La advertencia fue realizada también por su portavoces en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la carrera judicial que se celebró a última hora de este martes , donde los representantes de estas asociaciones -de la misiva se excluye la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- trasladaron la actual situación y amenazaron con acudir a la autoridad sanitaria y sustituir los servicios mínimos por teletrabajo en el caso de que no se atiendan sus demandas.

Recuerdan que el artículo 21.2 y 3 de la Ley de Prevención de Riesgos de Laborales reconoce el derecho al trabajador a interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud.

Según el documento remitido a la Comisión del CGPJ a cuyo frente se encuentra el presidente de este órgano, Carlos Lesmes, los requerimientos de medios de protección individuales y colectivos realizados tanto por este órgano como por los presidentes de los diferentes tribunales superiores de justicia "están quedando en meras formalidades carente de efectividad".

Así, consideran que las situaciones de riesgo de jueces que prestan los servicios esenciales fijados por el propio Consejo "persisten y se agravan a medida que se extiende la población infectada", máxime en órganos especialmente expuestos.

Por ello, reclaman al CGPJ coherencia entres sus instrucciones y las recomendaciones tanto nacionales como internacionales en materia preventiva y de contención del COVID-19.

Recuerdan que desde sus primeras reclamaciones, al inicio de esta crisis, poco se ha avanzado, por ello las tres asociaciones hacen suyo un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña por el titular del Juzgado Social 20 de Barcelona, Jesús Gómez, sobre una situación de flagrante incumplimiento por parte de los órganos de gobierno de la Carrera Judicial de sus obligaciones en materia de salud laboral.

Este juzgado ponía de manifiesto la inexistencia de cualquier equipo de protección (guantes, mascarilla, gel desinfectante) para la celebración de actos de conciliación y juicio oral en este órgano. Se da la circunstancia de que dos únicos magistrados están asumiendo las actuaciones procesales indispensables en los 35 Juzgados de lo Social de Barcelona durante la totalidad de esta semana.

Recuerdan que existe "riesgo cierto" de que los órganos judiciales y Registros Civiles se conviertan en focos de infección para los ciudadanos usuarios del servicio público de Justicia, a lo que se une que el CGPJ ha ordenado que no se procederá al cierre de ningún órgano judicial sea cual fuere su naturaleza, salvo disposición de la autoridad sanitaria competente.

"¿No será más razonable proveer de manera efectiva de medios de protección ante los riesgos de infección a que estos acontezcan y creen focos que justifiquen los cierres por la autoridad sanitaria?".

CASOS DE INFECCIÓN EN CATALUÑA, ÁVILA Y SEGOVIA

Mientas tanto se van dan dando casos de contagio de COVID-19, como el que se conoció ayer en los Juzgados de Instrucción nº4 de Lleida (juez infectado) y nº 5 de Tortosa (funcionario infectado).

Se acaba de tener noticia además del cierre provisional por acuerdo gubernativo de la Decana de las plantas donde están los Juzgados de lo Penal de Barcelona (edificio P de la Ciudad de la Justicia) por dos casos de COVID-19, en tanto se realiza limpieza sanitaria y se reciba la conformidad de las autoridades sanitarias. También se tiene noticia del cierre de dos Juzgados en Ávila y Segovia.

Por ello, concluyen que persistir la falta de medios es necesario evitar los riesgos del trabajo presencial para poder prestar los servicios mínimos y tutela de derechos a los ciudadanos sin riesgos innecesarios hacia jueces, personal de Justicia y ciudadanos en general, y proponer a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud la adopción del acuerdo de paralización de la actividad jurisdiccional.

QUEJAS TAMBIÉN ENTRE FISCALES

Por otro lado la portavoz de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en este colectivo, ha respondido en declaraciones a Europa Press a la carta que remitió este martes la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, recordando el compromiso de servicio público de todos ellos para no dejar desprotegidos a los colectivos más vulnerables durante el Estado de Alarma por la pandemia de coronavirus. Les recordaba también que ante la escasez de medios de autoprotección debían recordar que la prioridad es el personal sanitario.

Para Dexeus dicha carta no solventa en absoluto las necesidades de los fiscales que se encuentran de guardia. "Somos unos profesionales serios, que cumplimos nuestra obligación y estamos prestando un servicio a la ciudadanía con dedicación pese a las circunstancias, mucha de ellas con falta de medios de protección que se suman a la falta de medios desde tiempo inmemorial, con lugares de trabajo ignominiosos, ausencia de posibilidad de auténtico teletrabajo y dependiendo, en muchas de nuestras actuaciones, de otros profesionales, como son los jueces", ha señalado.

Por ello, por considerarse "profesionales rigurosos pero no irresponsables", los fiscales reclaman igualmente medios de protección tanto para ellos como para quienes ejercen sus funciones a su lado y para los ciudadanos a quienes sirven.