La exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar ha afirmado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que ella no firmó los contratos con el presunto conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, pero estos fueron "absolutamente" legales, estuvieron fiscalizados por los interventores y obedecieron a servicios que fueron prestados, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

   Figar, que ha declarado durante una hora y 20 minutos, ha respondido a todas las preguntas formuladas por las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que le ha dejado en libertad sin medidas cautelares aunque mantiene su imputación por delitos de corrupción.

   En su comparecencia, la exconsejera madrileña ha defendido que se trata de contratos legítimos que contaron con la supervisión de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente, y que ningún órgano puso la más mínima objeción o reparo de legalidad.

   Figar no ha planteado ninguna cuestión procesal a su comparecencia puesto que su interés reside en facilitar la actividad del juzgado para resolver su situación en la mayor brevedad. Desde la Consejería de Educación, se ha remitido la documentación relacionada con esta investigación al juzgado y se continuará colaborando con lo requerido, según fuentes próximas a la exconsejera.

   Velasco investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, una de las empresas del presunto 'conseguidor' Alejandro De Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es'.

VICTORIA PIDE ANULAR SU COMPARECENCIA

   Por su parte, el juez ha pospuesto al próximo 20 de julio la declaración del exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid  Salvador Victoria, después de que este planteara que había sido citado cuando todavía era miembro del Gobierno regional y diputado autonómico y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

   El magistrado, que había señalado ambas declaraciones para este viernes, ha estimado oralmente las alegaciones presentadas por Victoria y ha anulado su comparecencia por la falta de competencia de su juzgado en el momento de la citación. En su declaración, que apenas ha durado unos minutos, las fiscales Anticorrupción han solicitado que la anulación de la citación se ponga por escrito, según informaron fuentes jurídicas.

   Victoria y Figar dimitieron de sus cargos el pasado 4 de junio, dos días después de conocerse su imputación en el procedimiento, en el que se investigan las adjudicaciones que sus respectivos departamentos realizaron al presunto conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro.

CONTRATOS CON EL PRESUNTO 'CONSEGUIDOR' DE LA

TRAMA

   Las diligencias judiciales, que permanecen secretas, vinculan a Victoria con tres supuestos pagos en negro por valor de 120.00 euros que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra que tendrían como destinatario a De Pedro.

   Los pagos habrían sido reclamados por el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, dependiente del departamento que dirigía Victoria. En su declaración como testigo, las representantes del Ministerio Público preguntaron al expresidente de Indra Francisco Javier Monzón si ICM solicitó a la compañía tres pagos en B por valor de 90.000, 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.

   El compareciente aseguró que no le constaban los dos primeros y que el responsable de Operaciones de Indra, Santiago Roura, imputado en la causa, le había trasladado que existía "una situación un poco desagradable", en referencia al último pago de 10.000 euros. Según su versión, Martínez Nicolás reclamó este dinero aunque nunca se llegó a pagar. A cambio, Indra le ofreció un trabajo a una de las empresas de De Pedro, según consta en la declaración.

   Monzón también aseguró no conocer a De Pedro "más allá" de haberle saludado "una vez" en un acto y añadió que nunca vio "ninguna irregularidad" en los contratos con la Comunidad de Madrid. En concreto, Indra realizó un contrato con EICO, una de las empresas de De Pedro, por un total de 12.000 euros.

"SIETE U OCHO CITAS" CON EL CONSEGUIDOR

   Además, una de las trabajadoras del entramado, Esther Gutiérrez, admitió durante su declaración ante el juez Velasco haber concertado a principios de 2014 entre "siete u ocho citas" entre De Pedro y Salvador Victoria. "Tenía que insistir varias veces y al final le recibía", dijo.

   Gutiérrez fue secretaria de dirección de una de las empresas vinculadas al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa (PSOE), imputado en el procedimiento y socio del supuesto 'conseguidor' de contratos de la trama Alejandro de Pedro.

   El Gobierno regional negó el pasado enero "categóricamente" que Victoria estuviera relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se referían al "seguimiento de informaciones 'online' y servicios de clipping" de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de todas las informaciones".

   En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".