Si bien, ambos líderes sindicales sostienen que su objetivo es forzar al Gobierno a proponer un referéndum antes de convocar una huelga general.    En rueda de prensa tras reunirse con representantes de Equo, han explicado que la idea de los sindicatos es "mantener la visibilidad" del rechazo al decreto durante el mes de verano, cuando las movilizaciones no serán tan masivas como las de la pasada semana, con estas convocatorias que, han precisado, tendrán expresiones muy diversas.  

  El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha confirmado que, tal y como han acordado este martes todos los sindicatos de la función pública, se celebrará, una vez haya retornado la mayoría de los ciudadanos de vacaciones, una manifestación de apoyo a los funcionarios el 15 de septiembre. Sobre esta marcha, Méndez confió en que cuente "con un gran apoyo y pluralidad".  

  En paralelo a este calendario de movilizaciones, echará a andar una propuesta común con otras organizaciones sociales para organizar un referéndum, que ya puso sobre la mesa Equo durante las últimas elecciones generales.

   Así, mañana se celebrará una gran cumbre social, en la que se prevé dar determinar la manera de poner esta propuesta en conocimiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es quien tiene potestad para proponer un referéndum.

   Preguntados por si habrá reuniones con otras formaciones políticas para buscar más apoyos y lograr presionar al Gobierno, Toxo vio posible reunirse con el PP en verano, ya que estará "de guardia", pero reiteró que esos contactos deberán decidirse de acuerdo con el resto de organizaciones sociales. Además, al igual que Méndez, insistió en que si el Ejecutivo no da el paso de realizar una consulta popular ésta se organizará por otras vías.

EL REFERÉNDUM ANTES QUE LA HUELGA GENERAL.  

  Cuestionados por si los sindicatos prevén convocar una nueva huelga general tras el verano, Toxo ha señalado que "lo más sencillo sería convocarla", pero añadió que ello no sería sino "resumir el conflicto entre asalariados y el Gobierno", cuando el último decreto "afecta al conjunto de la sociedad". "Esto tiene que tener otras características", añadió.   

 Dicho esto, y aunque consideró que "es probable que el Gobierno se esté trabajando a fondo la huelga" y que la situación "invita a pensar que ese puede ser el desenlace", afirmó que "lo importante ahora es abrir el cauce del referéndum".  

  Así pues, los sindicatos prefieren centrar sus esfuerzos en lograr, de la mano del mayor número de organizaciones sociales, que Rajoy le de la palabra a la sociedad. "Las instituciones están siendo orilladas y se imponen otras como el BCE, no elegidas por la ciudadanía, con lo que los gobiernos se convierten en meros transmisores de esos centros reales de poder", aseguró Toxo, quien añadió que "por eso es tan importante dar la voz a ciudadanos".  

  Por su parte, Méndez enfatizó que "revitalizar la democracia e intentar ofrecerle a los ciudadanos un cauce para que puedan expresar lo que piensan se ha convertido en una tarea fundamental". "Estamos en una situación de especial trascendencia. ¿Por qué no se pregunta a la sociedad qué opina?", se preguntó.  

  Mientras, los portavoces de Equo Reyes Montiel y Juan López de Uralde mostraron su adhesión a los sindicatos para forzar una referéndum, así como la necesidad de exigir responsabilidades en el ámbito financiero.

   "Tenemos el derecho a participar en democracia de forma mucho más profunda y el referéndum es una herramienta en este sentido. Ojalá acabe triunfando", aseveró López de Uralde.

 RECURRIRÁN EL DECRETO.

   Por otro lado, Méndez avanzó que "hay más que indicios" de que el decreto de ajustes modifica leyes orgánicas que tienen que ver con derechos fundamentales, de rango superior, algo que no está permitido en la legislación vigente, por lo que los sindicatos lo llevarán a los tribunales.  

  Así pues, precisó que el decreto, que suprime liberados sindicales, atenta contra el derecho de libertad sindical, al tiempo que modifica unilateralmente las condiciones laborales de los funcionarios, sin tener en cuenta que los convenios tienen rango de ley.