Ante esta situación, Michelle Bachelet ha pedido que se reanude de manera urgente un diálogo significativo e inclusivo y que haya reparación para las víctimas. En este sentido, la ONU considera que en Nicaragua existe una "falta de voluntad" por parte del Estado para garantizar la rendición de cuentas y una consolidación de la impunidad por la violación de los Derechos Humanos.

Así, el equipo de Bachelet ha informado de que se les ha negado a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición tras las graves violaciones registradas desde el inicio de las protestas.

"Las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los Derechos Humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman la "violencia golpista" y de la repercusión negativa en la economía del país", precisa el documento.

Este informe también insiste en que las medidas institucionales y legislativas adoptadas con la intención de reconciliar y garantizar la reparación a todas las víctimas se impusieron sin consulta previa y no se ajustan a los principios internacionales pertinentes.

"La independencia del Gobierno y la inclusión de todas las partes interesadas, especialmente las víctimas, son condiciones indispensables para cualquier iniciativa que busque justicia y reparación", añade la ONU.

La investigación elaborada por la ONU ha denunciado como los
arrestos y detenciones arbitrarias han continuado siendo un medio de represión y ha criticado que continúen los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas.

"Hasta la fecha, las autoridades no han investigado con diligencia e imparcialidad las denuncias de torturas y malos tratos contra personas bajo custodia", afirma el documento que indica que
se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos.

CRISIS EN NICARAGUA

La crisis estalló en el país en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.

Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.

El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.

La Alianza Cívica había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 200 bajo la modalidad de "casa por cárcel", es decir, bajo una especie de arresto domiciliario.

"La OACNUDH también denunció abusos cometidos por las personas involucradas en las protestas, entre ellos la muerte de agentes de Policía y miembros del partido sandinista y las lesiones a los mismos, así como la destrucción de infraestructura pública", añade el informe.

Ante esta situación, la Alta Comisionada ha pedido al Gobierno de Nicaragua que "reanude de manera urgente un diálogo significativo e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, e implemente plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019".

Además ha hecho un llamamiento para que se garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; y se condene y sancione públicamente todo ataque o intimidación a los defensores de los Derechos Humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y a toda persona crítica con el Gobierno, entre otros.

Bachelet considera que es muy urgente restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que han sido sancionados, y devolver todos los bienes, documentos y equipos incautados.

Por último ha pedido al Gobierno que "tome medidas inmediatas para poner fin a la tortura y las detenciones arbitrarias y libere a todas las personas privadas de su libertad por manifestar opiniones críticas con el Gobierno, que se modifique la legislación penal para que sea congruente con las normas y estándares internacionales y que se asegure la pronta aplicación de las reformas electorales e instituciones destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes", ha concluido. El informe será presentado oficialmente el próximo martes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.