Los miembros de la Ejecutiva del PSOE que han presentado su dimisión para tratar de hacer caer al secretario general del partido, Pedro Sánchez, no podrán asistir a la reunión del Comité Federal prevista para el próximo sábado.

Según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas, al haber presentado su baja de la dirección del partido ya no tienen derecho a acudir a esta cita, ya que eran miembros del Comité Federal precisamente en su calidad de integrantes de la Ejecutiva Federal.

En estas reuniones, los miembros de la dirección federal se sientan en la cabecera de la sala, tras el atril desde donde tienen lugar las intervenciones y en frente al resto de miembros.

De esta manera, a la cita que ha convocado este jueves lo que queda de la dirección de Sánchez no podrán acudir ninguno de los dimisionarios, entre quienes se encuentra la hasta entonces presidenta del PSOE, Micaela Navarro, y el 'número tres' del partido, el secretario de Política Federal, Antonio Pradas, además de la exministra Carme Chacón.

Junto a ellos presentaron su dimisión otros 15 dirigentes, entre quienes están dos presidentes autonómicos, el valenciano Ximo Puig y el castellano-manchego Emiliano García-Page. Ambos podrían asistir a la cita, en tanto que son secretarios generales de sus federaciones y los 'barones' son miembros natos de este órgano.

La Ejecutiva de Sánchez --que sostiene que no se disolverá hasta que no se celebre un congreso extraordinario aunque hayan quedado vacantes la mayoría de sus miembros-- hizo efectivas esas bajas desde el mismo momento en que las recibió.

De hecho, ayer mismo ya desaparecieron de la página web del PSOE, donde sólo figuran ya como miembros de la Ejecutiva Federal los 18 dirigentes que se mantienen fieles al secretario general.

Los díscolos ni siquiera tampoco pueden entrar en la sede. Ayer, el 'número tres' del PSOE se quejó de que, después de entregar el escrito con todas las firmas, no se le permitió acceder a su despacho para recoger sus objetos personales.

Este jueves, algunos de ellos han denunciado que sus despachos estaban cerrados con llave, tal y como han podido saber por algún compañero dentro de la organización.

La presidenta de la Mesa del Comité Federal del PSOE, Verónica Pérez, ha censurado que no se le haya permitido ir más allá de la entrada de la sede, donde ha esperado sin éxito durante dos horas que alguien de la Secretaría de Organización la recibiera para comenzar a preparar el Comité Federal del sábado.

Pérez ha llegado a Ferraz defendiendo que la "única autoridad" en el PSOE en este momento es ella, ya que los críticos consideran que con estas dimisiones la Ejecutiva debería estar disuelta y se tendría que poner en marcha una gestora. Sin embargo, la dirección, que defiende su legitimidad, no reconoce este papel a la dirigente sevillana.

Eso sí, fuentes de Ferraz han apuntado que el próximo sábado, lo lógico sea que Pérez presida de nuevo la Mesa del Comité Federal, como ha ocurrido en todas sus convocatorias desde el congreso extraordinario de julio de 2014.Los tres miembros de la Comisión de Garantías críticos con Sánchez emitirán un dictamen si no se les convoca

Los tres miembros de la Comisión de

Garantías críticos con Sánchez emitirán un

dictamen si no se les convoca

Los tres miembros de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE críticos con la dirección del partido han registrado este jueves un escrito en el que reclaman la convocatoria urgente de este órgano y han avisado de que si eso no se produce emitirán una opinión fundada en Derecho sobre la situación del partido tras la dimisión de la mayoría de su Ejecutiva.

Según el escrito registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, reclaman la convocatoria "en un plazo no superior a 24 horas" y en "sesión extraordinaria" de la comisión para que ésta resuelva como proceda sobre las peticiones que ha elevado la presidenta del Comité Federal, Verónica Pérez.

Cabe recordar que Pérez, que se considera la "única autoridad" del partido en este momento, ha solicitado este jueves la convocatoria de la misma para que debata e informe sobre la situación en la que queda el partido tras la dimisión mayoritaria de su Ejecutiva y lo que considera una interpretación errónea de los estatutos por parte de la dirección del partido.

Los tres díscolos --la consejera de Hacienda andaluza María Jesús Montero, la europarlamentaria Inés Ayala y el miembro del PSM Wilfredo Jurado-- que forman parte de ese órgano advierten de que si esa convocatoria no se produce, en el ejercicio de las "obligaciones ineludibles" que les atribuyen los estatutos, procederán a la emisión de una opinión fundada en Derecho, acerca de las cuestiones planteadas por la presidenta del Comité Federal, sin perjuicio de que --añaden-- posteriormente, y cuando esa Comisión de Garantías sea convocada, pueda ratificar tal opinión.

Los tres socialistas exponen en su escrito que esa Comisión de Garantías está configurada como un órgano "llamado a ejercer sus funciones con libertad, autoridad e independencia", tal y como recogen los estatutos del partido, y que entre sus competencias está "informar al Comité Federal de los litigios surgidos entre militantes, entre militantes y órganos del partido, y entre órganos del partido entre sí".

Así, reproducen que es el órgano de ámbito federal encargado en última instancia de garantizar los derechos de los afiliados y afiliadas y de que las actuaciones de los órganos de dirección del partido y de los afiliados y afiliadas se ajusten a los estatutos y reglamentos así como al Código Ético.

De la misma forma, en su relato señalan, citando los estatutos, que los miembros del Comité Federal pueden solicitar, para mejor cumplimiento de su trabajo, información escrita y concreta de cualquier órgano, servicio o departamento del partido.

"GRAVÍSIMOS ACONTECIMIENTOS" DE LA DIRECCIÓN

Los tres críticos recogen que ayer "diferentes militantes con altas responsabilidades en nuestra organización" protagonizaron "gravísimos acontecimientos expresados públicamente" y pusieron de manifiesto dudas sobre la interpretación de los estatutos y normas del partido.

Esa situación ha generado "obviamente" una "gran alarma" entre la militancia y en la opinión pública que afecta "gravemente" al funcionamiento ordinario del partido y a su imagen pública, por lo que los firmantes se dirigen a la presidenta de la Comisión Federal de Ética y Garantías, Isabel Celaá, para que ésta proceda a la convocatoria urgente en sesión extraordinaria de la comisión de modo que pueda dirimir sobre esos aspectos y, en su caso, emitir un informe.

Los tres críticos recuerdan que a su petición se une otra registrada por Pérez en el mismo sentido y reseñan, asimismo, que ésta no ha podido contactar con Celaá ni por teléfono ni a través del cauce normal habilitado, el correo electrónico, para abordar esta reclamación.

Por último, Montero, Ayala y Jurado censuran que en el comunicado que Celaá ha hecho público esta mañana no haya expresado su voluntad de proceder a la convocatoria "con la urgencia que merece la situación" ni antes de las reuniones convocadas para el próximo sábado reuniones que "precisamente han provocado la controversia jurídica sobre la que se nos ha solicitado pronunciamiento entre otras".

Los tres críticos concluyen subrayando que han "agotado todos los medios posibles y razonables" para cumplir con las obligaciones que los estatutos les otorgan como miembros de la Comisión Federal de Etica y Garantías.