La Memoria explica que, además del Tribunal de Cuentas, existen en 13 de las 17 CCAA órganos de control externo de la actividad económica y financiera del sector público en el ámbito autonómico y municipal, que concurren, de manera coordinada con el Tribunal de Cuentas en dicha actividad fiscalizadora.

   Sin embargo, el citada Memoria precisa que el funcionamiento en ambos casos es muy distinto, ya que la Fiscalía interviene en los informes que realiza el Tribunal de Cuentas antes de la aprobación por el Pleno, mientras que en el caso de los organismos fiscalizadores autonómicos, que denomina con el acrónimo de OCEx, la intervención del fiscal tiene lugar después de que el informe haya sido presentado ante la Asamblea Parlamentaria de la correspondiente comunidad autónoma.

   Este hecho plantea, según la Fiscalía, "problemas" en la relación con estos OCEx porque en ocasiones, concluyen sus trabajos sin apreciar responsabilidad contable alguna, mientras que la posterior intervención del Fiscal sí encuentra evidencias indiciarias de algún tipo de responsabilidad y pone en marcha el mecanismo correspondiente para su depuración.

   En esos casos, estos organismos autonómicos de control de cuentas se sienten "desautorizados" por la intervención de la Fiscalía, aunque ésta presente exclusivamente sus informes fiscalizadores ante el Tribunal de Cuentas estatal. Pero eso, alega el texto, no impide que los medios de comunicación se hagan eco de estas diferencias de criterio y los citados organismos fiscalizadores autonómicos intentan poner en cuestión la actuación de la Fiscalía, que según señala la Memoria, tiene un "soporte legal incontestable".

   Por ello, y dado que los informes de la Fiscalía se circunscriben a exigir responsabilidad contable, o incluso penal, los citados tribunales de cuentas autonómicos intentan "evitar la intervención de la Fiscalía". Sin embargo, asegura la Memoria, dicha pretensión "no ha tenido, hasta ahora, éxito alguno".

   En esta situación, la Fiscalía General del Estado propone que se prevea la intervención de la Fiscalía en la actividad fiscalidora de los OCEx antes de que se produzca la aprobación de los informes que realizan estos organismos.

   La Memoria anual recuerda que ya se propuso incluir estas competencias en las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia, pero creen que tal solución es "difícilmente aceptable" en estos tiempos por el "gasto que entraña", pero creen que si su implementación se lleva a cabo utilizando la figura del "Fiscal Delegado", en este caso de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en la Fiscalía de los TSJ, podría ser una solución al conflicto.

   Esto, precisa el texto, "siempre y cuando las CCAA modificasen la regulación de los procedimientos de fiscalización incluyendo la previsión del traslado del informe fiscal, antes de su aprobación, al Fiscal Delegado para que promoviera la exigencia de responsabilidad contable, lo que debería hacerse a través de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, ya que los organismos fiscalizadores de las CCAA carecen de competencias.

   Por el momento y para evitar influencia negativa en las relaciones entre la Fiscalía y los OCEx por discrepancias de criterio, se han firmado protocolos de actuación con la Cámara de Comptos de Navarra, la Sindicatura de Cuentas de Asturis, el Consejo de Cuentas de Castilla y León y con la Cámara de Cuentas de Andalucía y están pendientes de firmar con la Audiencia de Cuentas de Canarias y con la Sindicatura de Comptes de Valencia.

CASI 10 MILLONES DE EUROS, LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

  La Memoria Anual de 2014 también refleja un aumento de la actividad que la Sección de Enjuiciamiento desarrolló en los dos años anteriores, recuperándose prácticamente el número de 2011. Ello debe conectarse, según señala el texto, a la "renovación de personal" que integra la plantilla de la Fiscalía y cuya explicación consiste en que se han "afinado" los procedimientos de trabajo" de tal manera que se promueven procedimientos en sede jurisdiccional cuando en los informes se concretan perjuicios derivados de la gestión de caudales públicos.

   El importe total de las actas de liquidación provisional en las que se ha apreciado la existencia de "ilícitos contables" asciende a casi 10 millones de euros (9.523.643), de los que la mayoría son de entidades locales, que ascienden a 8.115.712 euros, mientras que de la Administración del Estado y de la Administración autonómica ascienden a 666.934 euros y 740.997 euros, respectivamente.