Domingo, 13 de julio de 2025

Las FARC aseguran que el acuerdo de paz con el Gobierno "es inminente"

La Procuraduría acusa a Santos de "someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a las FARC"

   Los acuerdos especiales son una figura jurídica recogida en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, una especie de 'mini convenio' para los conflictos armados internos, que cuentan con escasa regulación en el Derecho Humanitario.

   Este precepto obliga a las partes a tratar a las personas que no participen directamente en las hostilidades "con humanidad" y a "hacer lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones" de los Convenios de Ginebra.

   "Pretenden ustedes que la totalidad de los acuerdos negociados y por negociar con las FARC, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel (...) e incluso por encima (...) solo por el hecho de ser convenidos por usted y 'Timochenko'", ha dicho en una carta enviada a Santos.

   Ordóñez ha explicado que esto supone que lo acordado en la mesa de negociaciones "se reviste de poderes constituyentes que ni el ordenamiento jurídico ni el pueblo colombiano les ha otorgado", algo "incompatible con cualquier régimen democrático".

   "Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno", ha denunciado. "¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos?", ha cuestionado el jefe del Ministerio Público.

   Ordóñez ha subrayado que "invocar la paz no es una excusa para abolir el Estado de Derecho en Colombia ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución" y, en consecuencia, en "un fraude a la voluntad popular".

   Dado que como presidente juró respetar la Constitución, el procurador ha advertido a Santos de que podría haber "consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos".

   Centro Democrático, el partido político del ex presidente Álvaro Uribe, ha considerado que "el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC para elevar a la categoría de acuerdo especial los acuerdos de La Habana es un golpe de Estado a la democracia colombiana".

   "Con la modificación de la Constitución desde La Habana, el Congreso se convierte en un actor pasivo y de carácter notarial para aprobar las concesiones del Gobierno a las FARC", ha advertido.

   Por ello, Centro Democrático ha reiterado su llamamiento "a la resistencia civil a esa imposición que desconoce el derecho de los colombianos a decidir si aprueban o rechazan que no haya cárcel para los culpables de los más graves delitos".

Las FARC aseguran que el acuerdo de paz

con el Gobierno "es inminente"

   Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han asegurado este viernes que el acuerdo de paz con el Gobierno "es inminente", por lo que la guerrilla ha "tendido la mano" a aquellos que "se resisten" a poner fin al conflicto.

   "Si entre los combatientes, entre los que arriesgamos la vida en los campos de combate, hay importantes consensos en torno al cese al fuego y las hostilidades, es porque el acuerdo es inminente", ha dicho el jefe de la delegación de paz de las FARC, 'Iván Márquez'.

   "Si la dejación de las armas (...) se ha entendido como su no utilización en política, es porque estamos cerca de un histórico pacto. Si el acuerdo sobre garantías de seguridad y paramilitarismo está a punto de ver la luz, es porque estamos cerca del acuerdo final", ha apostillado.

   'Iván Márquez' ha dado una rueda de prensa este viernes desde La Habana para explicar los detalles del pacto alcanzado por las partes para otorgar el estatus de acuerdo especial al relativo sobre el fin del conflicto.

   Los acuerdos especiales son una figura jurídica recogida en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, una especie de 'mini convenio' para los conflictos armados internos, que cuentan con escasa regulación en el Derecho Humanitario.

   Este precepto obliga a las partes a tratar a las personas que no participen directamente en las hostilidades "con humanidad" y a "hacer lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones" de los Convenios de Ginebra.

   'Iván Márquez' ha explicado que, en el caso colombiano, los acuerdos especiales "convertirán lo acordado en norma de obligatorio cumplimiento conforme al Derecho Internacional y lo incorpora al bloque de constitucionalidad, debiendo ser respetado cada vez que se apruebe una ley de desarrollo del mismo".

   "La legitimidad del acuerdo especial será reforzada  mediante una declaración unilateral del Estado colombiano, en la que se solicitará también la incorporación de su texto a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha detallado.

   Para las partes "estos mecanismos de seguridad jurídica son imprescindibles para garantizar que la implementación de los acuerdos alcanzados sobre Derechos Humanos sea respetada por los sucesivos gobiernos". "Este es quizá uno de los mejores homenajes a las víctimas del conflicto", ha destacado.

   'Iván Márquez' ha subrayado que "se trata de la mayor garantía de que nuestra palabra vale". "Precisamente, nos acogemos a esa institución de valor universal para señalarle al mundo entero que vinimos a La Habana a adquirir el compromiso de una paz para siempre y a expresar el juramento del 'nunca más'", ha recalcado.

   "A quienes se resisten a la paz les extendemos nuestra mano y les invitamos a que, sin menoscabo de su dignidad, asuman con nosotros protagonismo en la construcción del futuro de paz para Colombia", ha apostillado.


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