De esta forma, los sefardíes no tendrán que viajar a España ni pagar una tasa de 75 euros para obtener la nacionalidad española. Así lo plantea el PP que propone la modificación del artículo dos de la ley para que quede redactado como sigue: "Una vez presentada la solicitud, el interesado deberá comparecer en el plazo máximo de un mes, personalmente o a través de sus representantes legales, ante notario competente en España".

   En la redacción actual de la norma, se establece que el solicitante "concertará día y hora para la comparecencia ante notario competente para actuar en la localidad designada por el solicitante", mientras que en el texto propuesto por el grupo popular en el Congreso, se incluye el matiz de que el interesado no tiene porqué comparecer físicamente sino que puede presentar los documentos necesarios por medio de sus representantes legales.

   Asimismo, el PP plantea la supresión de la disposición adicional segunda recogida en el proyecto de ley, que ahora está en fase de enmiendas, en la que se recogía que el solicitante sefardí debería abonar el pago de una tasa de 75 euros.

   De esta forma, en el texto propuesto se elimina la referencia a dicha tasa, de la que, según precisa el PP, se hará cargo el propio Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles que son los responsables de la tramitación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia.

PRUEBA DE CULTURA E IDIOMA

   El grupo popular plantea mantener la prueba de cultura e idioma acreditada por el Instituto Cervantes y aclarar que se trata de dos evaluaciones distintas, una sobre lengua española --de la que estarán dispensados los solicitantes de países hispanohablantes-- y otra sobre conocimiento básico y compromiso del solicitante con los valores constitucionales.

   También proponen una nueva redacción del artículo 1 para separar los medios probatorios que acrediten la condición de sefardí de los medios para acreditar la especial vinculación con España e introducen un nuevo elemento: aportar un certificado de nacimiento debidamente legalizado o apostillado.

   Por otro lado, plantean modificar el artículo 2 de la ley para precisar que la tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónico --por medio de una única plataforma que será implementada por el Colegio de Registradores-- y que su instrucción corresponderá a los encargados del Registro Civil en España.

   Así, el grupo popular quiere "que tanto notarios como registradores participen en la tramitación de los expedientes de concesión de nacionalidad de acuerdo con las funciones que respectivamente tienen atribuidas en el ámbito de registro civil". Además, las enmiendas de este grupo plantean la reducción del plazo de resolución de las solicitudes de 18 a 12 meses.

   La propuesta de suprimir la obligación de que el solicitante se desplace a España para comparecer ante notario también aparece recogida en las enmiendas de la Izquierda Plural y CiU. Además, Izquierda Plural y Esquerra Republicana-Catalunya Sí rechazan que el procedimiento de solicitud de la nacionalidad se grave con una tasa.

MORISCOS Y SAHARAUIS

   Concretamente, el grupo Izquierda Plural propone una nueva redacción del artículo 1 de la norma para incluir en la obtención de nacionalidad a "moriscos, naturales de Sidi Ifni y del Sáhara". Con esta modificación, pretenden "subsanar el trato discriminatorio a los descendientes de moriscos" y el "reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática como un estado soberano, libre e independiente".

   Asimismo, Izquierda Plural plantea que el procedimiento de tramitación de los expedientes sea competencia del Registro Civil ya que considera que la atribución de la misma a los notarios supone "una privatización". "Resultaría mucho más lógico que esta tramitación se realizara ante el Consulado correspondiente de España en el extranjero, reforzando los servicios consulares que sean precisos", subraya.

   Mientras, UPyD propone, al igual que otros grupos, como el Grupo Parlamentario Vasco o CiU, eliminar la expresión "especial vinculación con España".

   Además, UPyD plantea eliminar la prueba de evaluación del Instituto Cervantes así como la acreditación de sefardí por la realización de estudios de historia y cultura españolas o por realizar actividades benéficas para instituciones españolas. Asimismo, el grupo liderado por Rosa Díez advierte de que "la documentación señalada en el proyecto de ley no garantiza la rigurosidad necesaria" y "podría degenerar en actuaciones fraudulentas para acceder a la nacionalidad española".

   El grupo socialista, por su parte, propone modificar el artículo 1 de la ley para añadir que podrán quedar dispensados de la prueba de conocimientos acreditada por el Instituto Cervantes no solo los interesados de países hispanohablantes sino también "los solicitantes que acrediten conocer el idioma ladino o hakeitia".