La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado la orden europea de detención y entrega (OEDE) contra los exconsellers de la Generalitat Meritxell Serret y Antonio Comín, quienes permanecen en Bélgica junto con el expresidente Carles Puigdemont, y explica que se les persigue, no por defender sus ideas, sino por participar "decisivamente" en la celebración de un referéndum para la escisión de Cataluña.

La juez rechaza el recurso interpuesto por la defensa de los dos exconsejeros fugados contra el auto del pasado 3 de noviembre por el cual dictaba las órdenes de detención contra los cinco exmiembros del Gobierno catalán que no acudieron a declarar como investigados por su implicación en el 'procés' independentista y les recuerda que no pueden declarar por videoconferencia.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 mantiene también su decisión de no permitir a su letrado personarse en las actuaciones porque los investigados se sustrajeron de la acción de la justicia, según explica en su auto. Precisa que no se ha ordenado la detención de Comín y Serret por defender la independencia de Cataluña sino por tratar de cambiar al margen de las vías legales la forma de gobierno "para lograr en España la secesión de Cataluña y su constitución en República Independiente".

Respecto a las órdenes de búsqueda y captura emitidas, la magistrada precisa que "no se les persigue ni por sus ideas ni por defender la independencia de Cataluña" sino por tratar de cambiar al margen de las vías legales la forma de gobierno "para lograr en España la secesión de Cataluña y su constitución en República Independiente".

DELITOS INICIALES: PROMOVIERON Y USARON LA

FUERZA INTIMIDATORIA

"Para obtener su propósito promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población. Llamaron a la insurrección y contravinieron frontalmente la legalidad y el ordenamiento constitucional español", indica la magistrada instructora en su auto de este lunes en el que repite que los querellados contaron con "el apoyo y la colaboración" de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

La defensa de los dos exconsejeros alegó en su recurso contra el auto del pasado 3 de noviembre vulneración del derecho al juez imparcial por haber emitido la OEDE por más delitos de los que se investigaban en un primer momento. Lamela, que añadió prevaricación y desobediencia a los tres delitos iniciales de rebelión, sedición y malversación, les responde que la Fiscalía en su querella se refería a los cinco tipos delictivos que se recogieron en las órdenes de detención libradas a las autoridades belgas.

NO ES UNA CUESTIÓN POLÍTICA

En su recurso, la defensa de los exresponsables de Agricultura y Salud del gobierno catalán invocaba, entre otros argumentos, que los actos que se les imputan son actos parlamentarios protegidos por la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria y que se encuentran ante una persecución de carácter político. También cuestionaba la competencia de la Audiencia Nacional.

En relación con este último punto, la magistrada responde que ya se declaró la competencia de este juzgado en el auto de admisión de la querella del pasado 31 de octubre y que la Sala de lo Penal ya dictó auto confirmando la misma. "Que los recurrentes no estén conformes con tal motivación y con la decisión adoptada, no significa que la resolución que se recurre carezca de motivación", precisa Lamela.

"En el respeto de las reglas, claro está, pero a priori en Europa no existen grandes riesgos cuando se extradita a alguien", ha declarado Reynders en una entrevista realizada por el diario Le Soir y que recoge Europa Press.

El jefe de la diplomacia belga ha reaccionado ante quienes critican al Gobierno federal por no ser más contundente en sus posiciones sobre la llegada de Puigdemont y de cuatro de sus exconsellers a Bruselas y ha avisado que tomar parte supondría ir en contra del Estado de derecho.

"Si un proceso judicial existe para saber si alguien debe ser detenido y devuelto a su país es un juez quien debe pronunciarse", ha añadido, para después insistir en que es una cuestión de Estado de derecho y que hay que "respetar las decisiones" de las respectivas jurisdicciones.

También ha insistido en que el desafío independentista y la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy es un asunto "interno" de España y ha avisado de que él no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones de "todos los partidos", en alusión a los nacionalistas flamencos (NVA), socios en la coalición de Gobierno, cuyos miembros se han declarado próximos a los argumentos de Puigdemont.

"Cuando nosotros estuvimos negociando durante 541 días una reforma de Estado (para poder formar Gobierno), nadie nos dijo cómo debíamos hacerlo", ha zanjado al respecto.

Reynders también ha apuntado que está en contacto constante con su colega español, Alfonso Dastis, en relación a la crisis política en Cataluña, que llegó a tensar las relaciones entre España y Bélgica.

"Él me ha dicho que entiende que yo pueda considerar desproporcionado el uso de la fuerza, pero él considera que es proporcionado", ha revelado Reynders.

Viceprimer ministro belga, sobre

Puigdemont: Decide el juez, pero a priori no

hay riesgo por extraditar dentro de la UE

El viceprimer ministro belga y titular de Exteriores, el liberal francófono Didier Reynders, ha recordado este lunes que compete a los jueces decidir sobre la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a las autoridades españolas, pero ha subrayado que "a priori, no hay riesgo" por extraditar a nadie a otro país de la Unión Europea.

"En el respeto de las reglas, claro está, pero a priori en Europa no existen grandes riesgos cuando se extradita a alguien", ha declarado Reynders en una entrevista realizada por el diario Le Soir y que recoge Europa Press.

El jefe de la diplomacia belga ha reaccionado ante quienes critican al Gobierno federal por no ser más contundente en sus posiciones sobre la llegada de Puigdemont y de cuatro de sus exconsellers a Bruselas y ha avisado que tomar parte supondría ir en contra del Estado de derecho.

"Si un proceso judicial existe para saber si alguien debe ser detenido y devuelto a su país es un juez quien debe pronunciarse", ha añadido, para después insistir en que es una cuestión de Estado de derecho y que hay que "respetar las decisiones" de las respectivas jurisdicciones.

También ha insistido en que el desafío independentista y la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy es un asunto "interno" de España y ha avisado de que él no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones de "todos los partidos", en alusión a los nacionalistas flamencos (NVA), socios en la coalición de Gobierno, cuyos miembros se han declarado próximos a los argumentos de Puigdemont.

"Cuando nosotros estuvimos negociando durante 541 días una reforma de Estado (para poder formar Gobierno), nadie nos dijo cómo debíamos hacerlo", ha zanjado al respecto.

Reynders también ha apuntado que está en contacto constante con su colega español, Alfonso Dastis, en relación a la crisis política en Cataluña, que llegó a tensar las relaciones entre España y Bélgica.

"Él me ha dicho que entiende que yo pueda considerar desproporcionado el uso de la fuerza, pero él considera que es proporcionado", ha revelado Reynders.