgano de gobierno de los jueces, que es un poder independiente.

    Lo que no ha podido parar es la petición de esos vocales (Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Felix Azón) para dar cuenta motu propio de sus gastos de viajes, ya que se trata de una carta dirigida a la Comisión de Justicia y será ésta la que decida si la acepta o no.

 STOP A LOS VOCALES  

  El criterio del PP sigue siendo el mismo: no se puede fiscalizar desde el Congreso la gestión de las cuentas internas del CGPJ, y si no es precedente que el presidente del Consejo lo explique ante el Parlamento, tampoco lo es que lo hagan tres de los vocales, por mucho que sean ellos quienes quieran acudir. Otra cosa es, según apuntan desde el partido que sustenta al Gobierno, que ellos ofrezcan esas explicaciones públicas en otros ámbitos.   

 Por otro lado, la Junta de Portavoces analizará este martes el escrito de reconsideración enviado por el PSOE sobre el veto impuesto hace una semana a su solicitud de comparecencia de Dívar.   

 El PP y el PSOE habían rechazado juntos las dos primeras peticiones de comparecencia de Dívar, presentadas por IU-ICV-CHA, pero la semana pasada discreparon. Ese último veto fue criticado por los socialistas, que no entendían que el PP no aceptara su solicitud de comparecencia del presidente del CGPJ cuando iba acompañada de una sentencia del Tribunal Constitucional avalando la posibilidad de citar al máximo representante del Poder Judicial para cuestiones de su competencia.  

  A esa sentencia precisamente apela el PSOE en el escrito que el pasado viernes remitió a la Mesa del Congreso pidiéndole una reconsideración de su decisión porque, de lo contrario, tal y como ya advirtió su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, acudirán en amparo al Alto Tribunal.