La Comisión Interasociativa, que agrupa a las principales asociaciones de jueces y fiscales del país, han anunciado para el próximo día 23 una concentración ante el Ministerio de Justicia y ha advertido que si no se atienden sus demandas estudian la convocatoria de una huelga en el sector.

   La Comisión -formada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia(JD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Asociación Profesional e Independiente de Fiscales(APIF) y Unión Progresista de Fiscales(UPF)- ha analizado este miércoles la propuesta del Ministerio que preside Alberto Ruiz-Gallardón sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

   En una primera reunión celebrada el pasado 2 de octubre, Gallardón y la Comisión abordaron el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Ministerio pretende llevar "próximamente" al Consejo de Ministros y que plantea reducir los permisos y la actuación de los jueces sustitutos para profesionalizar la Justicia. En aquel encuentro, el ministro  se comprometió a mantener 12 de los 18 días de permiso de la Carrera Judicial.    No obstante, en la reunión de la Comisión Interasociativa mantenida este miércoles, las asociaciones de jueces y fiscales han incidido en que las propuestas del Ministerio "se alejan" del contenido de la citada reunión y no se dan soluciones a "los verdaderos problemas de la Justicia", que pasan, dicen, por un Consejo General del Poder Judicial "claramente independiente y que mantenga sus competencias".  

  Por ello, reclaman la retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto Profesional de Jueces y Fiscales, así como la paralización de los Anteproyectos de Reforma del CGPJ.   

 Ante esta situación de "colapso" que vive la justicia actualmente, las asociaciones de jueces y fiscales también reclaman un incremento de la plantilla de ambos Cuerpos según las previsiones establecidas por el Consejo de Europa, el mantenimiento del presupuesto en materia de Justicia en "las previsiones del año 2013", y que no se establezcan tasas judiciales que impidan el acceso a la Justicia.  

 MEDIDAS DE PRESIÓN   

 La Comisión Interasociativa ha convocado una concentración de jueces y fiscales para el próximo día 23 de noviembre, al mediodía, en todas las capitales de provincia y que, en Madrid, se celebrará frente al Ministerio de Justicia para reclamar el cumplimiento de sus reivindicaciones. Además, no descarta adoptar otras medidas de presión como la huelga.

   Asimismo, las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado la ejecución inmediata de las medidas ya acordadas de autorregulación que se pondrán en marcha a partir del próximo día 2 de noviembre, fecha a partir de la cual las actuaciones judiciales y fiscales se ajustarán estrictamente a las horas de Audiencia.  

  La Comisión Asociativa, que explicará sus demandas en una rueda de prensa en próximo día 30, a las 12.00 horas en la sede del CGPJ, ha ofrecido igualmente su colaboración con los Decanos de los juzgados de toda España que se reunirán el próximo día 5 de noviembre para adoptar medidas conjuntas en beneficio de las carreras Judicial y Fiscal.

RECLAMAN INDEPENDENCIA JUDICIAL  

  Las asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su rechazo a "cualquier iniciativa tendente al debilitamiento del CGPJ" y su "desacuerdo más absoluto" con aquellos proyectos legislativos que impidan preservar y conservar la independencia del Poder Judicial.  

  En este sentido, han recordado que, según los informes oficiales del Consejo de Europa, los órganos judiciales españoles se encuentran junto con Turquía en los últimos puestos en relación con los medios materiales de que disponen y el número de Jueces y Fiscales por habitante, España se encuentra en los primeros puestos en cuanto a la carga de trabajo que soportamos, al existir una ratio de Jueces y Fiscales por habitante muy inferior a la media europea.

    Por ello y con el objetivo de evitar el colapso de la Justicia, han enfatizado que "no se puede únicamente establecerse unas tasas judiciales que limitan el libre acceso a la Justicia como Derecho constitucionalmente reconocido", ni se puede pretender "que los Jueces y Fiscales soportemos más carga de trabajo de la ahora soportada, estableciendo un sistema de sustituciones que no permite proporcionar a los ciudadanos una Justicia de calidad".