La mayoría de los diez exconsejeros de Caja Madrid que han declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu han señalado que, a partir de 1996, con la entrada de Miguel Blesa en la presidencia de la entidad, se generalizaron los "gastos personales" con las 'tarjetas black' opacas al fisco, que eran utilizadas con una gran "flexibilidad", según fuentes jurídicas presentes en la declaración.

   Los primeros imputados, entre ellos el exdirigente de Izquierda Unida (IU) José Antonio Moral Santín, han coincidido en señalar que los gastos de las visas, en las que se cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012, constituían un complemento retributivo que podían destinar a gastos como ropa, viajes u obsequios y que la entidad tributaba por ellos ante Hacienda. El sindicalista de CCOO Pedro Bedia ha dicho incluso que desde la dirección de la entidad se le pidió que utilizara más la tarjeta porque la estaba usando "poco".

   Durante las comparecencias, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imposición de fianzas civiles para seis exconsejeros: Moral Santín, que gastó 456.500 euros; el miembro de la Confederación de Cuadros Ignacio de Navasqües, que gastó 195.000 euros; el exdiputado regional del PSOE Ramón Espinar, que cargó 178.400 euros; el exalcalde socialista de Móstoles (Madrid) José María Arteta (139.000 euros); el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán (94.000 euros), que ha sido el único que se ha negado a declarar; y el sindicalista de CCOO Pedro Bedia (78.200 euros).

   No lo ha solicitado para los miembros de CCOO Juan José Azcona (99.300 euros) y Rodolfo Benito (140.600), el representante de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700) y el representante de Unipyme Guillermo Marcos (133.600), que han atribuido el uso de sus plásticos a gastos de representación. Todos están imputados por un delito societario de administración desleal y otro de apropiación indebida.

"EL PRESIDENTE REPARTÍA"

   A excepción de Azcona, que ha asegurado que no percibió ningún cambio con la entrada de Blesa en Caja Madrid, los comparecientes han defendido que antes de 1996 el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Angel Montero, les pedía que fueran "prudentes" en el gasto y que cuando Enrique de la Torre pasó a ocupar el cargo les dijeron que podían emplear las tarjetas "en lo que quisieran con un límite anual y mensual".

   Moral Santín, que ha sido duramente interrogado por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, por los gastos de 456.500 euros que cargó a su 'visa black', ha defendido que los gastos eran "cantidades de libre disposición" que los exconsejeros podían utilizar libremente y que el presidente repartía "en función de los cargos y su dedicación".

   En este sentido, ha defendido la posibilidad que tenían los directivos de utilizar la tarjeta para extraer dinero en metálico en el cajero, lo que el exdirigente de IU hizo en un total de 692 ocasiones entre el 2 de enero de 2003 y el 1 de enero de 2012. Otros consejeros han asegurado que no tenían pin y que no sabían que podían utilizar sus plásticos para sacar dinero en efectivo.

   Aunque el gasto con la tarjeta constituía un complemento salarial que se incluía en el paquete retributivo junto al seguro médico o una línea de crédito especial para los consejeros, Moral Santín ha explicado que él empleaba el dinero en gastos de representación en sentido amplio, como la reparación de su automóvil.

   Los únicos imputados que han defendido que las tarjetas debían utilizarse para "gastos de representación" de los consejeros han sido los sindicalistas Azcona y Benito, que han apuntado que usaron las visas para "ropa" y "obsequios".

   Según las citadas fuentes, Benito ha apelado a los "usos y costumbres" para justificar que siguiera utilizándo el plástico tres meses después de haber dejado el cargo, mientras que el socialista José María Arteta ha alegado que otro consejero, el exsecretario de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP), le dijo que podía utilizar la vista después de su cese.

TRIBUTABA CAJA MADRID

   La mayoría de los exconsejeros han reconocido los gastos que se les atribuyen, a excepción de los socialistas José María Arteta y Ramón Espinar, al tiempo que han defendido que las tarjetas eran "absolutamente legales" y que no tenían que tributar ante Hacienda porque la entidad lo hacía por ellos.

   En este sentido, han dicho que tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el Banco de España avalaron los informes de gobierno corporativo de la entidad, en el que se detallaban los gastos de las tarjetas de forma global. "Yo no sabía ni que se llamaran 'black'", ha llegado a decir Ramón Espinar.

   El juez instructor, que ya imputó por estos hechos a los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa y al exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, destacaba en su auto de imputación la necesidad de "dilucidar el concepto" por el que se emitieron las tarjetas para determinar si se cometió un delito de administración leal, que habrían cometido los exconsejeros por autorizar el uso de los plásticos, o bien uno de apropiación indebida, que se podría atribuir a los 82 exdirectivos que los utilizaron.

   Además, imputó a otros 51 exdirectivos de la caja madrileña que hicieron uso de las 'tarjetas black', entre los que se encuentran el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, el exconcejal de Madrid Ignacio del Río (PP) o el exdiputado socialista José Acosta.