El pasado 29 de abril una delegación opositora se reunió con Almagro en la sede de la OEA, en Washington, para pedirle que sopesara la posibilidad de activar la Carta Democrática Interamericana (CDI) contra Venezuela por la ruptura del "orden constitucional".

   En respuesta, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha amenazado con demandar por "traición a la patria" a quienes "han ido fuera a difamar, agredir, y pedir intervenciones".

   La ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, solicitó intervenir ante el Consejo Permanente de la OEA en una sesión extraordinaria para calificar de "graves" las "amenazas" contra Venezuela e insistir en que se basan en "acusaciones falsas".

   "He seguido con preocupación las acusaciones por parte de sectores del gobierno de Venezuela de ser 'traidores a la patria' a un grupo de legisladores, elegidos por el pueblo, por visitarme recientemente e informarme de la situación de su país", ha dicho Almagro en un comunicado.

   El secretario general de la OEA ha recordado que "los instrumentos del Sistema Interamericano (...) están pensados para el bien del ciudadano de nuestro continente". "Es él el partícipe último y el fin primero de nuestras obligaciones", ha recalcado.

   Almagro ha incidido en concreto en que "la CDI no es un instrumento impuesto a los países, ni su objetivo es el de sancionar --las posibles sanciones son el último de los recursos--", sino que está destinada fortalecer "el carácter participativo de la democracia".

   "Una y otra vez, la CDI reitera que las gestiones que desde la OEA puedan realizarse tienen como finalidad otorgar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática", por tanto, "quien solicite ayuda, buenos oficios o que se hagan gestiones diplomáticas no puede ni debe ser considerado un traidor", ha sostenido.

   A este respecto, el ex canciller uruguayo ha recordado "el papel que, a petición del (fallecido presidente venezolano) Hugo Chávez y en cumplimiento de la CDI, tuvo la Secretaría General de la OEA en Venezuela en el año 2002".

   "Todo aquel que quiera para su patria más derechos, más libertad, más democracia, y que para ello recurra a la ayuda de las instituciones americanas (...) debería ser considerado un patriota y un defensor de la democracia, más allá de a qué partido político pertenezca", ha afirmado.

CRISIS POLÍTICA

   Venezuela está inmerso en una crisis política desde las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 6 de diciembre, que han dibujado un escenario nunca visto en el país con la oposición en el Congreso y el 'chavismo' en el Gobierno.

   Maduro ha negado la validez de cualquier acto emanado de la Asamblea Nacional, mientras que la oposición ha puesto en marcha una 'hoja de ruta' para acortar el mandato del presidente, que expira oficialmente en 2019, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución.

   Este enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo ha convertido al Tribunal Supremo en un actor clave en la actual política venezolana, porque es el poder al que la Carta Magna encarga dirimir los conflictos institucionales.

La MUD insta a marchar de forma "pacífica"

hacia el CNE

   El secretario general de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús 'Chúo' Torrealba ha instado a actuar de forma "pacífica" en la marcha convocada para este miércoles hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir que cumpla los plazos del referéndum revocatorio contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

   Torrealba se ha mostrado convencido de que la MUD y sus seguidores marcharán de forma "pacífica y cívica", por lo que ha exigido a las autoridades venezolanas que respeten la manifestación opositora, según informa el diario local 'El Nacional'.

   "Lo que queremos es una solución política y electoral construida con los votos del pueblo. Los irresponsables del Gobierno quieren un desenlace con la sangre del pueblo", ha alertado el líder de la coalición opositora.

   El jefe de la MUD ha afirmado además que "el Gobierno está en una operación: perder o perder". "¿Qué le toca? escoger la pérdida menor: una elección; porque va a haber un cambio. Eso no lo aguanta nadie", ha espetado.

   La oposición venezolana ha convocado para este miércoles a las 9.00 (hora local) una marcha hacia todas las sedes del CNE, aunque la principal tendrá lugar en Caracas y partirá de la estación de metro de Bello Monte.

   Con ello pretende aumentar la presión sobre el CNE porque si la convocatoria del referéndum supera el 10 de enero de 2017, aunque los venezolanos ordenen el cese de Maduro, no habrá nuevas elecciones, sino que el vicepresidente, Aristóbulo Isturiz, gobernará hasta 2019.

   La coalición opositora inició el 27 de abril la campaña de recogida de firmas para activar la consulta popular contra Maduro. En apenas unos días logró recabar más de un millón --frente a las 200.000 necesarias--, que ahora están siendo revisadas por el CNE para ratificar su validez.

   La MUD denuncia que el CNE ya ha tenido tiempo de sobra para verificar las firmas. Su presidenta, Tibisay Lucena, ha explicado que se están tomando el proceso de revisión "con mucha tranquilidad" y que podría estar completado este martes.

REFERÉNDUM REVOCATORIO

   Una vez completada la primera fase, en la que se encuentra actualmente, la MUD tendrá un máximo de tres días para recabar las rúbricas del 20 por ciento de los votantes registrados, es decir unos cuatro millones de venezolanos.

   Las autoridades electorales tienen entonces 15 días para autenticar los apoyos o rechazarlos, como ya hizo en 2004 con el referéndum revocatorio que se planteó entonces contra el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

   Si el CNE da su 'placet', debe convocar el referéndum en los 90 días siguientes. Para que el mandato presidencial llegue a su fin deben votar a favor un número igual o superior de electores a los que apoyaron la elección, en el caso de Maduro 7,5 millones, con una participación mínima del 25 por ciento, unos 4,8 millones.