El reparto de cargos se formalizó en el Pleno del pasado 29 de enero y ya ese día el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces criticó que para la Comisión Permanente - que constituye el núcleo duro de la institución al contar con los únicos miembros de dedicación exclusiva- se hubiera renovado a todos sus miembros por un año más.

   La única novedad consistió  en cubrir el puesto vacante por la "renuncia forzada" de la vocal de CiU Mercé Pigem --tras descubrirse que entró desde Andorra con una importante cantidad de efectivo-- por la conservadora Nuria Abad en la Permanente.

   En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que pese a que seis vocales solicitaron la votación individualizada de la conformación de cada una de las Comisiones y que se contaba con tres candidaturas formales para la Permanente, Lesmes sometió únicamente su propuesta personal, "desconocida por el Pleno al no haber sido formulada previamente por escrito, incumpliendo así de forma clara lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo".

   Los críticos señalan ante la Sala Tercera del alto tribunal que el presidente del CGPJ -que lo es también del Supremo-, "haciendo caso omiso" a su propuesta, se negó a someter a votación las candidaturas formuladas y la composición individualizada de cada una de las Comisiones, vulnerando su derecho de participación, e "infringiendo la normativa orgánica que establece la preceptividad de la renovación de las comisiones que integran el CGPJ".

    "Consideramos que es fundamental que los procesos de decisión se ajusten a las normas legalmente previstas, ya que las mismas tienen como finalidad asegurar la participación y el pluralismo en el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial", señalan los vocales que firman la querella, que son María Victoria Cinto, Roser Bach, Concepción Sáez y Clara Martínez de Careaga.

   A su juicio, la forma de proceder de Lesmes "contraviene las más elementales normas de procedimiento y de conformación de la voluntad del Consejo como órgano colegiado".

   Añaden que los llamamientos de este sector "a la conformación dialogada y consensuada de las decisiones, a la toma en consideración de las opiniones discrepantes, al respeto a las minorías, se vienen desatendiendo sistemática y constantemente por la Presidencia del Consejo".

   Consideran que la decisión impugnada "es un eslabón más de toda una larga cadena de arbitrariedades que se sostienen en una estructura orgánica de tendencia marcadamente presidencialista, afianzada por el comportamiento institucional de su actual presidente, que quiebra el carácter colegiado del Consejo en su configuración constitucional, y compromete gravemente su funcionamiento democrático".

   Finalmente, manifiestan que los cauces institucionales internos se les han ido cerrando hasta conducirles a una situación "indeseada pero inevitable" que les aboca a recabar la tutela de los derechos que sienten  violentados por la vía jurisdiccional mediante este recurso.