"Los plazos actuales no son suficientes para resolver esta crisis, por eso se ha evocado el artículo 26 y se ha pedido a la Comisión que ofrezca vías para continuar con las medidas nacionales (de control) que, desafortunadamente, son necesarias", ha explicado en una rueda de prensa el ministro de Inmigración y secretario de Estado de Justicia holandés y presidente de turno de la UE, Klaas Dijkhoff.

   "Si la situación no cambia y continúa el riesgo serio para el orden público y para la seguridad interior, algunos Estados miembros, no digo cuáles, podrían mantener los controles en sus fronteras interiores más allá del tiempo previsto", ha confirmado el comisario de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos.

   Es el resultado de una discusión informal de los ministros de Interior de la Unión Europea en Ámsterdam para buscar soluciones al flujo "sin precedentes" de demandantes de asilo que llegan a la Unión Europea y que los Estados miembros no han logrado contener pese a los controles que ya imponen de manera temporal siete de los 26 países que forman el área de libre circulación Schengen.

   Los controles sistemáticos que ya aplican de manera temporal en sus fronteras internas Alemania, Austria y Dinamarca, entre otros, pueden extenderse un máximo de seis meses, por lo que quedarán sin cobertura legal a partir de mayo.

   Las discusiones en Ámsterdam se han centrado en la necesidad de activar el artículo 26 de Schengen, que permitiría prorrogar por periodos de seis meses hasta un máximo de dos años los controles en las fronteras interiores, pero también han servido para incrementar la presión sobre Grecia para reclamar que actúe para contener el paso de refugiados a través de su territorio.

   La ministra austríaca de Interior, Johanna Mikl-Leitner, ha sido una de las más explícitas, al asegurar a su llegad a la reunión que si no se logra "proteger" la frontera exterior de la UE en su linde entre Grecia y Turquía, "entonces la frontera exterior de Schengen se trasladará hacia Centroeuropa".

   En su comparecencia al término del encuentro, Dijkhoff ha asegurado, sin embargo, que se ha discutido sobre el artículo 26 "no en el contexto de echar a un país, sino en el contexto de mantener a los otros dentro del marco de las medidas nacionales".

   También el titular español de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha considerado "irrealizable" en la práctica y "políticamente inaceptable" aislar a Grecia del resto del espacio Schengen por sus dificultades para registrar y controlar a los miles de inmigrantes que llegan al país.

CUERPO EUROPEO DE FRONTERAS

   La prioridad de los Veintiocho sigue siendo el refuerzo de las fronteras exteriores para contener la entrada incontrolada de refugiados y para combatir la amenaza terrorista, por eso los ministros han examinado por primera vez la propuesta de Bruselas de crear un cuerpo europeo de fronteras, capaz de movilizar de manera urgente a 1.500 efectivos y que en situaciones difíciles pudiera intervenir en un Estado miembro incluso si éste no lo solicitaba.

   Los responsables de Interior han mostrado de manera general un "fuerte" respaldo al paquete de medidas que plantea la Comisión Europea, pero con salvaguardas que reducirían el poder de esta policía europea fronteriza para asegurar la soberanía de los Estados miembros en el control de sus fronteras.

   "Hay un mensaje claro del Consejo de que tenemos una responsabilidad europea común de proteger nuestras fronteras, pero también está claro que los Estados miembros son los primeros responsables para proteger sus propias fronteras exteriores. Hay que lograr un equilibrio en la propuesta", ha resumido Dijkhoff.

   Los 28 quieren que si un país sufre una presión "demasiado elevada" en su frontera, el Consejo tenga "voz" en el procedimiento y que se sigan las fases de evaluación que ya prevén las reglas de Schengen. "La aplicación de la decisión debe respetar la responsabilidad primaria del Estado miembro afectado", ha explicado el ministro holandés.

   España, junto a Grecia, son los países que con más firmeza se oponen a un cuerpo europeo con "responsabilidad compartida" en la gestión de las fronteras.

   El ministro Fernández Díaz ha mostrado sus "reservas" durante la reunión y ha dejado claro a sus socios que España no necesita "para nada" un instrumento de estas características, porque cumple con "profesionalidad, eficacia y responsabilidad" la vigilancia y control de sus lindes.